El proyecto de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), enviado este viernes a Las Cortes tras su aprobación en el Consejo de Ministros, incluye varias modificaciones de calado en el actual marco en vigor, la LOE, aprobada en 2006 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Antes de su tramitación parlamentaria, la séptima reforma educativa de la democracia prevé, entre otras cuestiones, que la asignatura de Religión cuente para la nota media por primera vez desde la LOGSE, una de las reivindicaciones históricas de la Conferencia Episcopal; mantiene con un ligero matiz respecto a su borrador los conciertos a las escuelas que segregan por sexo y establece tres evaluaciones externas, una suerte de reválidas –en los casos de ESO y Bachillerato– que, según algunos expertos, provocará una "perversión del sistema" porque más que los currículos, lo que marcará lo que se enseña en las aulas serán esas evaluaciones.
Además de los citados, los siguientes son algunos de los puntos clave del proyecto analizados por reputados sociólogos, expertos en didáctica y legislación educativa:
1. la religión sale reforzada y se elimina ciudadanía
El proyecto de la LOMCE incluye Religión como una materia más que computará para la media igual que lo hará su alternativa –que se llamará Valores Culturales y Sociales en Primaria y Valores Éticos en Secundaria–. Esta es una de las sorpresas que reservaba la polémica 'ley Wert' y supone la aceptación de una de las reivindicaciones históricas de la Conferencia Episcopal. Al mismo tiempo, la futura ley suprime Educación para la Ciudadanía. La eliminación de esta materia es para Carmen Rodríguez, profesora de Didáctica de la Universidad de Málaga, la evidencia de que el PP no cree en "valores sociales éticos o cívicos como la democracia o el pluralismo".
Si no hay cambios en la tramitación parlamentaria, Religión "será evaluable pero no será objeto de evaluaciones nacionales", según afirmó el titular de Educación, José Ignacio Wert. Hasta el momento sí era evaluable, si bien no era computable para la media que permite el acceso a la universidad o a becas y ayudas. Su calificación sí aparecía en el expediente y también contaba para repetir curso. De esta forma, el Ejecutivo hace caso a medias al órgano consultivo del Estado que criticó la desaparición de cualquier traza de asignaturas "de formación ético-cívica" y pidió una materia "obligatoria" en este sentido al considerar que Valores no era suficiente para sustituirla porque los alumnos tendrían que elegir. Al hacer que ambas no sean excluyentes no hay tal disyuntiva.
Aunque con más o menos obstinación, todos los expertos consultados coinciden en que esta modificación es un "paso atrás". "Es un exceso total. Lo razonable sería sacar todo elemento confesional de la escuela", analiza Julio Carabaña, catedrático de Sociología de la Facultad de Educación de la Complutense.
2. Justificación de la reforma
Para justificar la reforma, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría desplegó una batería de indicadores "negativos". Entre ellos, una tasa de paro juvenil del 57% o el hecho de que el 23,7% de los jóvenes españoles de entre 15 y 29 años ni estudia ni trabaja, un porcentaje sólo superado por Israel, según sus palabras. A su juicio, estas malas cifras se han producido a pesar de que "la inversión en educación está muy por encima de la media de la OCDE y Unión Europea". Según explicó, España destina 10.094 dólares al año de gasto público por cada alumno en la educación pública, un 21% más que la OCDE y la UE.
Como remedio a estos malos datos, Sáenz de Santamaría aludió a la apuesta por los conocimientos instrumentales; la flexibilización de los itinerarios o la incorporación de las pruebas de evaluación externa. Sin embargo, expertos críticos recuerdan que esta ley llega en un contexto de duros recortes –más de 6.700 millones desde 2010– y ante un panorama futuro todavía más oscuro, pues la previsión del Gobierno es reducir la inversión pública en educación desde el 4,9% del PIB en 2010 al 3,9% en 2015. "Estos datos, que no se puede negar que son muy malos, son consecuencia de la falta de tejido industrial, de las escasas oportunidades que existen para la creación de empleo o de la exigua inversión en educación", cree Jurjo Torres, catedrático de Didáctica y Organización Escolar en la Universidade da Coruña. "Es absurdo querer hacer más con menos", añade Rodríguez.
