El código de buenas prácticas antidesahucios al que se han adherido más de noventa bancos y cajas desde marzo de 2012 tampoco está contribuyendo a paliar el drama de los que corren el riesgo de ser expulsados de sus viviendas por no poder hacer frente a sus hipotecas. Desde entonces y hasta finales del año pasado, según los datos difundidos este martes por el Ministerio de Economía, 14.384 familias en riesgo de exclusión buscaron con sus entidades flexibilizar los pagos hipotecarios o encontrar algún tipo de alternativa, pero sólo 1.008 (un 7%) consiguieron la dación en pago, es decir, que la entrega de la vivienda saldara la deuda. Un 20% (2.911 familias o personas) lograron reestructurar sus deudas. En total, sólo un 27% lograron algún tipo de pacto con su entidad.
Ada Colau, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), es tajante cuando se le pregunta su opinión sobre estas cifras. "Ya avisamos de que sería un fracaso, una tomadura de pelo. Lo que ha logrado es un efecto contrario, pues los bancos están usando este código como excusa para negociar menos y hacerlo sólo en los casos en los que el afectado se encuentra al borde de la exclusión", señala a infoLibre. Este medio intentó, sin éxito, conocer la versión de la Asociación Española de la Banca (AEB), la patronal de las entidades financieras.
El balance oficial que publica el Banco de España con datos de todos los bancos da la razón a Colau. Según datos de este organismo, entre enero y junio de 2013 hubo 11.348 entregas de la vivienda a cambio de saldar la deuda, lo que equivalía al 32,3% del total de desahucios. Esa cifra está por debajo del porcentaje del 35,7% registrado en el mismo periodo de 2012. "Muchas de esas daciones –explica Colau– se han conseguido por la presión de las plataformas que están luchando en todo el Estado contra esta situación de emergencia. Con menos medios hemos conseguido mucho más. A pesar de todo, los datos demuestran que el número de daciones va a la baja a pesar de que ese último periodo coincide con un momento de gran alarma social con protestas, escraches e incluso suicidios", asevera.
Los requisitos
La realidad es que cuando el Ministerio de Economía anunció la creación de este código, activistas antidesahucios como Colau ya advirtieron de que sería un fracaso porque la mayoría de las personas que corrían el peligro de ser desahuciadas se quedaban fuera de los requisitos marcados. La PAH cifró en el 95% los afectados que no cumplían con las condiciones del código. Aunque más tarde se suavizaron, entre los primeros requisitos para adherirse al código se incluía que todos los miembros de familia estuvieran en paro, que más del 60% de los ingresos familiares se dedicaran a pagar la hipoteca, que el precio de la vivienda fuera inferior a 200.000 euros o que sólo se tuviera una vivienda.
En mayo de 2013, recuerda Economía en una nota de prensa, se "flexibilizaron" y "ampliaron" las medidas de protección. Por ejemplo, se permitió a las familias con ingresos hasta tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) acogerse al código cuando antes debían carecer de rentas del trabajo y se redujo al 50% de los ingresos netos la cuota hipotecaria. Estos cambios, explican desde el departamento que dirige Luis de Guindos, han provocado que las solicitudes que llegaron en el último trimestre del año pasado (4.523) superaran todas las recibidas en el primer año en vigor del código de marzo de 2012 a marzo de 2013. Además, estos datos indican "una clara aceleración" de solicitudes durante todo 2013, ya que se ha más que duplicado el número de peticiones respecto de las registradas en el primer trimestre, que fueron 1.967, ha añadido.
Para la PAH, sin embargo, sigue sin ser suficiente. "El código establece unos requisitos muy restrictivos y deja la dación como la última opción. De esta forma lo que se está haciendo es canalizar los procesos hacia una refinanciación de la deuda que sólo interesa a la banca", dice Colau. Pero, ¿cómo se produce esta situación? "Los bancos acceden a algún tipo de rebaja que retrasa el momento en que el afectado deja de pagar y así mejoran sus índices de morosidad. En ese tiempo la deuda crece y lo que ocurre es que las familias acaban debiendo más dinero. Ahora estamos viendo muchos casos de ejecuciones de hipotecas reestructuradas en los primeros años de la crisis", añade.
Las cifras facilitadas por Economía también evidencian que los requisitos influyen. De hecho, de las 14.384 solicitudes, 6.278 no pasaron la criba. Es decir, un 43%. Además, hubo 1.277 afectados que desistieron por decisión propia del procedimiento. Si se tienen en cuenta sólo las solicitudes aceptadas el porcentaje de afectados que accedieron a la dación se incrementa. Fueron 1.008 de 6.879. Es decir, un 14%. Además, cuando acabó 2013 había todavía 2.780 peticiones pendientes de estudio.
La dación en pago con caracter retroactivo, junto a la reclamación de un parque público con viviendas destinadas al alquiler social y una moratoria para los desahucios son los ejes en los que la PAH ha basado su apuesta reivindicativa. De hecho, estas propuestas formaban parte de una iniciativa legislativa popular (IL) avalada por 1,5 millones de firmas y que fue rechazada en el Congreso con los votos en contra del Partido Popular.
La Embajada de Ecuador logra casi 300 daciones en pago para sus ciudadanos
Fondo social de viviendas
Al escaso éxito del código de buenas prácticas se une también el fracaso del fondo de vivienda social, que el Gobierno anunció en noviembre de 2012 abrumado por la presión y la conmoción social provocada por dos suicidios recientes relacionados con desahucios. Con los datos actualizados, tras más de un año en funcionamiento, sólo el 4,5% de los 5.891 pisos vacíos que aportaron los bancos están ocupados. Aunque según datos del Ministerio de Economía se ha accedido a dar una vivienda en alquiler a 615 familias, por el momento sólo hay 270 contratos de arrendamiento firmados.
Ni las entidades financieras –que aportaron al fondo 5.891 pisos vacíos que se quedaron fuera del banco malo– ni los trabajadores de servicios sociales ni los activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca creen que esté sirviendo para algo. Aunque, claro está, unos y otros critican su utilidad desde diferentes perspectivas. Los bancos creen que desde el Ejecutivo "no hay mucha voluntad" de sentarse a negociar para que funcione mejor y aseguran que llevan tiempo reclamando una nueva convocatoria de la comisión de seguimiento que no acaba de llegar. Los trabajadores sociales y activistas dicen que las características de los pisos y los criterios de acceso a los mismos están dificultando el desarrollo del plan.
El código de buenas prácticas antidesahucios al que se han adherido más de noventa bancos y cajas desde marzo de 2012 tampoco está contribuyendo a paliar el drama de los que corren el riesgo de ser expulsados de sus viviendas por no poder hacer frente a sus hipotecas. Desde entonces y hasta finales del año pasado, según los datos difundidos este martes por el Ministerio de Economía, 14.384 familias en riesgo de exclusión buscaron con sus entidades flexibilizar los pagos hipotecarios o encontrar algún tipo de alternativa, pero sólo 1.008 (un 7%) consiguieron la dación en pago, es decir, que la entrega de la vivienda saldara la deuda. Un 20% (2.911 familias o personas) lograron reestructurar sus deudas. En total, sólo un 27% lograron algún tipo de pacto con su entidad.