El modelo de recuperación económica actual, basado en la devaluación salarial y la precarización, deja un 14,1% de población ocupada en riesgo de pobreza por situación laboral, es decir, más de dos millones y medio de personas con trabajo son pobres. Así lo señala CCOO en su informe El Sistema de Protección Social en España 2017.
El sindicato señala un cambio en la tendencia en la evolución de la tasa de pobreza. Antes de la crisis, todos los grupos en edad laboral presentaban un riesgo de depauperación inferior al de las personas en edad de jubilación, que solo tenían un índice inferior al de los menores de 16 años. Entre 2009 y 2015, los mayores de 65 han reducido a la mitad su tasa de riesgo y las personas que han tenido en los salarios y las prestaciones de desempleo sus principales fuentes de ingresos han experimentado el desarrollo inverso: los menores siguen en la principal posición de peligro, seguidos de los segmentos de 16 a 29 años, 30 a 44 y 45 a 64.
Una de las razones se debe a que la evolución de las pensiones durante la crisis ha sido mucho más estable que la de los salarios, de forma que, en el periodo entre 2009 y 2014, las primeras perdieron un 1,5% de poder adquisitivo frente al 8,2% de los salarios. Si se toma como referencia el inicio de los gobiernos del PP, los porcentajes de pérdida de poder de compra son del 3,2% en los salarios y del 0,95% en las pensiones.
En el informe aseguran que esta situación da cuenta de que “las pensiones públicas se han comportado como una garantía de rentas mucho más estable que los salarios y las prestaciones de desempleo”. Señalan que la cada vez mayor devaluación de la calidad del empleo ha acentuado este fenómeno de los “trabajadores pobres”, cuya situación se caracteriza por tener un empleo precario y sueldos muy bajos, además de por entrar y salir continuamente del mercado. “Las actuales estructuras de protección social (que no fueron diseñadas para esta realidad) no les garantizan una renta suficiente”, afirma CCOO.
Esta concentración del empobrecimiento en determinados colectivos –los afectados por el desempleo y la precariedad laboral– es un reflejo de la profundización de la desigualdad, que “amenaza con consolidarse en el tiempo”, advierte el informe.
Sistema de Rentas Mínimas de las CCAA: cobertura "meramente testimonial"
El Sistema de Rentas Mínimas puesto en marcha por las Comunidades Autónomas –programas que nacieron con el objetivo de garantizar una prestación económica, generalmente de último recurso, a personas que carecen de cualquier otro tipo de prestación– ha retomado el ritmo de crecimiento interrumpido con los recortes de 2012.
A pesar de esta mejora, el sistema “sigue siendo incapaz de proteger la laguna de atención que presenta el sistema de desempleo”, y existen grandes diferencias de cobertura, llegando en algunos territorios a ser “meramente testimonial”. Que este marco no sea lo “suficientemente sólido como para constituir una red de protección de último recurso adecuada” se debe a la dispersión territorial de criterios de acceso, a la diferencia de prestaciones y a su limitado presupuesto”.
Respecto al número de personas que reciben esta prestación, en el informe insisten en que no guarda relación con el tamaño de la población, sino por “la apuesta que cada uno de los gobiernos autonómicos”, de forma que casi el 25% de los beneficiarios son del País Vasco, seguidos a bastante distancia por Andalucía (16%), Madrid (9,2%), Cataluña (9,1%) y Asturias (6,2%).
"Luces, retrasos y recortes" en la aplicación de la Ley de Dependencia
Por su parte el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), si bien desde el sindicato reconocen que ha experimentado mejoras, aún está “lejos de alcanzar el nivel de cobertura que asegura la plena implantación y la intensidad y suficiencia de sus prestaciones” ya que sigue arrastrando los recortes impuestos en 2012.
CCOO dice que el coste de su ley de renta mínima podría reducirse a 8.409 millones
Entre los avances que se han conseguido está el hecho de que en 2017 ya sean más de 878.000 personas las que reciben una prestación efectiva de atención a la dependencia y que su implantación se haya consolidado en todo el territorio nacional sin excepción.
La lista de espera es el gran reto a solucionar. En la actualidad, del total de 1,3 millones de personas reconocidas con derecho a una prestación, más de 335.000 personas se encuentran a la espera de una prestación efectiva. Además, los tiempos de resolución de cada una de las gestiones administrativas son dilatadísimos: se mantiene de forma constante un volumen de más de 100.000 solicitudes que se encuentran pendientes de valoración.
La crisis económica que hemos sufrido en los últimos años, junto a los efectos derivados de las políticas de austeridad y recortes sociales, han intensificado las carencias de nuestro sistema de protección social, insisten desde CCOO.
El modelo de recuperación económica actual, basado en la devaluación salarial y la precarización, deja un 14,1% de población ocupada en riesgo de pobreza por situación laboral, es decir, más de dos millones y medio de personas con trabajo son pobres. Así lo señala CCOO en su informe El Sistema de Protección Social en España 2017.