El pasado jueves, el Ayuntamiento de Madrid anunció que a partir del año que viene impondrá una tasa a los cajeros automáticos que se utilicen desde la vía pública, una medida que afectará a más de 2.000 de estos aparatos. La medida, con la que el consistorio de la capital pretende recaudar unos 745.000 euros, ha sido criticada por PP y Ciudadanos: los primeros han asegurado que la banca podría reaccionar "empeorando el servicio o repercutiendo la tasa en sus clientes", mientras que los segundos han afirmado a modo de reproche que la medida es "ideológica" y que la "acabarán pagando los ciudadanos".
No obstante, Madrid no es precisamente una excepción a la hora de cobrar a los bancos por el uso que hacen del espacio público con sus cajeros. De hecho, hasta la aprobación de la medida para el año que viene, era más bien una excepción, ya que de las 19 ciudes más pobladas de España –excluyendo a la propia Madrid, que lidera esta tabla–, todas tienen una tasa de estas características, a excepción de Granada. La mayor parte de esos municipios, un total de nueve, están gobernados por el PSOE, aunque en otros dos el alcalde es del PP, en dos más del PNV, y en uno de Foro. Otros cuatro, por su parte, están gobernados por candidaturas municipalistas de la órbita de Podemos.
La tasa implantada por el Gobierno de Manuela Carmena establece unos cargos de entre 26 y 742 euros por cajero automático, en función de su ubicación. "Quieren ir contra los bancos y quienes acabarán pagando ese dinero serán los clientes", denunciaba este jueves el responsable de Transparencia del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Percival Manglano, que también tachó la medida de "ideológica". Pero el Ayuntamiento de Málaga, liderado su compañero de partido Francisco de la Torre desde el año 2000, establece en una ordenanza fiscal un cargo de "600 euros anuales por cada cajero que sea instalado en la fachada de establecimientos y que pueda manipularse desde la vía pública".
El malagueño no es el único consistorio encabezado por un alcalde conservador que tiene en vigor tasas a los cajeros automáticos. En Murcia, regida por José Ballesta (PP), los "cajeros automáticos cuya utilización deba realizarse directamente desde la vía pública" suponen para sus dueños el pago de una tasa de 105 o 300 euros, en función de su localización en la ciudad, mientras que en Gijón, cuya alcaldesa Carmen Moriyón milita en Foro Asturias, se cobran 125 euros a las entidades bancarias por cada uno de sus cajeros "adosados a edificios en los que su utilización implique un aprovechamiento especial de la vía pública".
Tampoco el PNV parece estar en la órbita ideológica de Carmena, pero no obstante los nacionalistas vascos aplican tasas a los cajeros automáticos a en Bilbao y Vitoria, las dos ciudades de Euskadi que se encuentran entre las 20 más pobladas de España. En la capital autonómica, los cajeros que dan a la calle están gravados con 354 euros por unidad, mientras que en Bilbao la tasa depende del espacio que ocupe el cajero en la calle.
Barcelona, Valencia, Sevilla y Zaragoza
Varios gobiernos municipales de signo progresista también aplican esta tasa. La ciudad más grande que lo hace, junto a Madrid a partir del año que viene, es Barcelona, que no obstante implementó el impuesto en 2013, cuando la gobernaba el conservador Xavier Trias (CDC). En el caso de la Ciudad Condal la cuantía que deben pagar los bancos varía entre 171 euros y 855 euros, en función de la ubicación del cajero, y fuentes del ayuntamiento explican que se recaudan unos 300.000 euros anuales con la medida.
Las tasas a los cajeros en Valencia –la tercera ciudad de España por población, que tiene como alcalde a Joan Ribó (Compromís)– son algo más altas, ya que se sitúan entre los 669 euros y los 787 euros anuales. Pero el impuesto no fue aprobado por Ribó, en el cargo desde 2015, sino que lo puso en marcha la anterior alcaldesa, la ahora senadora Rita Barberá (PP), que en 2013 aprobó la medida con los votos a favor de su partido y de Compromís. IU se abstuvo por considerar que la medida era "propagandística", mientras que el PSOE votó en contra por considerar que las tasas eran insuficientes.
