Las principales empresas públicas están en pleno periodo de renovación. En las últimas semanas, el Gobierno ha nombrado nuevos presidentes en sociedades de la entidad de Correos, Navantia, Tragsa o la Agencia EFE, así como en sociedades que no controla pero de las que es el principal accionista individual, como Red Eléctrica. No obstante, a diferencia de lo que ocurre en esa última compañía –que presidirá el exministro Jordi Sevilla a cambio de más de 500.000 euros anuales–, los sueldos de las principales empresas controladas al menos en un 51% por el Estado están limitados, y sus presidentes cobran cantidades que como máximo rondan los 210.000 euros anuales.
La norma que limita las remuneraciones es el Real Decreto 451/2012, que establece la clasificación de las principales empresas públicas en tres grupos en función del nivel de financiación pública de la sociedad, su volumen de actividad o su número de trabajadores. Según establece dicha norma y la orden que la desarrolla, la retribución básica de los presidentes de estas compañías no podrá exceder los 105.000 euros en el caso de las empresas más grandes (Navantia o Correos), los 80.000 en las que pertenezcan al grupo 2 (la Agencia EFE o Hunosa) o los 55.000 euros en las del grupo 3 (como Mayasa o Saeca). A esa remuneración se le pueden sumar dos pluses que, como máximo, permiten que el sueldo base del alto cargo en cuestión se duplique, por lo que el salario máximo de un presidente de una empresa con participación mayoritaria del Estado puede ascender a 210.000 euros anuales.
15 de las empresas que el Estado controla mayoritariamente o en su totalidad están agrupadas en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), entre ellas grupos como Correos y Navantia. Además, otras empresas públicas potentes como AENA, Renfe, Paradores o Loterias y Apuestas del Estado también están participadas al 100% por el Estado. Y precisamente esta última es la que tiene un sueldo más generoso para su presidente: Jesús Huerta, ex director general de Presupuestos de la Junta de Andalucía, fue nombrado el pasado 25 de julio como máximo dirigente de la sociedad y se embolsará 214.221 euros anuales.
De entre las principales empresas públicas consultadas, solo hay otra cuyo presidente supere los 200.000 euros de sueldo: Enusa, la compañía encargada de la fabricación y el abastecimiento de combustible a las centrales nucleares. Para este puesto fue nombrado hace apenas unos días José Vicente Berlanga, que hasta ahora desempeñaba funciones de director general de la Fundación Deportiva Municipal de Valencia y es una persona próxima al ministro de Fomento, José Luis Ábalos. El salario de Berlanga será de 210.000 euros anuales, 105.000 como sueldo base y la misma cantidad en complementos.
Por su parte, las dos principales compañías de la SEPI, Correos y Navantia, también han sufrido un relevo en sus cúpulas en los últimos días. La primera será presidida por el ex jefe de gabinete de Pedro Sánchez, Juan Manuel Serrano, mientras la segunda tendrá como nueva máxima dirigente a Susana Sarriá, ex alto cargo de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Serrano percibirá un sueldo que, entre base y complementos, ascenderá a 191.052 euros anuales. Por su parte, es más complicado conocer la cantidad exacta que se embolsará Sarrià al frente de Navantia porque la empresa cambió de presidente a mediados de 2017 y no detalla a cuánto asciende el sueldo de un año completo para su máximo dirigente, pero la cuantía ronda los 190.000 euros.
Paradores, Renfe, AENA y Adif
Paradores es otra de las joyas de la corona del sector público que ha cambiado de presidente. En este caso, quien estará al frente de la compañía será el senador y ex número tres del PSOE, Óscar López, que –si no decide reducirse el sueldo y cobra lo mismo que su predecesora, Ángeles Alarcó, exesposa de Rodrigo Rato– percibirá un salario de 180.405 euros anuales. Se trata de una cantidad algo mayor de la que cobrará Isabel Pardo de Vera, nueva presidenta de Adif, que se embolsará anualmente 161.945 euros si su sueldo no cambia.
