El traslado de pacientes enfermos desde las residencias a los hospitales fue muy difícil o casi imposible en Cataluña durante ciertas semanas de marzo y abril. Lo han denunciado ante la Fiscalía familiares de residentes y los datos oficiales de la Generalitat que ha conseguido infoLibre lo certifican: 2.797 mayores murieron esos meses en un geriátrico catalán sin ser trasladados a un hospital, una cifra que equivale al 72% del total de residentes fallecidos en dicho periodo.
El Gobierno de Quim Torra (JuntsxCat) no ordenó por escrito la exclusión de los hospitales de aquellos residentes que tuvieran un cierto grado de discapacidad física o de demencia senil, como sí hizo el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso (PP) en Madrid, pero en la práctica se vetó la atención hospitalaria a personas que vivían en residencias catalanas.
En circunstancias normales, siempre hay un porcentaje de mayores que fallecen en los geriátricos donde viven. La derivación al hospital de pacientes con enfermedades crónicas avanzadas puede crear complicaciones por el simple traslado o no tiene sentido someterles a técnicas médicas invasivas como una intubación porque no sobrevivirían. En todo caso, debe ser una decisión médica que se adopta de forma individual teniendo en cuenta la situación clínica del enfermo. Pero lo que no ocurría antes de la pandemia es que ese porcentaje se situase en el 72% de todos los residentes fallecidos. O que en muchos centros más del 90% de los fallecimientos se produjese sin recibir atención hospitalaria.
Un periodista de infoLibre solicitó a la Generalitat a principios de mayo, acogiéndose a la Ley de Transparencia, información sobre el número de decesos producidos en las residencias de Cataluña entre el 1 de marzo y el 30 de abril, desglosados por centro e indicando si la muerte se había producido en el hospital o en la propia residencia.
En esos dos meses, como informó este periódico el lunes, murieron en Cataluña 3.891 residentes con covid-19 confirmado o con síntomas compatibles. Esa cifra no incluye a personas que fallecieran por cualquier otra causa. Y se refiere exclusivamente a las 976 residencias de mayores de la comunidad, sin contabilizar a los centros socio-sanitarios, una red intermedia que existe en Cataluña y que son instalaciones que están a medio camino entre el geriátrico y el hospital. Del total de decesos, 2.797 se produjeron en la propia residencia (71,9%) y 1.094 en el hospital (28,1%), según la información facilitada por la Generalitat vía Transparencia.
RESIDENCIAS SIN DERIVACIONES
infoLibre ha analizado los datos de todos aquellos centros que sufrieron diez o más muertes –142 en toda Cataluña– y una primera conclusión es que en 68 de ellos el número de derivaciones hospitalarias no llegó al 20% entre las personas que terminaron falleciendo.
Esa lista negra la encabezan seis geriátricos donde todas las víctimas perdieron la vida en el propio centro. El 100%. Son los siguientes: Ballús, en el municipio de Valls (Barcelona), donde hubo 23 decesos; Puig d’en Roca, en Girona, con 18 víctimas en un centro gestionado por la Generalitat; Collblanc Company Social, en Hospitalet de Llobregat, también con 18 decesos; Rocaprevera, en la localidad barcelonesa de Torelló, donde fallecieron 16 mayores; Vallès, en Sabadell, con 16 decesos, y Can Serra, en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), con 10 víctimas.
En total, 101 personas fallecidas y ni un solo traslado hospitalario.
En 21 centros, el 90% o más de las muertes se produjeron en las propias residencias. Ese grupo sumó 412 víctimas, de las sólo 31 ocurrieron tras un traslado hospitalario. Entre ellos hay dos gestionados por la Generalitat, en Santa Coloma de Gramenet (29 fallecidos en la residencia y tres en el hospital) y en Mataró (20/2), y otros cuatro explotados por alguno de los grupos más relevantes que operan en Cataluña: Los Olivos, en Barcelona y gestionado por Bastón de Oro (25/1); Amavir en Sant Cugat del Vallès (17/1); Hogar del Santo Cristo, en Igualada y que lleva la orden de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados (14/1), y el centro de L’Onada en Sant Fruitós de Bages (13/1).
