La Xunta de Galicia dio el visto bueno ambiental a un proyecto para la instalación de una macrogranja de producción de huevos camperos con capacidad para 216.000 gallinas ponedoras en una parroquia del Ayuntamiento de Curtis (A Coruña). En el mes de mayo, la Consellería de Medio Ambiente calificó la declaración de impacto ambiental (DIA) como positiva, aunque con condiciones, para una iniciativa de la que poco o nada se sabe en el municipio y entre los vecinos a pesar de sus imponentes dimensiones y capacidades.
"En el Ayuntamiento no se hizo trámite ninguno ni sabemos nada más allá del que publicó la prensa", reconoce a Praza.gal el alcalde de Curtis, Javier Caínzos, que sí recuerda una "consulta" que los impulsores del proyecto habían hecho "ya antes de la pandemia, en 2018 y 2019". "Tan sólo nos habían trasladado la intención de llevar a cabo una actividad en esa parcela, pero ni tan siquiera tenían claro que iba a ser ni tenían nada definido", añade.
Años después, Finca Bosqueval –empresa que promueve la granja– explica con detalle el plan, como se puede comprobar en la DIA de la Consellería, que considera "ambientalmente viable" el proyecto siempre que se establezcan medidas para evitar posibles vertidos que contaminen la gran cantidad de ríos, riachuelos y aguas subterráneas de la zona y que se reduzca al mínimo la contaminación atmosférica y acústica y el olor. Una iniciativa sobre la que ya advirtieron grupos ecologistas, sindicatos o el PSdeG, que instó la Xunta a "extremar las garantías ambientales" ante "una potencial bomba de relojería".
La explotación avícola se situaría en el Monte Estraviz, en la parroquia de Foxado, a menos de dos kilómetros en línea recta de la cárcel de Teixeiro y en la encrucijada donde se juntan las vías A-6, N-VI y N-634. Se levantaría en la cuenca del río Mandeo y en un terreno considerado suelo rústico de protección forestal.
La idea es que el complejo cuente con nueve naves con sus respectivas 24.000 plazas para gallinas ponedoras, hasta las 216.000 en total, y que en ellas se permita "la libre circulación" de los animales. Las gallinas llegan a la granja con unos tres meses de vida, tienen una vida productiva de 16 a 17 meses y luego son transportadas a un matadero para ser sacrificadas.
Además, se calcula que la granja generará 480 toneladas de estiércol al año por cada nave, 4.320 toneladas en total. Residuos que, según la empresa, recogerá dos veces por semana un servicio autorizado. La instalación tendrá un estercolero con capacidad mínima para acumular restos durante seis meses.
La Xunta dio el visto bueno ambiental al proyecto pero "condicionado a una serie de actuaciones". Así, Augas de Galicia advierte de que varios cursos fluviales pasan por la zona donde se prevé levantar la macrogranja, considerando imprescindible que se impermeabilicen de manera idónea los lugares de almacenamiento para evitar infiltraciones y la contaminación del agua.
Además, la Dirección General de Patrimonio Natural, en su informe, avisa de la fragmentación de hábitats y del efecto barrera que provocan unas instalaciones de esa dimensión. Advierte también del impacto sobre la red hidrográfica y reclama poner en marcha, como mínimo, tres pasos de fauna de por lo menos 30 metros de ancho. La presencia de hábitats de interés comunitario y naturales prioritarios obligan también a incluir medidas para preservar la vegetación de la zona.
Del mismo modo, desde la Xunta se insta a que se adopten planes para el control del ruido y la reducción de los olores, así como un plan de seguimiento y vigilancia ambiental y medidas para evitar la contaminación de las aguas. "El proyecto llama la atención por su magnitud, por su gran dimensión, pero a pesar de todo, aquí no se sabía nada, más allá de que hubo vecindario que vio algún movimiento en las parcelas", explica María Ferreiro, coordinadora del Sindicato Labrego Galego (SLG) en Curtis y vecina de la zona.
A la espera de saber más detalles, considera "un riesgo" la instalación de una macrogranja con una capacidad de gallinas "que no se ve en ninguna otra en Galicia". "El modelo en sí de explotación ya es negativo, pero hay que tener en cuenta las consecuencias que podría tener por la cantidad de residuos que produce y más en una zona de brañas como en la que está previsto instalarse", añade.
Desde el grupo parlamentario del PSdeG se instó a la Xunta a "extremar las garantías ambientales" ante la "potencial bomba de relojería ecológica" que supone la macrogranja. El diputado Pablo Arangüena registró una batería de iniciativas en el Parlamento en las que le reclama al Gobierno gallego que “aplique con rigor la legislación ambiental” en la tramitación administrativa y que considere, entre otras cuestiones, "la posibilidad de contaminación en el río Mandeo, que está integrado en la Red Natura 2000 –en una zona próxima a la instalación– y en los acuíferos de la zona, así como el aumento de las emisiones de amoniaco".
