Red Eléctrica de España (REE) sigue en el punto de mira cuando se analiza el fenómeno de las puertas giratorias. Tras el fichaje del ex director general de la Guardia Civil Arsenio Fernández de Mesa, que se incorporó al consejo de administración de la compañía apenas dos meses después de dejar ese cargo público, la empresa con participación pública anunció esta semana la incorporación de otro expolítico a su órgano de dirección. Se trata de Alberto Carbajo, que fue director general de Minas entre 1992 y 1995. Su perfil, no obstante, es mucho más técnico que el de Fernández de Mesa. Entre otros cargos ha sido directivo en la Corporación Unión Fenosa y fue consejero de la Comisión Nacional de la Energía (1995-2000). Carbajo ha sido propuesto por el consejo de administración de Red Eléctrica para sustituir a la exministra socialista de Sanidad Ángeles Amador, cuyo mandato caduca el próximo 31 de marzo tras doce años como consejera.
Más polémica ha despertado el fichaje indirecto del exministro del PSOE Jordi Sevilla por el BBVA, para que le asesore en el tema de las cláusulas suelo. Es una contratación indirecta porque se ha producido a través de la consultora Llorente & Cuenca, donde Sevilla ocupa el cargo de vicepresidente desde noviembre del año pasado. Pero lo cierto es que será el antiguo político quien asesore a la entidad financiera en un tema que el PSOE ha criticado con dureza, también en la etapa en la que Sevilla era el máximo responsable económico del partido.
Dirigentes de los partidos tradicionales, PP y PSOE, han sido los principales beneficiarios de este fenómeno de transición entre la política y la gran empresa. Según los datos recabados por infoLibre, 25 personas que en algún momento ocuparon cargos en la Administración a propuesta de socialistas o conservadores forman parte de los consejos de administración de 13 compañías que cotizan en el IBEX 35.
En total, los salarios de estas 25 personas ascendieron a 4,9 millones de euros en 2016, según datos extraídos por este periódico de los informes con las retribuciones de los diferentes consejos de administración presentados a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). No obstante, dos de esas compañías (Inditex e Indra) todavía no han presentado sus resultados acumulados del año pasado.
De estas 25 personas, 16 estuvieron vinculados al PP en su paso por la política y nueve, al PSOE. Por compañías, la gasística Enagás es la que cuenta con un mayor número de expolíticos de PP y PSOE sentados en su consejo de administración, son ocho en total. Entre ellos están las exministras del PP de Asuntos Exteriores y Medio Ambiente, Ana Palacio e Isabel Tocino, respectivamente. Le sigue REE –que está participada al 20% por la pública SEPI– con cinco expolíticos; y el Banco Santander, con tres.
Además, hay otras 11 personas que, tras ejercer algún tipo de servicio público, pasaron a ser contratadas por empresas del IBEX 35 o por sus filiales, aunque no están en sus consejos de administración. En estos casos, las compañías no tienen la obligación de facilitar al supervisor bursátil información sobre sus remuneraciones. Sus sueldos, por tanto, permanecen ocultos. En este grupo está, por ejemplo, el expresidente del Gobierno José María Aznar, que ejerce como "asesor externo" para Endesa desde 2011. Aquí los socialistas son mayoría: seis vinculados al PSOE frente a cinco del PP.
En total, por tanto, son 36 los ex altos cargos de PP y PSOE que cobran de las principales compañías cotizadas españolas.
ocho ministros
En el grupo de exministros conservadores destaca Isabel Tocino, que fue titular de Medio Ambiente durante la primera legislatura de Aznar (1996-2000), y que en 2016 se embolsó 581.000 euros por su pertenencia a los consejos de Enagás y Del Banco Santander. También Ángel Acebes, que ocupó la cartera de Interior de 2002 a 2004 y que desde 2012 se sienta en el consejo de Iberdrola, donde ganó 311.000 euros; Juan Carlos Aparicio, que fue responsable de Trabajo (2000-2002) y percibió 150.000 euros en Indra en 2015; o Ana Palacio, que fue la máxima responsables de Exteriores entre 2000 y 2004 y recibió 133.000 euros de Enagás en 2016.