A continuación se sitúan 41 geriátricos donde el 80% o más de los fallecimientos se produjeron sin previo traslado al hospital. En total se registraron 830 decesos, de ellos 709 en la propia residencia. Casi la mitad de estos centros están gestionados por alguno de los principales operadores del sector. Hay cuatro de Ballesol (Almogàvers, Fabra i Puig, Barberà y Badalona); cuatro de Mutuam (Font Florida, Mercat del Guinardó, Jaume Nualart y Vila-seca); tres de la Generalitat (Sant Llorenç Savall, Llar Sant Josep-Lleida y Gràcia); dos de Amavir (Vilanova y Horta); dos de Domusvi (La Salut y Claret); dos de Pere Mata (Jaume Batlle y Alchemika); uno de Eulen (Bertran Oriola); uno de Sanitas (Provença), y uno de Orpea (Ciutat Diagonal).
Hay otro dato que da una idea de lo extendida que estuvo esta situación de falta de derivaciones hospitalarias: de las 142 residencias con diez o más fallecidos, sólo en 15 el número de decesos en el propio geriátrico fue inferior al 50%.
Y, sin duda, llaman poderosamente la atención los datos en las 16 residencias que gestiona la Generalitat. De los 183 fallecimientos que se registraron en esos centros, sólo en 27 casos se llegó a producir un traslado previo al hospital (14,7% del total). La propia Administración catalana evitó de forma sistemática, por tanto, la derivación de enfermos a hospitales durante esos dos meses en los centros que gestionaba.
A continuación, infoLibre publica la lista con el número de fallecimientos en la residencia y en el hospital de los 142 geriátricos donde hubo un mínimo de diez víctimas con covid-19 o con síntomas compatibles con el virus.
El Protocolo y la denuncia escrita de un director
La versión oficial de la Generalitat es que jamás se dieron órdenes para impedir que los mayores con covid-19 fueran trasladados a los hospitales. Pero lo cierto es que en Cataluña se generó una gran polémica después de que se conociese la existencia de un Protocolo del Servicio de Emergencias Médicas (SEM), dependiente del departamento de Salud, en el que se recomendaba no ingresar en la UCI a determinados pacientes de más de 80 años con coronavirus. El documento lo publicó el 31 de marzo betevé, la televisión pública del Ayuntamiento de Barcelona.
En el Protocolo del SEM se admitía que “podía ser complejo” manejar exclusivamente en el domicilio o en residencias a pacientes con sospecha de covid-19 que tuvieran “insuficiencia respiratoria, cormobilidad de riesgo y deterioro general”. En estos casos, continuaba el texto, “cuando se observe la inutilidad de las medidas terapéuticas, se puede dejar al paciente en el domicilio siempre que se pueda asegurar con la red de atención primaria un seguimiento y cuidados paliativos. En caso contrario, se recomienda trasladar”. También es cierto que en el documento se decía expresamente que “el criterio médico de cada paciente prevalece sobre estas recomendaciones generales, siempre que sea razonado, argumentado y consensuado con el paciente y los familiares”. [Puedes consultar aquí el documento completo].
A mediados de junio, trascendió otro hecho que apuntala la idea de que los traslados al hospital fueron casi imposibles durante determinadas semanas en Cataluña. El programa Planta Baixa, de TV-3, difundió un mensaje del director de la residencia que la Generalitat gestiona en Santa Coloma de Gramenet. Cada noche, a las 23.00 horas, informaba a los familiares de la situación en el geriátrico. El comunicado que envió el 30 de marzo decía lo siguiente: “La dirección del centro ha puesto en conocimiento desde el primer momento al departamento de Salud la situación de aislamiento en la que se encuentran muchos residentes. Por ahora, y hasta hoy, el departamento de Salud se ha negado a cualquier derivación de casos positivos del centro a la red sanitaria, entendiendo que se encuentran bien atendidos en la residencia”. Una idea en la que insistía en el mensaje que trasladó el 6 de abril a los familiares: “Desde la dirección del centro continuamos creyendo que sería necesaria la derivación temporal de algunos de los usuarios más afectados a centros hospitalarios”.
Los datos que hoy publica infoLibre confirman esta denuncia. El Gobierno catalán contabiliza 32 fallecidos por covid-19 o con síntomas compatibles en la residencia de Santa Coloma de Gramenet. De ellos, admite que 29 fallecieron en el propio centro (el 90,6% del total) y tres en el hospital. El periodo de tiempo de estos datos incluye además todo abril y hay unanimidad en que a mediados de ese mes se reiniciaron los traslados a hospitales.