3. adelanto en la elección de Itinerarios
El texto aprobado por el Gobierno este viernes también pasa de puntillas por los cambios en los itinerarios que adelantan la elección de alternativas diferentes a la Secundaria. Ha sido uno de los aspectos más criticados por su concepción segregadora, pues plantea separar a los alumnos a los 15 años en función de lo que quieran estudiar. En cuarto de ESO los alumnos tendrán que elegir entre una vía académica y otra profesional. Es lo que el Gobierno define como "flexibilización de la trayectorias". Sindicatos y organizaciones en defensa de la educación pública como Soy Pública consideran, sin embargo, que esta medida tiene como objetivo "segregar a los alumnos" y "no aspira al éxito de todo el alumnado".
Carabaña, sin embargo, cree que el adelantamiento en la elección de itinerarios no va a introducir diferencias notables en el sistema. A su juicio, la diversificación de las trayectorias es una práctica que se ha permitido desde la LOGSE -vigente desde 1990-. Sólo será positivo, a su juicio, si permite que aquellos estudiantes que antes eran "expulsados" del sistema tras no lograr el título puedan permanecer a través de otras vías. Los sectores críticos temen que ocurra todo lo contrario, que los alumnos con más dificultades acaben dejando las aulas y bajen así las tasas de fracaso escolar.
4. pruebas externas
Otra de las líneas generales que mantiene el texto aprobado este viernes son las reválidas que el Ejecutivo define como "pruebas de evaluación a nivel nacional en puntos críticos de cada etapa educativa". Si tras la tramitación parlamentaria este aspecto no cambia los alumnos realizarán su primera prueba cuando acaben sexto de Primaria. Aunque esta no tendrá carácter eliminatorio sí constará en el expediente. La segunda prueba, que tendrá lugar en cuarto de ESO, sí tiene cadrácter excluyente y contará un 30% frente al 70% del total de la Secundaria. Si el alumno no aprueba, no podrá obtener el Graduado Escolar. Se eliminará la actual Selectividad, el criterio de acceso a cada universidad será definido por cada centro y para obtener el título de Bachiller también será necesaria la superación de una nueva "reválida".
La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), en cuyo patronato figuran algunas de las mayores empresas y bancos españoles, sí es partidaria de este método de calificación. En un texto titulado "Manifiesto para mejorar el rendimiento del sector educativo en España" que suscriben decenas de sus miembros, el colectivo de economistas señala que "al final de la educación primaria y secundaria deberían existir pruebas estandarizadas cuyos resultados tengan consecuencias académicas, incluyendo mayores posibilidades de elección de centros y programas especiales para los alumnos con mejores resultados".
Docentes como Rodríguez o Torres creen que esta medida provocará una "perversión del sistema" porque más que los currículos, lo que marcará lo que se enseña en las aulas serán esas evaluaciones. Carabaña, por otro lado, advierte del "peligro" de orientar las enseñanza hacia esas pruebas, si bien cree que pueden tener de positivo el hecho de que se acabe con la situación actual, en la que un título similar se concede por criterios muy dispares según donde se estudie.
5. modificaciones en el Currículo
Un aspecto que tampoco ha cambiado es el reparto de competencias entre el Ejecutivo y las Comunidades para fijar los contenidos curriculares. El Gobierno central fijará el 100% de los temas de asignaturas como Matemáticas, Lengua y Literatura castellanas o Ciencias Sociales y Naturales. En la ESO, además, esa normativa afecta a la materia Geografía e Historia, con lo que la Historia propia de cada autonomía quedaría fuera de la obligatoriedad. Si el proyecto se aprueba finalmente en los términos que se conocen, el Gobierno fijará el currículo básico del 55% del horario escolar en las comunidades con lengua cooficial y un 65% en las que no la tienen. "Los contenidos de las materias troncales estarán indicados y evaluados desde fuera de las autonomías. Es proceso de recentralización brutal", estima el catedrático Torres. Julio Carabaña, catedrático de Sociología de la Facultad de Educación, cree, sin embargo, que esta modificación es consecuencia de "una disputa política que no tiene nada ver con la calidad de la enseñanza. Tiene que ver con la disputa de que si las escuelas de ciertas comunidades sirven al independentismo o al nacionalismo español".
