La última mujer asesinada a manos de su pareja perdió la vida este lunes en el municipio madrileño de Loeches. Dejó, tras ser asesinada, a dos hijos menores de edad. No existían denuncias previas. La víctima se suma así a las 580 mujeres que perdieron la vida desde 2006 –año desde el que existen datos relativos a las denuncias– sin haber presentado una denuncia contra sus maltratadores. El 73,6% del total. En lo que va de año, sólo una de las trece mujeres asesinadas tomó la decisión de denunciar.
El paso de denunciar conlleva un peso no siempre asumible para las víctimas de violencia. Juristas y expertas en género llevan años insistiendo en la necesidad de trabajar sobre incentivos y mecanismos que favorezcan el acceso de las mujeres al sistema judicial. Las estadísticas muestran un avance progresivo en el número de denuncias desde 2014 que, no obstante, ha encallado en el último curso. En el año 2018 se registraron 166.961 denuncias en los juzgados de violencia sobre la mujer, de acuerdo a los últimos datos vertidos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La diferencia respecto al año anterior es nimia: en 2017 fueron contabilizadas 166.263. Un aumento de sólo el 0,4%. El crecimiento respecto al número de denuncias, que hasta ahora había acelerado año tras año, se ralentiza en el último balance.
A este dato se suma un descenso en cuanto a las denuncias presentadas directamente por la víctima en el juzgado: en el año 2018 éstas disminuyeron un 21,9% respecto al periodo anterior. En paralelo, aumentaron durante 2018 los casos en los que la víctima opta por la renuncia, es decir, cuando la mujer se acoge a la dispensa a la obligación de declarar como testigo. El crecimiento fue del 5,4%. Todos estos aspectos dibujan un panorama que las expertas miran con inquietud y que les lleva a detenerse en la todavía dominante desconfianza de las víctimas en las instituciones.
"Cada día creen menos"
Consuelo Abril es abogada de familia y especialista en violencia sobre la mujer. Al otro lado del teléfono se muestra taxativa: "Las mujeres cada día creen menos en la protección que ofrece la justicia". A su entender, el problema principal tiene que ver con que la valoración de riesgo esté, esencialmente, en manos de las fuerzas policiales. Un cuerpo, matiza, que "no está a la altura porque no tiene formación suficiente". Valorar el riesgo de una mujer que sufre malos tratos, relata, debe estar en manos de "personas especializadas" capaces de percibir unos matices que ni la propia víctima entrevé.
Este escenario, considera la letrada, "desanima muchísimo a las mujeres, no hay elementos para que ellas se sientan protegidas". Algo que está necesariamente ligado a la realidad que ellas perciben: existen "casos paradigmáticos como el de Juana Rivas", cita, "que disuaden a las mujeres". En este punto se detiene también la abogada penalista y especialista en prevención de violencia machista Carla Vall. La respuesta judicial, dice, está "marcada por casos paradigmáticos que han servido para aleccionar en clave de género", lo que "desincentiva la renuncia". Es importante en ese sentido "hacer llegar los mensajes de los que sí salen bien", sugiere.
Ocurre, además, que "en muchas ocasiones los delitos más graves son los que menos se denuncian", precisamente porque "la voluntad de la víctima está más anulada". Sumado a este prisma criminológico, sucede también que cuanto más grave es el delito, "más fácil que denuncien terceras personas". En este sentido la letrada celebra el incremento que sí han experimentado este tipo de denuncias durante el curso anterior: las denuncias presentadas directamente por familiares aumentaron un 73% entre 2017 y 2018.
A la hora de entender las trabas en el acceso al sistema judicial, Vall lo tiene claro: "La victimización secundaria y un proceso de cuestionamiento muy grave". Pero además, critica, apenas existen "recursos económicos en la toma de medidas", algo indispensable para garantizar resultados. Las casas de acogida "están desbordadas" y los recursos brillan por su ausencia, lamenta la abogada. El proceso de denuncia "debe ir acompañado de recursos" materiales que asfalten el camino para acompañar y acoger a las mujeres y "a toda su estructura familiar de modo inmediato". Pero además es importante tener en cuenta, repara, otras "situaciones que interaccionan con la violencia", como ocurre con las víctimas extranjeras o con diversidad funcional. Casos en los que "muy difícilmente el Estado puede sustituir a la comunidad".
La credibilidad de la víctima en los casos de violencia machista se fortalece en los tribunales
La vicepresidenta de la Asociación Themis Mujeres Juristas, Altamira Gonzalo, coincide en el diagnóstico. "Hay una bolsa de violencia muy grande que no se denuncia", afirma, y señala además una novedad propia de los últimos meses: "Las campañas de los partidos de extrema derecha atemorizan a algunas mujeres y las disuaden de denunciar con resultado de muerte", sostiene.
Ante tal coyuntura, cree fundamental asumir el reto de "conseguir que las mujeres que están en esa situación confíen en las instituciones, en la justicia, puedan pedir ayuda y les sea prestada de manera eficaz". Alcanzar la fórmula para dar con una solución no admite ecuaciones simplistas, pero sí existen pistas para mejorar el panorama. "Poner en marcha las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y que la administración de la justicia se plantee muy seriamente hacer que las mujeres confíen y acudan a pedir ayuda", comenta Gonzalo, aun admitiendo que "esa transformación es lenta". Abril pone como ejemplo positivo una iniciativa que anunció el agosto pasado la Generalitat Valenciana junto al Ministerio del Interior: la primera comisaría especializada en violencia de género, que abrirá sus puertas en dos semanas.
La abogada María Naredo, directora general de prevención y atención frente a la violencia machista en el Ayuntamiento de Madrid, termina la reflexión con un añadido: el abordaje de la violencia cuando no existe denuncia. Y recuerda la importancia de situar la mirada no sólo sobre el sistema judicial, sino sobre otras instancias públicas. La última víctima mortal, recuerda, tenía hijos que iban a la escuela y ella misma acudía previsiblemente al sistema sanitario. "El Estado no son sólo los jueces y la Policía", de manera que se hace fundamental "seguir reforzando la detección temprana de la violencia no denunciada" en todos los terrenos, tanto el escolar, como los servicios sociales o el sistema sanitario.
La última mujer asesinada a manos de su pareja perdió la vida este lunes en el municipio madrileño de Loeches. Dejó, tras ser asesinada, a dos hijos menores de edad. No existían denuncias previas. La víctima se suma así a las 580 mujeres que perdieron la vida desde 2006 –año desde el que existen datos relativos a las denuncias– sin haber presentado una denuncia contra sus maltratadores. El 73,6% del total. En lo que va de año, sólo una de las trece mujeres asesinadas tomó la decisión de denunciar.