La asociación ultracatólica Abogados Cristianos continúa su cruzada contra la eutanasia, aprobada hace más de dos años y avalada por el Tribunal Constitucional hasta en dos ocasiones. El escenario de la última batalla ha sido Galicia, donde la fundación ha conseguido paralizar y llevar a los tribunales el proceso de M.B., una paciente de 54 años con esclerosis múltiple que solicitó acogerse a la ley de muerte digna. El pasado jueves, cuando estaba previsto que los profesionales sanitarios accedieran al domicilio para llevar a término la eutanasia, la madre de la mujer, “contraria” a la norma, según informó la propia asociación de abogados, no les permitió el paso. Después llegó la denuncia contra el Hospital Universitario de Santiago y a la sanidad pública gallega, a los que acusa "de un posible delito de eutanasia y otro de inducción al suicidio".
La Xunta de Galicia ya ha remitido el asunto a Fiscalía. Así lo confirmó el pasado viernes el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña (PP), que explicó que la paciente fue quien solicitó la eutanasia, aprobada según los trámites previstos en la ley, que en Galicia "se cumple al pie de la letra". Tiene "todas las garantías", añadió. La Consellería, a preguntas de infoLibre, aseguró que "la paciente es una persona capaz" y su solicitud "está avalada por la Comisión de Garantía y Evaluación de la Eutanasia de Galicia". "La paciente reiteró su deseo de continuar con el procedimiento a su médico responsable", añaden .
Para Abogados Cristianos, que actúa en representación de la madre —fue quien contactó con ellos, según indican—, el caso es radicalmente diferente. Según explican en declaraciones a este periódico, la paciente "tenía un testamento vital que hizo cuando ya padecía la enfermedad" en el que especificó que le fuera aplicada la eutanasia cuando necesitara "soporte mecánico para vivir". "Ese momento aún no ha llegado", explican. Aun así, continúan, solicitó acogerse a ese derecho ante el médico de cabecera, que "en vez de ayudarle" con una derivación a un psicólogo o psiquiatra, "directamente" le tramitó la eutanasia sobre un informe médico, denuncian, que no refleja la realidad. "Pone cosas como que está encamada, cuando no es verdad. Que tiene problemas para deglutir, que tampoco es cierto. O que tiene dolores continuos e insoportables, cuando ella no toma analgésicos", defienden.
Por eso hablan en su denuncia, consultada por infoLibre, de un "posible delito de eutanasia", puesto que su caso, sostienen, no cumple con los "requisitos legales" previstos en la ley aprobada en junio de 2021. Piden que se investigue, además, si el hospital y la Comisión de Garantías han podido incurrir en otro de incitación al suicidio, algo que para el penalista Carlos Bardavío Antón no tendría demasiado recorrido. "Lo que tipifica el artículo 143 del Código Penal es hacer nacer la voluntad de suicidarse, pero de forma directa, nunca indirecta", expone. "Informar de la posibilidad de acogerse a la eutanasia no es incitación al suicidio", indica el jurista. Para ver si hay un posible delito de eutanasia, añade, habría que demostrar por qué los informes médicos, como sostienen desde Abogados Cristianos, no son veraces.
El poder de un tercero sobre un derecho individual
Pero además de ello, lo que ha provocado fuertes críticas por parte de Derecho a Morir Dignamente (DMD) es el hecho de que sea la madre de la paciente la que impidiera la entrada de los profesionales sanitarios y provocase la judicialización del caso. "La eutanasia es un derecho individual y solamente es parte en ese procedimiento la persona que lo solicita y los agentes que valoran si reúne las condiciones adecuadas para hacerlo", clama Miguel Anxo, presidente de la organización en Galicia. "Todas las personas ajenas a eso no son parte", continúa. Abogados Cristianos tampoco, sostiene.
El penalista Bardavío, no obstante, explica que el conocimiento de un posible delito —eutanasia e incitación al suicidio, en este caso— sí permite tratar de paralizar lo que provocaría que se produjera. "Cualquier tercero que tenga conocimiento de lo que entienda que es un delito puede actuar", dice. Puede ser una familiar o cualquier otra persona. Recuerda, en este sentido, el caso del conocido como el pistolero de Tarragona. Se trata de Eugen Sabau, que a finales de 2021 mató a tiros a tres personas después de irrumpir en la empresa de seguridad en la que había trabajado. Los disparos de los Mossos d'Esquadra durante su huida le dejaron tetrapléjico y él, por los fuertes dolores que padecía, solicitó la eutanasia. Los familiares de las víctimas trataron de paralizarla porque no llegó a ser juzgado, pero los magistrados nunca les dieron la razón. Haberlo hecho, argumentaron, hubiera coartado un derecho fundamental.
Por eso no cree que el caso de M.B. llegue a término. Desde Juezas y Jueces para la Democracia la opinión es similar. "Es difícil que pase lo contrario, salvo que se alegue un defecto grave en el procedimiento o se demuestre que la voluntad de la hija está viciada", explican. Aun así, lo "lógico" es que el proceso se haya paralizado, porque se trata de una "decisión irreversible". "Se entiende argumentada la especial urgencia que amerita la adopción de la medida cautelarísima interesada por esta parte por el simple hecho de que es hoy mismo por la tarde cuando se le va a practicar la eutanasia [...], siendo el resultado evidentemente irrevocable", argumentaron desde Abogados Cristianos en su denuncia.
