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Enero de 2013, publicación en el diario El País de los papeles de Bárcenas. Después, apertura de diligencias en la Audiencia Nacional que llevaron a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional a elaborar un informe al respecto. Al frente de estas pesquisas, el inspector Manuel Morocho, que acaba de revelar toda clase de "presiones" y maniobras de sus superiores para que borrara de ese informe los nombres de altos cargos del PP que aparecían en la documentación de la caja b que había elaborado el extesorero del partido. El policía, entonces, optó por incluirlos en un anexo que también entregó al juez instructor, entonces Pablo Ruz. En el informe principal apenas aparece el nombre del expresidente Mariano Rajoy; en el anexo, un total de 44 veces.
Este fue sólo uno de los numerosos ejemplos que Morocho relató al juez Manuel García Castellón esta misma semana dentro de una estrategia más parecida a obstaculizar la investigación de la caja b del PP que a facilitarla. Y detrás de estas maniobras, el inspector citó varios nombres, algunos de sus entonces jefes en la UDEF, incluido el comisario principal José Luis Olivera, quien había sido máximo responsable de la unidad policial. Estas revelaciones han llevado a la imputación de Olivera, a quien el magistrado que investiga la operación Kitchen sitúa como uno de los comisarios a quien el ex director adjunto operativo (DAO) Eugenio Pino habría encomendado en 2013 "el desarrollo de labores operativas para obtener" del chófer de la familia Bárcenas, Sergio Ríos, "información que les permitiera sustraer de algún lugar cerrado documentación comprometedora para el PP y para altos cargos del mismo". Las agendas del comisario jubilado José Manuel Villarejo revelan que previamente habría participado en una estrategia del PP para "salvar" en 2012 al extesorero en el caso Gürtel.
Primero había que "salvar al tesorero". Meses después se puso en marcha un "plan contra LB" (Luis Bárcenas), según los apuntes de Villarejo que llevaron a García Castellón a citar como testigo a Morocho. En más de tres horas de comparecencia, reveló la imposición de sus jefes para que no incluyera en el informe que debía entregar a Ruz los nombres de altos cargos del PP como Mariano Rajoy, María Dolores de Cospedal, Ángel Acebes o Javier Arenas: "Simplemente se puso que había personas vinculadas a la formación política, no se expresó quienes eran, no me dejaron que se pusiera". El inspector, según explicó, optó por incluirlos en el anexo V, un documento de 40 páginas titulado "Análisis correlacional con la documentación contable de la formación política", en el que figuran las anotaciones de Bárcenas con las entradas y salidas de dinero de la contabilidad b que manejó durante casi veinte años.
"Mariano se infiere que es Mariano Rajoy Brey"
En ese anexo, consultado por infoLibre, el nombre de Mariano Rajoy se repite un total de 44 veces, incluidas las alusiones que hizo Bárcenas y la explicación que dan los investigadores. Por ejemplo, el extesorero apuntó en una entrada "1º semestre Mariano" y a continuación, en la casilla de "salidas" anotó "12.600". Después, la UDEF recalcaba que “Mariano se infiere que es Mariano RAJOY BREY"Mariano. Así en todas las ocasiones en que el nombre del expresidente sale a relucir en los papeles de Bárcenas.
El informe data de 2013 y años después la caja b del PP ha sido acreditada por sentencias tanto de la Audiencia Nacional como del Tribunal Supremo, pero a día de hoy el expresidente del Gobierno sigue negando su existencia. Como Rajoy, también se desmarcan de los papeles de Bárcenas otros exdirigentespapeles de Bárcenas como José María Aznar, Cospedal, Arenas, Acebes o Álvarez-Cascos. Los tres últimos también aparecen en el anexo V: Arenas, un total de doce veces; Acebes, catorce, y Álvarez-Cascos, cinco.
