Una tormenta en un vaso de agua. La ofensiva del PP contra el Gobierno por su supuesta inacción en relación con la reanudación del curso escolar en plena pandemia se diluyó como un azucarillo en la propuesta presentada este jueves por los ministerios de Sanidad y Educación, consensuada en las semanas precedentes con todas las comunidades, entre ellas las gobernadas por el Partido Popular.
Lo que parecía una reunión condenada al fracaso acabó con un acuerdo unánime del que sólo se distanció el País Vasco.acuerdo Pero su abstención no obedecía a una discrepancia con las medidas pactadas sino a la voluntad de dejar claro que las competencias en materia educativa y sanitaria son exclusivas y que, por tanto, no tiene por qué pactar sus políticas con el resto de las comunidades o con el Gobierno central.
El visto bueno que Madrid, Andalucía, Castilla y León, Murcia y Galicia —las cinco comunidades con presidente o presidenta del PP— dieron al acuerdo contrasta con el choque frontal planteado en los días previos por la dirección conservadora. Apenas unas horas antes la secretaria de Política Social del PP, Ana Pastor, había exigido al Gobierno que asumiese su responsabilidad para una vuelta al cole segura para escolares y universitarios porque “no se delega nunca” y defendió un plan B educativo con medidas homogéneas en toda España.
Un plan alternativo que, a la postre, ha resultado ser prácticamente idéntico al del Gobierno: presencialidad en las aulas, distancia de seguridad, uso de mascarillas y medidas homogéneas en toda España. “Lo que se haga en un lugar de España tiene que ser semejante a lo que se haga en otro lugar”, había defendido Pastor con vehemencia.
También la nueva portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, había exigido “coordinación” y “liderazgo” al Gobierno ante el regreso a las aulas. “Hay competencias que son del Estado aunque haya una ministra de Educación que se ha dado a la fuga”, declaró esta semana.
El propio Casado se había apuntado a las críticas exigiendo “un plan B educativo” pues consideraba que, pese a estar descentralizadas las competencias, estas se hicieron “en su administración, que no en su titularidad”. En su opinión, “sigue siendo el Gobierno el último responsable en materia sanitaria, pero también educativa”.
Conseguido el acuerdo, el PP optó por el silencio. Sí opinaron las comunidades con gobiernos conservadores, obligadas a explicar su voto a favor del plan propuesto por Isabel Celaá y Salvador Illa, ministros de Educación y Sanidad, respectivamente.
La Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso, una de la dos únicas que no apoyaron el plan pactado en junio por el resto de territorios con el Ministerio de Educación y cuyas propuestas son el origen del acuerdo de este jueves, admitió que el plan iniciativa del Gobierno de Pedro Sánchez es “un documento razonable”, aunque “de mínimos”. Eso sí, aseguró que, “se debía de haber debatido hace unas semanas” (el plan de la Comunidad de Madrid se presentó el martes).
Andalucía se felicitó de haber conseguido rebajar la exigencia de presencialidad de 4º a 2º de la ESO, recortando en dos años los planes del Gobierno —Illes Balears, con presidenta socialista, también pedía este cambio—. Y está a la espera de convencer a Sanidad de que el uso de la mascarilla en clase sólo sea obligatoria cuando no sea posible mantener la distancia mínima de 1,5 metros.
“Muy positivo”
Galicia, presidida también por el PP, cree que el acuerdo “llega tarde”, “a pocos días de comenzar el curso”. Pero no tuvo más remedio que considerarlo “muy positivo”, entre otras cosas porque logró el apoyo de todos, a excepción del País Vasco. No podía ser de otro modo: las propuestas del Gobierno coinciden con la mayor parte de las previsiones del protocolo gallego, fijadas el pasado mes de julio, si bien la comunidad gallega tendrá que cambiar las referencias relativas al uso de la mascarilla (ahora obligatoria desde los 6 años), a la ventilación de las aulas y a los grupos de convivencia estable.
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La Región de Murcia también ha respaldado el documento, que considera de “carácter técnico y sanitario”. Era inevitable: pese a la revuelta planteada por el PP en los últimos días, la propuesta del Gobierno no recoge ninguna medida que no estuviese ya incluida en la normativa que la Consejería de Educación murciana envió a los centros. Como el resto de autonomías del PP, la de Murcia insistió en que el acuerdo “ha llegado tarde”. Y lamentó que no se recoja la flexibilización de currículos de materias y asignaturas, algo contrario a los planes del ministerio, empeñado en conseguir que la calidad docente no se resienta por la pandemia.
El Gobierno de Murcia sí ha anunciado que facilitará a los docentes y al personal de administración y servicios la realización de pruebas serológicas y PCR, algo que no contradice el plan propuesto por el Gobierno central. De hecho, en su presentación, el ministro de Sanidad recordó que todas las autonomías “tienen el compromiso de seguir estas medidas, pero no solo estas: se pueden complementar en cada comunidad”, precisó.
También Castilla y León elogió el acuerdo y su contenido porque “se adapta a la perfección” a las medidas adoptadas previamente en la región. No obstante, en los próximos días adaptará su protocolo para aislar solo los contactos estrechos de aquellos casos que presenten PCR positiva y no de todos los casos sospechosos “en aras de la coordinación” con el resto de las comunidades autónomas.