La presión "provida" de Abogados Cristianos
"Nosotros defendemos la vida desde su concepción hasta la muerte natural, así que defenderemos todos los casos que haya de este tipo", explican desde Abogados Cristianos. Ya lo han demostrado en numerosas ocasiones. Antes incluso de que se aprobara la ley de eutanasia, la organización ultracatólica ya emprendió una encarnizada lucha contra una norma que consideran inconstitucional a pesar de que el tribunal de garantías ha señalado lo contrario hasta en dos ocasiones: primero en marzo —cuando rechazó un recurso de Vox— y luego en septiembre —cuando rechazó uno del PP—.
Aun así, la fundación sigue, a juicio de Anxo, "tratando de impedir" la correcta aplicación de la norma, que según Juezas y Jueces para la Democracia es "absolutamente garantista". Coincidiendo con la entrada en vigor de la ley de muerte de digna, la asociación lanzó la plataforma 'YoNoQuieroEutanasia.com', un registro de personas que rechazan la ley y a las que invitan a plasmarlo en su testamento vital para, dijeron, evitar que "algún médico quiera aplicarla".
Para que esto ocurra, sin embargo, es necesario que el paciente presente dos solicitudes por escrito con quince días de diferencia y que su decisión sea evaluada por dos médicos y un comité de garantías y evaluación. O que en un testamento vital haya dejado esta voluntad por escrito. Nunca, en ningún caso, serán los profesionales médicos los que tomen la decisión.
La aplicación de la eutanasia, un camino lleno de baches
Los facultativos son, de hecho, uno de los eslabones por los cuales la implementación de la eutanasia en España no está perfectamente ejecutada más de dos años después de la entrada en vigor. Así lo sostiene Javier Velasco, presidente de Derecho a Morir Dignamente, que señala que hay profesionales sanitarios que no se declaran objetores de conciencia pero sí dilatan en el tiempo el procedimiento de eutanasia. "Hay muchos que todavía dificultan los trámites, y si la Administración no es diligente se complica todo", apunta.
Es el caso de Galicia. Según un documento presentado por la organización este verano, justo cuando se cumplían dos años de la ley, ésta es, junto a Murcia, la autonomía en la que ha habido un menor porcentaje de eutanasias sobre el total de fallecimientos registrados en 2022 —0,02% y 0,01%, respectivamente—. A nivel nacional, el porcentaje se sitúa en el 0,07%, un número "muy alejado del de países donde el derecho a la muerte asistida está bien asentado", donde representa, dicen desde DMD, entre el 1% y el 4%". Navarra y Cataluña, las comunidades con un mayor porcentaje, se quedaron en el 0,2% y 0,1%, respectivamente.
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Sobre las solicitudes denegadas, la organización criticó que sólo disponían de datos de las solicitudes denegadas hasta el julio de 2022, poco más de un año después de la entrada en vigor de la ley. Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia y La Rioja no detallaron estas cifras, pero según el cómputo que maneja la organización, eran Aragón y Andalucía las que más peticiones de eutanasia habían rechazado (un 44% y un 32%, respectivamente). Cataluña, con un 6%, y Asturias, con un 8%, son las que menos solicitudes denegaron.
La Consellería de Galicia ha informado a este periódico de que hasta el pasado mes de junio recibieron 58 solicitudes de eutanasia, de las cuales ha habido 21 con informe favorable, tres denegaciones y ocho revocaciones por parte de los pacientes.
Pero esto no es sólo por los médicos que no se declaran objetores, sino también por los excesivos plazos y por la sanidad privada, factores que siguen dificultando que se cumpla la ley, señala Velasco. Por ello, desde la asociación exigieron actualizar el Manual de buenas prácticas en eutanasia que se acordó en el Consejo Interterritorial de Salud –donde están el ministerio y las consejerías autonómicas– para que todos los centros sanitarios y sociosanitarios, sean públicos o privados, tengan un protocolo para dar respuesta a estas peticiones. Pidieron, además, que la figura del médico consultor, que es quien aprueba la solicitud, no tenga que ser una persona ajena al paciente, "un obstáculo innecesario y perjudicial".
La asociación ultracatólica Abogados Cristianos continúa su cruzada contra la eutanasia, aprobada hace más de dos años y avalada por el Tribunal Constitucional hasta en dos ocasiones. El escenario de la última batalla ha sido Galicia, donde la fundación ha conseguido paralizar y llevar a los tribunales el proceso de M.B., una paciente de 54 años con esclerosis múltiple que solicitó acogerse a la ley de muerte digna. El pasado jueves, cuando estaba previsto que los profesionales sanitarios accedieran al domicilio para llevar a término la eutanasia, la madre de la mujer, “contraria” a la norma, según informó la propia asociación de abogados, no les permitió el paso. Después llegó la denuncia contra el Hospital Universitario de Santiago y a la sanidad pública gallega, a los que acusa "de un posible delito de eutanasia y otro de inducción al suicidio".