Además, el PSdeG recuerda que la directiva de hábitats de la UE establece el deber de que cualquier plan o proyecto que pueda afectar de forma apreciable a la Red Natura "se evalúe en cuanto a la posible afectación a sus espacios". Sin embargo, en este caso, dicen, “no se aprecia ningún tipo de análisis, ni siquiera consideración de esa afectación, en oposición a la normativa comunitaria”.
"La posibilidad de impacto sobre ese espacio de Red Natura es evidente, pero esta ni siquiera fue considerada en la DIA”, denuncia Arangüena, quien también apela al principio de “precaución y acción cautelar” que recoge la Ley de evaluación ambiental.
Control reforzado por su capacidad
Con la polémica de las macrogranjas a nivel estatal aún candente, el proyecto que se empieza a tramitar en la Xunta entra claramente en el grupo que abarca esa denominación que, sin ser oficial, considera macrogranja –en el caso de las aves de corral– aquellas explotaciones con más de 40.000 animales. En este caso, serían casi seis veces más.
De hecho, el PSdeG recuerda que la propia DIA establece que la macrogranja está afectada por la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, que refuerza el control ambiental sobre actividades que puedan implicar una especial carga contaminante. "Es el caso de las instalaciones dedicadas a la cría intensiva de aves de corral que tengan más de 40.000 plazas y aquí hablamos de un proyecto que multiplica por más de cinco el tope establecido por esa ley”.
Los trámites para su instalación, aún sin fecha, llegan solo unos meses después de que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) tumbara la autorización a una macrogranja para 48.000 gallinas en Rairiz de Veiga (Ourense) En la sentencia, la justicia anuló el informe de impacto ambiental con el que la Consellería de Medio Ambiente había autorizado en 2019 a la explotación a duplicar su capacidad de unos 23.000 a unos 48.000 animales.
El dictamen, además, dejaba en evidencia otra vez el control ambiental de la Xunta, que no solo no evaluó los impactos de esa ampliación en el vecindario, en las aguas o en las aves a pesar de estar en un espacio protegido por la Red Natura 2000, sino que tampoco tuvo en cuenta los efectos acumulativos de las numerosas explotaciones similares que hay en la comarca de A Limia ni el alcance de la contaminación agroganadera en la zona después de años de advertencias científicas.
En el Ayuntamiento de Curtis, mientras, esperan la que la tramitación llegue a la administración local. "Tendremos que comprobar que el proyecto tenga todos los permisos y autorizaciones necesarios y en regla y procederemos según la ley. Cualquier duda que tengamos, los impulsores serán requeridos para aclararlas", dice el alcalde, que prefiere no hacer aún más valoraciones sobre una explotación de la que dice "desconocer la realidad concreta". "Habrá que analizar la repercusión que pueda tener y las dimensiones reales porque la parcela elegida es muy grande", asegura.
Por el momento, la asociación ecologista Arco Iris ya anunció su "rechazo" a la macrogranja y advierte a Medio Ambiente de que tramitará "una queja formal ante la UE por vulneración de la Directiva 2016/2284, relativa a la reducción de las emisiones nacionales de determinados contaminantes atmosféricos.
Para la entidad, la entrada en funcionamiento de esta "bomba de relojería" supondría "la inmediata vulneración de los compromisos adquiridos por el Estado tras la aprobación de esta directiva". "Sería probablemente el primer caso en España en el que un proyecto regional pondría en peligro el cumplimiento de objetivos asumidos, lo que significaría sin duda ninguna la apertura de un expediente sancionador".
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En la DIA de la Consellería de Medio Ambiente se especifican las emisiones a la atmósfera como uno de los posibles impactos ambientales de la macrogranja. Así, sobre las medidas a tomar en cuanto a las emisiones de amoniaco y otros gases de efecto invernadero, la Xunta insta adoptar las "medidas basadas en el código marco de Buenas Prácticas Agrarias de la CEPE/ONU y en las mejores técnicas disponibles y sus actualizaciones" definidas en la normativa comunitaria, así como "emplear una estrategia nutricional y un planteamiento de pienso que permita reducir el contenido de proteína bruta de la alimentación y administrar una alimentación multifase dependiendo de los diferentes requisitos nutricionales, según la etapa productiva".
Además, se advierte de la necesidad de "retirar cada dos días los excrementos de las zonas exteriores de ejercicio de las gallinas" y reducir todo el posible el uso de combustibles fósiles, entre otras medidas.
Aquí puedes leer el texto en gallego
La Xunta de Galicia dio el visto bueno ambiental a un proyecto para la instalación de una macrogranja de producción de huevos camperos con capacidad para 216.000 gallinas ponedoras en una parroquia del Ayuntamiento de Curtis (A Coruña). En el mes de mayo, la Consellería de Medio Ambiente calificó la declaración de impacto ambiental (DIA) como positiva, aunque con condiciones, para una iniciativa de la que poco o nada se sabe en el municipio y entre los vecinos a pesar de sus imponentes dimensiones y capacidades.