Los 2,5 millones del segundo 'caso mascarillas' apuntan a otra gran estafa que Almeida y su equipo no esclarecen

El caso Sinclair, la segunda supuesta gran estafa en la compra de material sanitario sufrida por el Ayuntamiento de Madrid en plena primera ola de la pandemia, continúa plagada de sombras. A la espera de que el Juzgado de Instrucción número 30 de Madrid decida si reabre o no la investigación tras las exclusivas publicadas por infoLibre, las incógnitas no paran de multiplicarse alrededor de esta operación de 2,5 millones de euros para la compra de medio millón de mascarillas con la consultora estadounidense Sinclair & Wilde. Unas dudas que, sin embargo, el consistorio de la capital se niega a aclarar. Mientras, Philippe Solomon, el empresario que se esconde tras la firma radicada en Delaware, trata de defender la legalidad de la transacción. Y dice no tener inconveniente en dar la cara: "No estoy en absoluto escondido".

Los agujeros negros alrededor de esta compra, que se suma a la que implica al aristócrata Luis Medina y el empresario Alberto Luceño, son diversos. Y afectan a varios aspectos relacionados con la millonaria operación. Por un lado, todo lo que tiene que ver con el papel jugado por una consultora radicada en España que hizo de intermediaria y su aparición por "error" en un listado de proveedores de material sanitario del Ayuntamiento. Por otro, todo lo que tiene que ver con el pago de las mascarillas que nunca pudieron llegar a utilizarse, que se abonó en su totalidad antes incluso de recibir la mercancía y a pesar de haber detectado ya algunas irregularidades. Cuestiones, todas ellas, que el equipo de José Luis Martínez-Almeida se niega a aclarar. "No hacemos declaraciones sobre asuntos judicializados", es lo único que dicen cuando se les cuestiona por el contrato.

Una consultora que aparece por "error" en un listado para la Fiscalía

Una de las claves del caso, destapada también por este diario, fue la mediación –en este contrato y en otra veintena más, según reconoció el consistorio– de una consultora: Aifos Servicios Legales y Consultoría SL. El 21 de marzo de 2020, el abogado Carlos Fernández-Pita reenvió al concejal del PP y presidente del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, Borja Fanjul Fernández-Pita, un correo electrónico –aportado al sumario del caso mascarillas– en el que la administradora de Aifos –Araceli Vida– ofrecía sus servicios para "buscar la mejor oferta de suministro" de productos sanitarios "entre las fábricas con las que solemos trabajar". Poco después, el propio Fanjul se lo rebotaba a Inmaculada Sanz Otero, presidenta de la funeraria municipal, la empresa a través de la cual se hicieron los contratos en los momentos más duros de la pandemia.

El 23 de enero de 2021, y en el marco de la investigación sobre Medina y Luceño, la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid manda a la Fiscalía Anticorrupción el listado de "las empresas suministradoras a este Ayuntamiento de material sanitario relacionado con el covid-19". En él, figura el pedido a Sinclair & Wilde Ltd. Pero también otro a Aifos Consultores, la firma que hizo de intermediaria. En este último caso, tiene fecha del 24 de marzo de 2020: un millón de "mascarillas quirúrgicas Turquía" por 500.000 euros. Una empresa que, sin embargo, no aparecía en otro listado "relativo a la totalidad de las operaciones" realizadas para "garantizar el suministro de materiales sanitarios" que la funeraria municipal había facilitado un mes antes al Ministerio Público.

Este diario no ha podido encontrar en todos los acuerdos de la Junta de Gobierno desde el comienzo de la pandemia, donde se ratifican las diferentes adjudicaciones, un solo contrato para Aifos Consultores. ¿Por qué aparece, entonces, vinculada de pronto a una operación para la compra de medio millón de mascarillas? A preguntas de infoLibre, el consistorio confirmó, tras 10 días de espera, que se trata de un error. Pero sigue negándose a revelar cuál fue la empresa que debería haber aparecido en la casilla asignada por equivocación a Aifos. Es decir, aquella que el 24 de marzo de 2020 recibió la adjudicación de un millón de mascarillas quirúrgicas de Turquía a 0,50 la unidad y por un importe total de 500.000 euros.

Previamente, fuentes municipales habían asegurado a El País que el listado de proveedores enviado a la Fiscalía Anticorrupción y donde aparece Aifos Consultores es "un documento interno" que "nada tiene que ver" con "los oficiales". Un papel al que quitan relevancia pero que fue entregado a la propia Fiscalía Anticorrupción en el marco de una investigación por una supuesta estafa. Ante la pregunta de infoLibre si realmente considera esa relación nominal como un documento interno y por tanto no oficial, portavoces del equipo de Almeida respondieron así: que en el escrito remitido al juez que investiga a Medina y Luceño este jueves el fiscal mantuvo que "tanto el ayuntamiento como la empresa funeraria siempre han dado respuesta a lo solicitado por él en la investigación". El fiscal recalca -agregan las fuentes municipales- que han "respondido puntualmente a todos los requerimientos formulados". Prosiguiendo con el caso de Medina y Luceño, los portavoces de comunicación remarcan que, según el juez, “el Ayuntamiento de Madrid debe tener la condición de perjudicado porque las altas comisiones de los investigados fueron ocultadas al mismo y esta ocultación supuso un perjuicio económico al Ayuntamiento”.  

