Acciona, la presunta corruptora de Cerdán, tiene a ocho empleados procesados por el ‘caso Acuamed’

El presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, presidirá el próximo 26 de junio la junta general de accionistas de la compañía. El objetivo es que la aparición del nombre de la empresa como nexo corruptor entre el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, su cómplice, el exasesor Koldo García Izaguirre, y el exministro de Transportes José Luis Ábalos no provoque una huida de los inversores.

En el informe de la UCO sobre el caso Koldo que ha dejado temblando al Gobierno, a la compañía dirigida por Entrecanales se le atribuyen comportamientos cuando menos cuestionables. Como el control de parte del organigrama mostrando su acuerdo con los altos cargos que se iban nombrar con la llegada del PSOE al Ejecutivo en 2018 tras la moción de censura. El documento policial señala a Cerdán como el hombre del gigante de la obra pública frente al Gobierno. El hombre que movía los hilos desde Ferraz para que Koldo y Ábalos amañaran licitaciones de obra pública a su favor a cambio de presuntas mordidas.

Hasta el momento, Acciona ha tratado de detener la hemorragia con el despido fulminante de su hasta ahora director de Construcción para España, Justo Vicente Pelegrini, mencionado en el documento enviado por la UCO al instructor del caso Koldo, Leopoldo Puente. El otro cargo de la compañía que aparece en el documento como principal contacto de Cerdán y Koldo es Fernando Merino, exresponsable para Navarra y La Rioja, que fue despedido hace unos años, en 2021.

'Caso Acuamed': siete procesados en Acciona

Pero la relación de esta gran contratista de obra pública con tangentes, mordidas y amaño de contratos no es nueva. Ocho empleados con distintos niveles en la jerarquía del grupo empresarial están procesados desde 2023 en el caso Acuamed, que ha instruido Manuel García Castellón, extitular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional. A diferencia del caso Koldo, los hechos del caso Acuamed tuvieron lugar en 2013, durante el Gobierno de Mariano Rajoy. Los supuestamente corrompidos fueron el director general de la empresa pública especializada en obras hidráulicas, Arcadio Mateo del Puerto, y la directora de Ingeniería, Gabriela Mañueco, entre otros altos cargos.

El auto de procesamiento detalla cómo esos ocho empleados de Acciona y cargos –desde un director de Infraestructuras, hasta un jefe de zona, pasando por encargados de obra civil o trabajadores– consiguieron acceso casi total a la documentación empresa pública de obras hidráulicas para inflar las facturas y los importes recibidos tras ganar el concurso para la construcción de la desaladora de Torrevieja (Alicante). Los miembros de Acciona implicados, en connivencia con los cargos de Acuamed, bordeaban los criterios económicos y de calidad expresados por los servicios técnicos del organismo público para pactar los pagos únicamente con Mateo y el resto de directivos que, supuestamente, recibían las dádivas.

Acuamed adjudicó la obra a Acciona en 2006, durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, por 256,2 millones de euros. Pero con la llegada del PP al Gobierno y de Mateo a la dirección general, la empresa pública alcanzó un pacto con Acciona para "satisfacer las aspiraciones económicas de esta", con "mediciones que serían falsas" y otros "sobrecostes" que, finalmente, no fueron aceptados por las objeciones que opuso el abogado del Estado. Algunos de ellos ni aparecían en los contratos.

Los cargos de Acciona implicados fueron el entonces director del departamento de Acciona Infraestructura, Antonio Marco Ruiz; el jefe de área de la zona Levante, Vicente Chirivella Osma; José Luis Morales Asenjo, jefe del departamento de Acciona Infraestructura; y Guillermo Ruiz López, jefe de Acciona Agua. Todos ellos actuaban junto al gerente de la UTE adjudicataria, Fernando Cortabitarte, y el jefe de Obra, Javier Delgado, junto con otros dos empleados. Y todos ellos están procesados por los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación, fraude a la Administración y falsedad documental.

Deficiencias que habrían penalizado a Acciona

El poder de la empresa ahora presidida por Entrecanales era tal en Acuamed, que consiguieron quitarse de en medio a los cargos que pusieron problemas a las liquidaciones infladas, como el exdirector de Ingeniería y Construcción, Francisco Valiente, que, tras encontrase con las irregularidades, decidió relevar al trabajador implicado y ponerlas en conocimiento del consejo de administración. Finalmente, cuando vio que allí no le hacían caso, denunció todo en la Fiscalía Anticorrupción. El nuevo responsable de explotación comprobó importantes incumplimientos en la obra, como la instalación de bombas de alta presión que no eran las previstas, algunas de ellas defectuosas, así como otra serie de deficiencias que, en condiciones normales, según explicó el juez en su auto de procesamiento, hubieran implicado penalizaciones para la adjudicataria por falta de cumplimiento del proyecto, la demolición a cargo del contratista o rebajas de hasta el 50% en cada unidad de obra no ejecutada correctamente.

Sin embargo, mediante su influencia en los máximos responsables del organismo perteneciente al Gobierno, los responsables de Acciona consiguieron introducir en la documentación del expediente relativo a la obra cifras injustificadas de medición, conceptos que no constaban en el proyecto o costes inflados de financiación. "Las comunicaciones intervenidas evidencian que desde Acuamed se actuaba al margen de los criterios técnicos que debían guiar la actuación de la empresa pública en la gestión de los intereses generales, se facilitaba el trabajo al contratista [Acciona] permitiéndole intervenir en la redacción de los informes que Acuamed debía emitir, variando para ello los conceptos y los importes a incluir en la liquidación de las obras y en la reclamación a conveniencia del mismo, hasta alcanzar los mínimos que se habrían pactado, con independencia de cuál fuera la realidad de la obra", explicó el juez en su resolución.

Además de la desaladora de Torrevieja, la corrupción de los dirigentes de Acuamed se extendió a otros proyectos y con otras grandes contratistas implicadas. Como otra desaladora, la del Bajo Almanzora (Almería, adjudicada a FCC y Abengoa); la descontaminación del embalse de Flix (Tarragona, FCC), la presa de la avenida Rambla Gallinera (Valencia) y las conducciones de la desaladora de Campello (Alicante), entre otras. FCC cuenta con otros cuatro cargos imputados que desarrollaron, presuntamente, una actividad similar a los de Acciona. A cambio, el director general de Acuamed y sus cómplices recibían dádivas y regalos en especie para él y algunos de sus subordinados. Entre las que aparecieron en la investigación figuran viajes a Turquía, el pago de hoteles de lujo, la puesta a disposición de vehículos e incluso un implante capilar.