"A mí se me conminó a que no pusiera en el cuerpo del informe ningún nombre de responsables políticos, concretamente se me expresó el nombre de Mariano Rajoy, no querían que apareciera en el cuerpo del informe su mención", aseguró Morocho al juez García Castellón en su declaración del pasado lunes en la Audiencia Nacional, a la que ha tenido acceso infoLibre de forma íntegra. De ahí que se decantara por incluirlos en el anexo: "Se trató de que en ningún momento estableciera una vinculación entre los pagos a dirigentes políticos del PP y esas salidas de fondos anotadas en esa contabilidad. Aspectos sustantivos que tuvimos que limar, buscar la manera en la que pudiéramos aportar esos resultados de una manera menos directa, pero sin permitir que dejaran que aflorar".
Pero no sólo eso. Se le "conminó" además a que "desvalorara los documentos que sacó El País" y que plasmara en sus informes la estrategia que estaba exponiendo el PP ante la opinión pública, que la única financiación del partido era la aportada al Tribunal de Cuentas y que los papeles de Bárcenas eran del extesorero, no del partidopapeles de Bárcenas. La misma maniobra que han desplegado en el reciente juicio por el pago en negro de la sede central del PP en la calle Génova tanto el abogado de la formación como los ex altos cargos que han comparecido como testigos. "Yo dije que no", explicó Morocho.
Eliminar la relación con el delito de cohecho
El informe tras la publicación de los papeles de Bárcenas es de los primeros que el equipo de Morocho ha elaborado en la causa sobre la caja b del PP que aún sigue instruyéndose en el Juzgado Central de Instrucción número 5 que ahora dirige Santiago Pedraz. En este marco, el magistrado tomará declaración al propio extesorero el próximo 16 de julio a raíz de que éste enviara un escrito hace pocos meses en el que aseguraba que Rajoy era "perfecto conocedor" de la contabilidad opaca. La caja se nutría, según Bárcenas y según sospechan también los investigadores, de donativos que procedían de "personas relacionadas con empresas beneficiarias de importantes adjudicaciones públicas".
En esta causa se investiga un posible delito de cohecho, pero en 2013 al inspector de la UDEF se le indicó por parte de sus superiores que "eliminara aquellos elementos que metodológica e indiciariamente pudieran relacionar las adjudicaciones de obras públicas a las empresas que aparecían como donantes".
La 'Kitchen' también espió a Bárcenas en Soto del Real para seguir la pista del audio que comprometía a Rajoy en la caja b
Debido a todas estas órdenes que iba recibiendo Morocho, el informe estuvo "más de veinte días" retenido en la UDEF sin poder entregarlo al juez Pablo Ruz. No obstante, éste estaba "permanentemente informado" de lo que ocurría y en todo momento le transmitió al inspector la directriz de que su trabajo "no podía ser sometido a cambios" que pretendieran modificar la "carga indiciaria", tan sólo que obedecieran a instrucciones técnicas". "Se me incidía sobre elementos nucleares de la investigación, pero yo no construyo cosas que no existen", afirmó el policía.
La intención en todo momento, concluyó Morocho ante la estupefacción del juez García Castellón por lo que estaba escuchando, era que "la autoridad judicial", esto es, la Audiencia Nacional, no tuviera conocimiento de los resultados de la investigación de la UDEF y así "le impidiera adoptar decisiones sobre los hechos". ¿Y quiénes le hacían todos estos requerimientos? "Toda la cadena de mando", que iba desde el comisario general de Policía Judicial José García Losada al que fuera jefe de la UDEF Manuel Vázquez y a sus superiores directos.
Las negativas del inspector a cumplir las indicaciones de sus superiores sobre este informe fueron reflejadas por el comisario jubilado José Manuel Villarejo en uno de sus cuadernos en los que apuntaba escrupulosamente encuentros, conversaciones o información que le llegaba. "Aviso de problemas sobre el último informe de MOROC", anotó el 29 de abril de 2013 tras, supuestamente, hablar con José Luis Ortiz, el entonces jefe de gabinete de Cospedal.
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