10D: las ONG examinan la situación de los derechos humanos en 2016

Issa al-Hamid, uno de los miembros fundadores de la Asociación Saudí de Derechos Civiles y Políticos (ACPRA), siempre ha sido crítico con las violaciones de los derechos humanos en su país. En diferentes artículos publicados en Internet se ha pronunciado sobre el derecho a manifestarse, ha pedido al rey que ordene una investigación sobre los abusos del Ministerio del Interior saudí y ha puesto de manifiesto el acoso que esta cartera ejerce sobre las familias de los presos políticos. Unas opiniones que han motivado su detención y posterior condena: once años por, en palabras del tribunal que le juzgó, "incitación a perturbar el orden público", "insultos a la judicatura" o "creación de una organización no autorizada", en palabras del tribunal saudí.

Este sábado, tanto el caso de al-Hamid como el de la detención el pasado miércoles de Azza Soliman, fundadora de una ONG en Egipto dedicada a prevenir la violencia contra las mujeres, volverán a recordarse con motivo del Día de los Derechos Humanos, que se celebra cada 10 de diciembre para conmemorar la aprobación, hace 68 años, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Aunque ya han pasado casi siete décadas de aquella fecha histórica, las violaciones en esta materia continúan. En 2015, según el informe anual elaborado por Amnistía Internacional, se perpetraron crímenes de guerra en al menos 19 países y torturas o malos tratos en más de un centenar de Estados. Además, al menos 30 obligaron a refugiados a volver a países en los que corrían peligro.

Y 2016 ha sido, a ojos de Naciones Unidas, un año "desastroso" en esta materia. Según denunció el pasado jueves a través de un comunicado el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, "la presión sin precedentes" sobre las normas internacionales "amenaza con desenredar el conjunto único de protecciones establecido después del final de la Segunda Guerra Mundial". En este sentido, alertó de que "todo el mundo sufrirá" si la "creciente erosión" del sistema construido en base a los derechos humanos y el Estado de derecho "sigue cobrando impulso". Y criticó que muchos líderes internacionales no estén sabiendo "lidiar" con los problemas económicos y sociales, lo que facilita el impulso de "voces de sirena" que "explotan temores".

El aumento del discurso del odio

Con una crisis de refugiados todavía dando coletazos, y con el aumento de la extrema derecha en países como Reino Unido, Francia o Alemania, Lydia Vicente, directora adjunta de Rights International Spain (RIS), alerta, en conversación con infoLibre, de que los pilares "democráticos" sobre los que se construyó el proyecto europeo están "tambaleándose" por el aumento del "discurso del odio" al migrante, al que se está relacionando desde algunos sectores con el terrorismo. "Los derechos humanos, la solidaridad... Todo lo que habíamos ganado está en peligro", sostiene.

Una opinión que comparte Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España, que recuerda que esta crisis de refugiados tiene su origen en unos "conflictos armados cada vez más crueles y que tienen como objetivo a la población civil". En este sentido, Beltrán afea la "parálisis" de la comunidad internacional en el marco del Consejo General de las Naciones Unidas, un hecho que está permitiendo que estas guerras "se pudran". En este sentido, pone como ejemplo el caso sirio, un conflicto que, a estas alturas, ya ha costado la vida a cientos de miles de personas: "En esa guerra está participando la comunidad internacional, pero la legalidad internacional no está jugando ningún papel", afirma.

Pero, además, el director de Amnistía Internacional alerta de que las democracias "se parecen cada vez menos" a un sistema democrático. En primer lugar, dice, por la "limitación de la libertad de expresión, reunión y manifestación" que, según añade, afecta a la sociedad de 113 países. Pero también pone el foco en "leyes excepcionales" que se convierten en "permanentes" bajo la excusa del terrorismo y avisa de la "represión de la disidencia política". "Sobre todo de los defensores y defensoras de los derechos humanos", añade.

España: de la 'ley mordaza' a la tortura

Nuestro país recibió en julio del año pasado un buen tirón de orejas del Comité de Derechos Humanos de la ONU. Así, en el documento titulado Observaciones finales sobre el sexto informe periódico de España, Naciones Unidas mostraba hasta 26 "preocupaciones" por el incumplimiento de algunos aspectos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Desde la ONU pusieron el foco en temas como las expulsiones en caliente, el racismo, la violencia machista o la Ley de Seguridad Ciudadana.

Beltrán considera necesario revertir "las restricciones a la libertad de expresión, reunión y manifestación" derivadas de la aplicación de una ley mordaza que, en opinión de la directora de RIS, debe ser "modificada" para garantizar la protección de los derechos fundamentales. En relación con la libertad de expresión, ambos señalan que se están utilizando las medidas de lucha contra el terrorismo para "silenciar". Y ponen como ejemplo el caso de los dos titiriteros acusados de enaltecimiento del terrorismo.

Desde las dos ONG también ponen el foco en el incumplimiento de las recomendaciones de Naciones Unidas en materia de desapariciones forzadas. Ni se investigan los crímenes del franquismo ni se colabora con la jueza argentina María Servini. "Sigue sin haber justicia", lamenta Lydia Vicente, que también critica que el Código Penal todavía no recoja el delito de desaparición forzosa y que el Gobierno del PP haya quitado recursos a una Ley de Memoria Histórica que se ha convertido "en papel mojado".

Pero desde RIS tampoco se olvidan de lo poco que se ha avanzado en materia de tortura, un delito que, según lamenta la directora de la ONG, "sigue sin ser imprescriptible". El Tribunal Europeo de Derechos Humanos se ha pronunciado en seis ocasiones para condenar la falta de investigaciones rigurosas en los casos de torturas denunciados en España. "El TEDH está harto de repetir a nuestro país que tiene que adoptar una serie de medidas y recomendaciones", añade Lydia Vicente.

Violencia de género y migración

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Beltrán, por su parte, añade que el tema de la migración sigue siendo una de las asignaturas pendientes de España. "Apenas recibimos refugiados de manera organizada", critica. En este sentido, recuerda que Amnistía Internacional hizo público un informe a finales de noviembre en el que ponen de relieve hasta ocho tipos de irregularidades en el tratamiento a los inmigrantes en Ceuta y Melilla. Así, la ONG señala las expulsiones en caliente, los abusos policiales, el cierre de fronteras para las personas refugiadas con una nacionalidad distinta a la siria y las malas condiciones en los Centros de Estancia Temporal para Inmigrantes (CETI).

En este sentido, Lydia Vicente y el director de AI también muestran su preocupación sobre los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). Beltrán critica que existan estos "limbos" en los que se mete "en una especie de cárcel a personas que no han cometido ningún delito". "La restricción de la libertad es una medida extrema", sentencia.

Las dos organizaciones no quieren terminar la conversación con infoLibre sin poner sobre la palestra el tema de la desigualdad de género y la violencia machista. En lo que va de año, 40 mujeres en España, según datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a fecha del 25 de noviembre, han sido asesinadas. En este sentido, Beltrán lamenta las "restricciones presupuestarias" en esta materia y añade que "el ámbito de la violencia contra la mujer en España necesita una revisión".