La empresa operadora de los aeropueros españoles, AENA, también tiene nuevo presidente: el exportavoz del PSC en el Parlament de Cataluña Maurici Lucena, que fue nombrado para el puesto hace unas semanas. Su salario, tomando como referencia el que cobró en 2017 el anterior presidente, Jaime García-Legaz, será de 162.903,87 euros anuales, prácticamente el mismo que el que percibirá el nuevo presidente de Renfe, Isaías Táboas, ex secretario de Estado de Transportes con José Blanco, que percibirá 161.998 euros cada año que esté al frente de la compañía de ferrocarriles.
Cetarsa y Hunosa –las empresas públicas que se dedican, respectivamente, a la producción de tabaco en rama y a la gestión de las minas asturianas– son otras de las compañías estatales que han sufrido una renovación en su cúpula. Sus nuevos presidentes son Juan Andrés Tovar (hasta ahora senador del PSOE por Cáceres) y Gregorio Rabanal (que ha pasado por diferentes puestos en los 24 años que lleva trabajando en Hunosa), y ambos percibirán sueldos muy similares: 162.039 euros anuales Tovar y 161.907 euros Rabanal.
Tragsa y EFE también cambian de presidente
Pedro Sánchez también ha colocado personas de su confianza en Tragsa –una de las principales empresas públicas, encargada de la ejecución de obras y servicios– y Saeca –que, con un tamaño mucho menor, se dedica a prestar dinero para proyectos relacionados con el sector primario–. El nuevo presidente de Tragsa es Jesús Sánchez, ex director general de Desarrollo Rural del Gobierno asturiano, y su homóloga en Saeca será María Luisa Faneca, hasta ahora responsable de Pesca del PSOE. En este caso, los sueldos son algo menores: Sánchez cobrará algo más de 140.000 euros anuales, mientras Faneca llegará a los 111.447, debido al menor tamaño de su empresa.
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La última gran empresa pública que ha experimentado un cambio de presidente en las últimas semanas es la Agencia EFE, que a partir de ahora dirigirá el periodista Fernando Garea tras recibir el beneplácito de todos los grupos parlamentarios del Congreso. En su nuevo puesto, Garea cobrará un total de 157.884 euros: 114.251 serán su sueldo base, y el resto (algo más de 43.600 euros) procederán de los complementos que le corresponden.
El resto de las principales empresas estatales no ha visto modificada su cúpula directiva en las últimas semanas, por lo que, al menos por ahora, seguirán operando con sus anteriores presidentes. De este grupo, es el máximo dirigente de Mercasa –la compañía que gestiona mercados mayoristas como Mercamadrid o Mercasevilla–, David Martínez, el que cobra un sueldo mayor: 163.133 euros anuales (el dato es de 2016, ya que la compañía no facilita ninguno más reciente). Cerca de esa cantidad está Eduardo González-Mesones, presidente de Ensa, una sociedad que fabrica componentes para centrales nucleares, con un salario de 160.000 euros al año. Por su parte, la presidenta de Sepides, Rosa María Mosulén, se embolsa 156.239 euros. Y su homólogo de Minas de Almadén y Arrayanes, Isidro Javier Zapata, cobra 142.484 euros al año.
Las dos compañías restantes de las que el Estado es accionista mayoritario y forman parte de la SEPI tienen presidentes con salarios inferiores. Cofivacasa, que se dedica a liquidar las sociedades públicas de las que el Gobierno quiere deshacerse, está presidida por Francisco Javier Loriente, que cobra 109.973 euros anuales. Y Faina Zurita, que dirige el Hipódromo de la Zarzuela, también de titularidad pública, se embolsa 108.581 euros al año.
Las principales empresas públicas están en pleno periodo de renovación. En las últimas semanas, el Gobierno ha nombrado nuevos presidentes en sociedades de la entidad de Correos, Navantia, Tragsa o la Agencia EFE, así como en sociedades que no controla pero de las que es el principal accionista individual, como Red Eléctrica. No obstante, a diferencia de lo que ocurre en esa última compañía –que presidirá el exministro Jordi Sevilla a cambio de más de 500.000 euros anuales–, los sueldos de las principales empresas controladas al menos en un 51% por el Estado están limitados, y sus presidentes cobran cantidades que como máximo rondan los 210.000 euros anuales.