El proyecto también establece el "refuerzo en todas las etapas" del "aprendizaje de materias instrumentales" como Lengua o Matemáticas. Asociaciones como Soy Pública denuncian que, con esta medida, lo que se pretende es "eliminar asignaturas más creativas" como música y artes plásticas. En la misma línea, José Gimeno Sacristán, catedrático de Didáctica de la Universidad de Valencia, considera un "error" que materias de tipo expresivo vayan a "perder terreno" tal y como recoge la futura norma. "Educar no es sólo enseñar y enseñar no es sólo impartir Lengua y Matemáticas", subraya.
Carabaña, por su parte, cree que "no tiene utilidad" dedicar más esfuerzos a las llamadas materias instrumentales. A su juicio, en las escuelas sí se debería intensificar la enseñanza de lenguas extranjeras o economía.
6. Autonomía de los centros
El refuerzo a la autonomía de los centros está basado, según los críticos, en la competencia entre ellos. De hecho, la "rendición de cuentas" es un concepto al que aludieron tanto la vicepresidenta del Gobierno como el ministro en la presentación del proyecto. Los críticos con la LOMCE censuran que este proyecto da un poder "desmedido" al director para elegir al profesorado y "suprime" las competencias del Consejo Escolar al considerarlo sólo un órgano consultivo que pierde toda su capacidad para decidir sobre los proyectos educativos, los presupuestos o los procesos de admisión de alumnos.
Sin embargo, colectivos como Fedea sí han defendido tesis similares a las que expone la futura ley. "Los profesionales deben ver recompensados los resultados conseguidos por sus alumnos tanto para lograr su acreditación profesional como para su progresión profesional posterior. Los directores de centro deben tener mayor independencia para configurar sus plantillas y sus estrategias docentes, de nuevo, siempre sujetos a la verificación externa de los resultados conseguidos", puede leerse en su manifiesto sobre el sector educativo en España.
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7. blindaje para la segregación por sexo
El Gobierno ha introducido en la ley una cláusula por la que los centros educativos que segregan por sexo que soliciten financiación pública tendrán que justificar que su modelo es tan aceptable como el mixto. El Consejo de Estado, en un informe no vinculante, había reclamado que se exigiera "una justificación objetiva y razonable de la excepción general de la coeducación", a la vez que imponía a los centros medidas académicas a favor de la igualdad.
Esta modificación, encaminada a satisfacer las recomendaciones del órgano consultivo del Estado, también ha sido muy criticado por los docentes agrupados en el Foro de Sevilla, un grupo de docentes opositores a la LOMCE de todo el país, que consideran que "la escolarización conjunta proporciona una socialización positiva e irrenunciable en una sociedad todavía marcada por la desigualdad de género".
El proyecto de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), enviado este viernes a Las Cortes tras su aprobación en el Consejo de Ministros, incluye varias modificaciones de calado en el actual marco en vigor, la LOE, aprobada en 2006 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Antes de su tramitación parlamentaria, la séptima reforma educativa de la democracia prevé, entre otras cuestiones, que la asignatura de Religión cuente para la nota media por primera vez desde la LOGSE, una de las reivindicaciones históricas de la Conferencia Episcopal; mantiene con un ligero matiz respecto a su borrador los conciertos a las escuelas que segregan por sexo y establece tres evaluaciones externas, una suerte de reválidas –en los casos de ESO y Bachillerato– que, según algunos expertos, provocará una "perversión del sistema" porque más que los currículos, lo que marcará lo que se enseña en las aulas serán esas evaluaciones.