Entre los socialistas está el extitular de Comercio y Turismo con Felipe González Javier Gómez-Navarro, que ganó 112.000 euros en Técnicas Reunidas. También la exministra de Sanidad entre 1993 y 1996 Ángeles Amador, que ganó 175.000 euros en REE, empresa de la que es consejera independiente desde 2005. Su cargo caduca en la próxima Junta General de Accionistas de la corporación, donde será relevada por Alberto Carbajo, que fue director general de Minas entre 1992 y 1995.
Por otro lado, Cristina Garmendia, la que fuera ministra de Ciencia e Innovación durante el segundo mandato de José Luis Rodríguez Zapatero (2008-2011), fue nombrada consejera de Gas Natural en marzo de 2015 con una remuneración que en 2016 alcanzó los 167.000 euros. Su designación se enmarcó dentro de una maniobra de renovación del órgano de control de la gasística, que supuso también la baja del expresidente del Gobierno socialista Felipe González, que meses antes había dicho que quería dejar el cargo porque era "muy aburrido", a pesar de que se embolsaba 127.000 euros anuales.
Los citados son los que han ocupado la responsabilidad de ministro de manera más o menos reciente. Hay más, aunque estos desarrollaron esta actividad en los primeros años de la democracia. Es el caso, por ejemplo, de Luis Carlos Croissier, ministro de Industria socialista entre 1986 y 1988, que en 2016 ganó 309.000 euros en Repsol.
cargos de la Administración
Entre los expolíticos de PP y PSOE que ahora se sientan en consejos de administración de compañías del IBEX 35 también es relevante la presencia de antiguos altos cargos públicos relacionados con la industria o los asuntos económicos. El más reciente es el caso de Belén Romana, expresidenta de la Sareb, el llamado banco malo, que se incorporó al Banco Santander el 22 de diciembre de 2015. Durante 2016 se embolsó 219.000 euros. Meses antes había dado un paso similar el que fuera secretario general de Industria entre 2012 y enero de 2014, Luis Valero Artola, que se incorporó a Enagás. En 2015 cobró de la gasística 127.000 euros.
Otros nombres destacados son el del que fuera secretario de Estado de Industria con el PP–entre 2002 y 2004– José Folgado, que en 2016 cobró 575.000 euros de REE; el de la exdirectora general de Política Energética y Minas con el PP entre 2000 y 2004 Carmen Becerril, que recibió 254.000 de Acciona; o el del que fuera director general de Energía con el PSOE en los noventa Ramón Pérez Simarro, que cobró 126.000 euros en Enagás.
Otros altos cargos que han ocupado puestos de relevancia en la Administración y que ahora están en consejos de compañías del IBEX 35 son José Fernando Sánchez-Junco (Ferrovial), que cobró 149.000 euros en 2016; y Guillermo de la Dehesa (Amadeus y Santander), que ganó 608.000 el año pasado por estar en la dirección de ambas compañías. Los dos estuvieron ligados a gobiernos del PSOE a finales de los ochenta.
También tienen asientos en los consejos de las principales empresas cotizadas los exparlamentarios María Teresa Costa Campi (diputada del PSOE entre 2000 y 2004 y presidente de la Comisión Nacional de la Energía de 2005 a 2011), ahora en Abertis, donde cobró 120.000 el año pasado; Santiago Lanzuela (diputado del PP entre 2000 y 2014 y exconsejero de Economía en Aragón), que se embolsó 175.000 en REE en 2016; Antonio Hernández Mancha, exdirigente de Alianza Popular y senador por el PP entre 1986 y 1989, ahora en Enagás, donde percibió 126.000 en el mismo período; y el exeurodiputado del PP Marcelino Oreja Arburua (2002-2004), que está también en Enagás, donde ganó 693.000 euros.