Un "incumplimiento de contrato" que nadie explica

El 23 de marzo, dos días después del reenvío del correo de Aifos, el Ayuntamiento de Madrid acepta la compra del medio millón de cubrebocas FFP2 marca EKO a través de la consultora Sinclair&Wilde. Ese mismo día, hace la mitad del pago acordado: 1,25 millones de euros desde Bankinter con destino al Bank of America. Pero poco después comienzan a aparecer algunos problemas. Y eso lleva al consistorio de la capital a intentar dar marcha atrás. El 7 de abril, escriben un correo electrónico a la entidad bancaria solicitando "la retrocesión de la transferencia realizada". "Os adjunto el swift y el justificante de la misma", escribe Javier Ruiz Santiago, director Comercial y Financiero de la funeraria municipal, en un email dirigido a uno de los empleados de Bankinter que consta en el sumario de Medina y Luceño.

El motivo de la solicitud, continuaba, era "el incumplimiento del contrato por parte del proveedor". Según consta en el atestado policial que se mandó posteriormente a la justicia, se detectaron "determinadas irregularidades". Sin embargo, el informe no las detalla. ¿Tuvo algo que ver en ese incumplimiento al que se hace mención el retraso en la entrega de la mercancía, que había sido fijada en la factura proforma para el 27 de marzo? ¿O quizá el problema se encontraba en la falta de certificados? ¿Cuáles fueron, en concreto, esas irregularidades a las que hace referencia en su informe la Policía Municipal? Son preguntas que, por el momento, continúan sin ninguna respuesta oficial por parte del consistorio de la capital.

Un segundo pago antes de recibir la mercancía

Pero los problemas detectados no impidieron, ni mucho menos, que el consistorio continuara con el proceso de pago. Pocos días después de que se solicitara la retrocesión del primer abono, la funeraria municipal hace una segunda transferencia por el dinero que faltaba: 1,258 millones de euros –1,25 millones por lo que restaba y algo más de 8.000 euros en concepto de comisión por la transferencia–. El recibo bancario, adelantado por El País y al que ha tenido acceso infoLibre, tiene fecha del 14 de abril. Es decir, solo una semana después de que el consistorio detectara "determinadas irregularidades" que "pudieran dar al incumplimiento del contrato", el ayuntamiento de la capital completó el pago completo del encargo. A qué se refiere tal "incumplimiento" es otro misterio.

El consistorio hizo ese segundo pago, además, antes de que la mercancía llegase a la capital, cuando lo habitual para las administraciones por aquellas fechas tan complicadas era adelantar una parte cuando se hacía el pedido y abonar el resto tras la entrega. A pesar de que se esperaban en un primer momento para finales de marzo, las mascarillas de Sinclair & Wilde no llegaron a Madrid hasta finales de abril. El 23 de ese mes, 358 cartones con cubrebocas son despachados en la Aduana del aeropuerto de Barajas y recepcionados en el Pabellón de Cristal de la Casa de Campo, tal y como se encargó de certificar el director general de Emergencias y Protección Civil, Enrique López Ventura, el 30 de abril.

Cuatro días después de dicho certificado, el propio Ventura plantea una denuncia ante la Policía Municipal. Es 4 de mayo. Y algo no va bien con el material recibido. "Dicha mercancía, junto con los certificados aportados, han sido analizados por personal responsable y de apoyo del propio almacén, resultando que, si bien hay una apariencia de veracidad, existen indicios para presuponer que no se ajustan a los requisitos técnicos, ni a la normativa española ni a la europea". Un estudio de la Municipal coincide. ¿El resultado? Que resulta imposible dotar al personal de los Servicios de Emergencias y Protección Civil, a quienes iban destinadas, de las mascarillas.

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¿Por qué motivo se completó el pago a la consultora estadounidense a pesar de que se habían detectado "irregularidades"? ¿Por qué se hizo antes de que llegara la mercancía y se comprobara si se ajustaba o no a los requisitos de cantidad y calidad? De nuevo, impera el silencio. La pregunta de infoLibre sobre este punto quedó también sin respuesta.

Un Ayuntamiento que guarda silencio

A diferencia de lo que ha sucedido con la investigación que afecta a Medina y Luceño, en el caso de la compra a esta consultora el Ayuntamiento apenas ha ofrecido explicaciones. A lo largo de los últimos días, este diario se ha puesto en contacto en repetidas ocasiones con el consistorio de la capital intentando arrojar luz alrededor de toda esta operación. La última este mismo viernes. En concreto, se le han enviado hasta media docena de preguntas concretas sobre el caso Sinclair relacionadas con todos los puntos oscuros detallados anteriormente. Como queda expuesto en los párrafos anteriores, solo dio respuesta a algunas. Las que afectan a cuestiones clave siguen en espera.

Del mismo modo, el equipo de Almeida tampoco ha querido aclarar si la que fuera jefa de compras del Ayuntamiento de Madrid, Elena Collado, tenía el número de teléfono de Philippe Solomon, como afirmó el propio consultor en conversación con este diario, y si aportó dicha vía de contacto para tratar de localizar al empresario franco-israelí. Una y otra vez, la misma respuesta: "No hacemos declaraciones sobre asuntos judicializados".