Este periódico ha intentado, sin éxito, conocer la versión del departamento de Salud de la Generalitat sobre la denuncia realizada por el director de un centro que ella misma gestiona, al ser uno de los 16 que son titularidad del Gobierno autonómico y de gestión pública.
Mensaje enviado a los familiares por el director de la residencia de Santa Coloma de Gramenet, el 30 de marzo.
LOS FAMILIARES VAN A LA FISCALÍA
Los familiares de residentes en 30 centros de Cataluña, agrupados en la Coordinadora de Residencias 5+1, han presentado una denuncia ante la Fiscalía para que se investigue lo ocurrido. Entienden que en algunos casos se han podido cometer hasta tres delitos: omisión del deber de socorro, homicidio imprudente y denegación de auxilio.
“En marzo fue prácticamente imposible hacer traslados de pacientes enfermos de residencias a hospitales. Se produjo una clara discriminación por edad. Y las residencias no tienen enfermería, no tienen asistencia sanitaria, no tienen equipamientos médicos. Así que dejar a los mayores en la residencia fue una condena de muerte y encima se morían sin atención”, explica a este periódico María José Carcelén, portavoz de la Coordinadora 5+1.
Carcelén sostiene que dos hechos llevaron a que la situación terminase cambiando: “A finales de marzo se publica en los medios el Protocolo del SEM, que habla de no trasladar a los residentes mayores de 80 años, y se monta un escándalo. Una semana más tarde, las competencias en las residencias pasan de Afers Socials a Salut, y eso también fue muy importante porque la gestión de Afers Socials fue lo peor de lo peor”.
Efectivamente, el 8 de abril asumió la gestión de las residencias el departamento de Sanidad, desplazando a Asuntos Sociales. Carcelén indica que eso permitió que “entrase en las residencias el personal de los Centros de Atención Primaria (CAP). Y lo que ven les deja impactados. Gente malnutrida, deshidratada. Hay que tener en cuenta además que en Barcelona y su entorno, la Atención Primaria está privatizada, la gestiona Mutuam”.
“Esos dos hechos, el escándalo por el Protocolo del SEM y que Salut asuma las competencias, hace que en el mes de abril ya se abra más la mano y empiecen a producirse derivaciones a los hospitales”, resume la portavoz de la coordinadora.
En la denuncia ante la Fiscalía detallan el sistema que impidió las derivaciones hospitalarias al menos durante tres semanas de marzo y abril, además de aportar documentación de centros concretos para probar su acusación. “También explicamos que no hubo EPIS para los trabajadores, no hubo test y las residencias se cerraron a cal y canto para que murieran dentro. Nosotros pedíamos que se sacara a los pacientes con covid a centros sociosanitaros o a hoteles medicalizados. No se hizo nada. No se valoró a las personas que vivían en las residencias en función de la patología, simplemente se impidió el traslado a los hospitales en función del lugar donde vivían”.
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Cinta Pascual, presidenta de la patronal catalana ACRA y de la española CEAPs, coincide en varios aspectos relevantes con el relato que hacen desde la Coordinadora de Residencias 5+1. Para empezar, en cuanto al momento en que se impidieron masivamente los traslados: “La última semana de marzo y la primera quincena de abril fue el periodo más importante en cuanto a las dificultades para realizar derivación hospitalaria”, explica.
También considera determinante el cambio de competencias entre las consejerías del Gobierno catalán: “El punto de inflexión de la pandemia se produce cuando el Departament de Salut asume las competencias en residencias. A partir de ese momento, la coordinación sociosanitaria pasa a ser mucho más fluida y los recursos sanitarios llegan a los centros”. En paralelo, añade Pascual, “los EPIS también se proveen de forma general y continuada, y los PCR van llegando gradualmente. No hay que olvidar tampoco las derivaciones a centros limpios y a espacios adaptados como clínicas privadas, hoteles y similares, actuaciones en las que ACRA participa y que sirven para ir aliviando la presión sobre el sistema sanitario”.
Por último, la presidenta de la patronal catalana afirma que no tiene datos sobre el número de traslados a hospitales que se realizaron en Cataluña: “No disponemos de datos oficiales ni propios de derivaciones hospitalarias. Somos conscientes de que el sistema sanitario no ha funcionado correctamente para con los mayores en residencias. En muchos casos ha habido demoras y desatención en las derivaciones, pero la vorágine del día a día hizo imposible un recuento fiable que permita tener datos que objetiven una percepción real de lo ocurrido”.