Completan la lista de antiguos responsables públicos con asientos en el IBEX 35 el alto comisionado para la Marca España, Carlos Espinosa de los Monteros, que ganó en 2015 un total de 227.000 euros en Inditex; el histórico del PP Gonzalo Solana, que fue nombrado presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia bajo el mandato de Aznar (2000-2005), y que cobró 127.000 euros en Enagás; Rosa Rodríguez Díaz, mano derecha del exministro Soria cuando este gobernaba en Canarias, que está también en Enagás, donde cobró 127.000 euros el año pasado; Adolfo Menéndez, subsecretario del Ministerio de Fomento entre 2000 y 2004, que tiene un asiento en el consejo de Indra por el que se embolsó 120.000 en 2015; y María José García Beato, directora general del gabinete del Ministro de Justicia (2000), que cobró 175.000 el año pasado en REE.
En los consejos de las principales empresas cotizadas se sientan también otras personalidades que desempeñaron responsabilidades públicas en los primeros años de democracia. infoLibre no las ha incluido en el cómputo total al tener en cuenta su dilatada trayectoria en el mundo de la empresa. Es el caso de Pablo Isla, presidente del grupo textil Inditex, que fue director general de Patrimonio del Estado en el Ministerio de Economía durante la primera legislatura de Aznar (1996-1998); de Javier de Paz, que fue director general de Comercio con el PSOE entre 1993 y 1993; o de Braulio Medel, viceconsejero de Economía de la Junta de Andalucía entre 1986 y 1991 y expresidente de Unicaja, que forma parte de los consejos de Acerinox e Iberdrola.
Otros puestos fuera del consejo
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Además, hay otras 11 personas que, tras ejercer algún tipo de servicio público, pasaron a ser contratadas por empresas del IBEX 35 o por sus filiales, aunque no están en sus consejos de administración. En este grupo está el citado José María Aznar. Y también cuatro exministros: los conservadores Pío Cabanillas, que es asesor externo de Acciona, y Eduardo Zaplana, que es adjunto al secretario general en Telefónica; y las socialistas Trinidad Jiménez, directora de un departamento del área de Asuntos Públicos también en Telefónica; y Elena Salgado, que es miembro del consejo de administración de Chilectra, la filial chilena de Endesa.
Otras cuatro personas que ocuparon cargos de responsabilidad en el ámbito público a propuesta del PSOE han pasado también a estar en nómina de empresas del IBEX 35. Es el caso del expresidente del Congreso entre 2004 y 2004, Manuel Marín, que preside la Fundación Iberdrola; de David Vegara, que fue secretario de Estado de Economía en los Gobiernos de Zapatero con Pedro Solbes, y que actualmente forma parte de la comisión ejecutiva del Banco Sabadell; del exportavoz del PSC en el Parlament Maurici Lucena, que ejerce de director de control financiero en esa misma entidad; y del exviceconsejero de Obras Públicas de Aragón Carlos Escó, que es director de relaciones institucionales del área Internacional de Telefónica. Escó está procesado en tres causas por cohecho y malversación de caudales públicos en su paso por el Ejecutivo aragonés.
También tienen puestos relevantes excargos vinculados al PP como la que fuera jefa de gabinete de la secretaría de Estado de Energía entre 2002 y 2005, Ana Cuevas Tello, que es actualmente directora de Asuntos Corporativos de REE; o Alfredo Timermans, el que fuera hombre de confianza de José María Aznar y su último secretario de Estado de Comunicación, que actualmente es responsable de la oficina de Telefónica en Nueva York.
Red Eléctrica de España (REE) sigue en el punto de mira cuando se analiza el fenómeno de las puertas giratorias. Tras el fichaje del ex director general de la Guardia Civil Arsenio Fernández de Mesa, que se incorporó al consejo de administración de la compañía apenas dos meses después de dejar ese cargo público, la empresa con participación pública anunció esta semana la incorporación de otro expolítico a su órgano de dirección. Se trata de Alberto Carbajo, que fue director general de Minas entre 1992 y 1995. Su perfil, no obstante, es mucho más técnico que el de Fernández de Mesa. Entre otros cargos ha sido directivo en la Corporación Unión Fenosa y fue consejero de la Comisión Nacional de la Energía (1995-2000). Carbajo ha sido propuesto por el consejo de administración de Red Eléctrica para sustituir a la exministra socialista de Sanidad Ángeles Amador, cuyo mandato caduca el próximo 31 de marzo tras doce años como consejera.