De igual manera, en Sevilla, gobernada por el socialista Juan Espadas, se cobra una tasa a los bancos por sus cajeros automáticos. Pero, además, la capital andaluza es –de entre las 20 ciudades más pobladas– una de las que impone un gravamen más alto por este concepto: "por cada cajero y semestre", señala su ordenanza fiscal, Sevilla cobra entre 668 euros y 1.527 euros, lo que supone ingresar entre 1.336 euros y 3.054 euros anuales por cada máquina.
Zaragoza, gobernada por el alcalde Pedro Santisteve (Zaragoza en Común, la plataforma apoyada por Podemos e IU), también aplica esta tasa desde 2012, cuando era regidor el socialista Juan Belloch. Según explican fuentes del ayuntamiento, la recaudación anual del tributo –que, al igual que en el resto de ciudades, sólo afecta a los cajeros que dan a la vía pública– asciende a cerca de 120.000 euros.
Un mínimo de 26 euros en Las Palmas
La tasa a los cajeros automáticos que suponen una explotación de la vía pública también se aplica en las capitales canaria y balear, ambas gobernadas por el PSOE. En Palma de Mallorca, la cuantía del tributo varía entre los 417 euros y los 626 euros anuales, dependiendo de la ubicación del cajero, mientras que en Las Palmas de Gran Canaria la tasa es más reducida: los cajeros que suponen un coste mayor para los bancos están gravados con 430 euros al año, y los que más baratos salen a las entidades únicamente les suponen un coste de 26 euros anuales.
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Alicante –cuyo regidor es el socialista Gabriel Echávarri– también aplica la tasa, aunque es una de las más bajas de entre las 20 principales ciudades españolas: se mueve entre los 42 euros y los 140 euros anuales por cajero, en función de su localización. Por el contrario, en Elche –la vigesima ciudad de España por población, también situada en Alicante– la tasa es más alta, ya que asciende a los 621 euros anuales "por cada cajero automático anexo a las entidades financieras, instalado en la fachada u ocupando las aceras o vías públicas".
En la ciudad de Córdoba, cuya alcaldesa es Isabel Ambrosio (PSOE), la tasa máxima a los cajeros que oferten su servicio "en la vía pública, y las operaciones deban ejecutarse desde la misma" es similar a la ilicitana: 651 euros anuales por cajero. La mínima, sin embargo, es de 191 euros, y se aplica una u otra cantidad –hay hasta cinco tramos– en función de la calle en la que esté colocado el aparato. Valladolid, por su parte, cobra 299 euros a los bancos por cada uno de sus cajeros que se utilicen desde la vía pública, sin distinguir la ubicación.
A Coruña –entre 210 y 420 euros por cajero y año– y Vigo –entre 71 y 171 euros por cajero y año–, gobernadas respectivamente por Xulio Ferreiro (Marea Atlántica) y Abel Caballero (PSOE), también aplican estas tasas. Y de igual manera lo hace L'Hospitalet de Llobregat, la decimosexta ciudad de España por población, que no obstante no grava los aparatos por unidad, sino por el espacio que ocupan: cobra a los bancos 173 euros anuales por cada metro cuadrado.
El pasado jueves, el Ayuntamiento de Madrid anunció que a partir del año que viene impondrá una tasa a los cajeros automáticos que se utilicen desde la vía pública, una medida que afectará a más de 2.000 de estos aparatos. La medida, con la que el consistorio de la capital pretende recaudar unos 745.000 euros, ha sido criticada por PP y Ciudadanos: los primeros han asegurado que la banca podría reaccionar "empeorando el servicio o repercutiendo la tasa en sus clientes", mientras que los segundos han afirmado a modo de reproche que la medida es "ideológica" y que la "acabarán pagando los ciudadanos".