El Gobierno se resiste a dar una cifra sobre el número de refugiados que está dispuesto a acoger. No lo hizo el presidente, Mariano Rajoy, que se limitó a recordar que hasta la fecha la Comisión Europea ha hablado de que España acoja a 2.739 refugiados y que el proceso no será completo hasta que Grecia e Italia hayan dictaminado quiénes tienen derecho a asilo. Y tampoco el ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, que apuntó al Ministerio de Hacienda y dijo que para determinar un número es necesario que haya una dotación presupuestaria. Es decir, vuelve a la palestra la cuestión económica.
Sin embargo, recibir a los 14.931 refugiados que la Unión Europea pretende que España acoja en los próximos dos años según el nuevo cupo que propondrá esta semana a los Estados miembros tendría un coste de poco más de 157 millones de euros. Esta cifra es una estimación realizada a través del cálculo del coste medio de la atención por refugiado previsto por el Ejecutivo que se recoge en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2016. En ese momento, España estaba dispuesta a acoger a 2.749 personas y había consignado para ello 28,95 millones de euros. Es decir, el coste medio de la atención por refugiado se estimó en 10.531 euros. Atender a las alrededor de 15.000 personas que pretende Bruselas tendría, por tanto, un coste aproximado de 157 millones de euros.
Esta cifra, según cálculos de la ONG Oxfam Intermón, equivale sólo al 8% de los 1.958 millones de euros extra consignados al Ministerio de Defensa respecto a lo que le concedían las cuentas del Estado para hacer frente a pagos a la industria armamentística. Es decir, la ampliación de presupuesto para Defensa es doce veces superior a lo que le costaría a España atender a estos refugiados. La cifra de 157 millones de euros supone, además, un 0,05% del total del gasto estimado para todo 2016 según el proyecto de PGE. "Salvar vidas debe estar por encima de cualquier otra prioridad", asegura Jaime Atienza, director de Campañas y Estudios de Oxfam Intermón.
Además, ayuntamientos y comunidades se han mostrado dispuestas a consignar fondos para esta cuestión. El Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, anunció el pasado jueves que destinará en los próximos presupuestos una partida de diez millones de euros para sufragar la acogida de unas 250 familias refugiadas de Siria y otras zonas de Oriente.
Procedimiento de acogida
De acuerdo con la legislación española son dos los ministerios que se encargan de gestionar la protección internacional a las personas que, según recoge la Ley de Asilo de 2009, han tenido que abandonar sus países de origen por sufrir u0n temor, fundado, de ser perseguidos a causa de su etnia, de su religión, de su nacionalidad, de su pertenencia a un determinado grupo social o de sus opiniones políticas, o bien que tiene un riesgo real de sufrir daños graves para su vida e integridad física en caso de regresar a su país de origen por otros motivos.
El Ministerio del Interior, a través de la Oficina de Asilo y Refugio, es el responsable de la tramitación y las decisiones sobre las solicitudes. Esta institución es la encargada de facilitar la llamada "tarjeta roja" que garantiza la protección internacional y reconoce la condición de demandante de asilo o de protección subsidiaria. Con ella los refugiados pueden estar legalmente en el país y, seis meses después de haberla obtenido, acceder a un permiso de trabajo. Además, si son beneficiario de asilo pueden acceder a la nacionalidad española a los cinco años de residencia, frente a la plazo general que es de diez años.
Mientras, el Ministerio de Empleo es el que se encarga de financiar los programas y servicios sociales que garantizan la cobertura de las necesidades básicas que les reconoce la ley por su condición de refugiados durante las tres fases que dura el programa de protección (acogida, integración y autonomía) en función del grado de autonomía adquirido por el beneficiario. La fase de acogida, según explican a preguntas de infoLibre en el Ministerio de Empleo, se desarrolla en uno de los Centros de Acogida de Refugiados (CAR) de titularidad pública ubicados en Madrid, Alcobendas (Madrid), Sevilla y Mislata (Valencia); que actualmente cuentan con 426 plazas; o a través de los centros gestionados por las ONG subvencionadas y que contaban hasta el momento con 560 plazas.
En esos centros los refugiados suelen estar hasta seis meses y, durante ese tiempo, se les presta alojamiento, manutención y asistencia psicosocial urgente y primaria así como ayudas monetarias [las de 2015 se pueden consultar aquí] para la cobertura de gastos personales de primera necesidad, transporte, vestuario, escolaridad... Cuando dejan los centros y si están realizando algún tipo de formación pueden acceder a otras ayudas para facilitar su autonomía que son de alrededor de 595 euros por familia de cuatro miembros.
Por ejemplo, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), la organización más importante entre las que se ocupan de la protección de los refugiados, dispone de cuatro centros de acogida ubicados en Getafe (Madrid), Cullera (Valencia), Málaga y Las Palmas de Gran Canaria, así como varios pisos tutelados en Barcelona, Bilbao o Sevilla. En esos espacios acogen anualmente a unas 500 personas durante un tiempo medio de seis meses. Durante ese período se les proporciona todo el apoyo en materia social, jurídica y laboral, así como cursos de aprendizaje de castellano y habilidades sociales con el objetivo de proporcionarles una mayor autonomía. Cruz Roja y ACCEM son las otras dos ONG que se encargan de la atención de los solicitantes de protección internacional en España.
El Gobierno se resiste a dar una cifra sobre el número de refugiados que está dispuesto a acoger. No lo hizo el presidente, Mariano Rajoy, que se limitó a recordar que hasta la fecha la Comisión Europea ha hablado de que España acoja a 2.739 refugiados y que el proceso no será completo hasta que Grecia e Italia hayan dictaminado quiénes tienen derecho a asilo. Y tampoco el ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, que apuntó al Ministerio de Hacienda y dijo que para determinar un número es necesario que haya una dotación presupuestaria. Es decir, vuelve a la palestra la cuestión económica.