La mañana del 28 de febrero de 2022 la policía polaca detuvo en Rzeszów, una ciudad del sureste de Polonia situada a unos 100 kilómetros de la frontera con Ucrania, al periodista Pablo González, acusado de ser un espía al servicio de Putin. Desde entonces ha permanecido en prisión preventiva y así lo estará otros tres meses, hasta finales de agosto. En total, permanecerá seis meses sin poder comunicarse con su familia. "En Polonia se están saltando la ley de manera clara, no quieren que hablemos ni veamos a Pablo", lamenta Gonzalo Boye, su abogado, en declaraciones a infoLibre. La prisión provisional se podría prorrogar otros dos períodos de tres meses, por lo que el periodista podría pasar un año en prisión antes de ser juzgado.
"Este martes nos notificaron que no nos autorizaban la visita de su mujer [Ohiana Goiriena] porque teníamos que hacer la petición en polaco. Fui yo quien hizo esa petición en su nombre, aportando la documentación en polaco y ahora nos dicen que no es válido. Llevamos más de dos meses en esto. Francamente, nos preocupa mucho cómo se está desarrollando el proceso", resume Boye. "Cuando tú tienes una prueba, lo que haces es ponerla encima de la mesa. Aquí no están aportado nada", lamenta.
Las autoridades polacas acusan a González de cometer un delito de espionaje tipificado en el artículo 130 del código penal del país y que castiga con penas de uno a diez años de cárcel a quien "esté involucrado en las actividades de inteligencia extranjera contra la República de Polonia". El periodista, que hasta la fecha de su detención trabajaba como freelance para medios como La Sexta, Público o Gara, cubre desde hace diez años las relaciones del Kremlin con las antiguas repúblicas soviéticas y es experto en asuntos de seguridad.
Antes de su encarcelamiento, el periodista fue interrogado por los servicios de inteligencia polacos a principios del mes de febrero.En paralelo, el CNI español se presentó en el domicilio de su familia, en Nabarniz, un pequeño pueblo al noreste de Bilbao. Los agentes interrogaron a su esposa, acerca de las actividades de Pablo y su hipotética vida en Polonia, así como a un pequeño núcleo de amigos y compañeros de González. Fue entonces cuando el periodista tomó la decisión de volver a España, aunque antes de marchar mantuvo una conversación en Kiev con el cónsul general de la Embajada española, para explicar su caso.
Fue entonces cuando contactó con Boye y le designó como letrado, según relata él mismo."Le recomendé que hablara con los servicios de inteligencia. Cualquier ciudadano tiene la obligación de hablar con ellos si así lo requieren, aunque no tiene por qué contestar a sus preguntas.Yo le aconseje volver a España, estuvo casi un mes aquí hasta que estalló la guerra y así se le hizo saber al CNI, pero la inteligencia española no le contactó", detalla.
De Pavel Rubtsov a Pablo González
Su detención no se explica sin los detalles que componen su biografía. González nació en abril de 1982 en Moscú y vivió allí hasta los nueve años bajo el nombre de Pavel Alekssevich Rubtsov. Cuando sus padres se divorciaron, su madre decidió empezar una nueva vida en España junto a su hijo. Después de un año asentados en Euskadi la familia se trasladó a Barcelona. Un juzgado le otorgó la nacionalidad española bajo el nombre de Pablo (traducción de su nombre en ruso) y con los apellidos de su abuelo materno, González Yagüe. El hecho de tener dos pasaportes, uno ruso y otro español, con distintos nombres, alertó a las autoridades polacas.
Una doble nacionalidad que hace desconfiar a los servicios de inteligencia polacos, cuyo gobierno está capitaneado por el ultraderechista Mateusz Morawiecki, que ya tenían al periodista español en la diana. González figura desde agosto de 2016 en una lista de periodistas considerados "prorrusos" que obraba en poder de la Open Society Fundation del magnate George Soros. Sin embargo, no es difícil encontrar críticas al régimen de Vladimir Putin en su blog, en sus crónicas y en su cuenta de Twitter. Especialmente tras la invasión del país a Ucrania, que González creía en un primer momento que no se iba a producir.
En una entrada escrita en su blog en el año 2015, González hizo un repaso de la trayectoría de Putin al frente del Kremlin y escribía: "Putin se ganó la fama de ser un hombre poco respetuoso con las vidas humanas, tanto las enemigas, como las propias". Y continuaba: "No cabe duda de que la sociedad rusa posee menos libertades sobre el papel que los que existían en el país durante la gestión de Yeltsin". González también criticaba la falta de oposición al régimen y la política de Putin en materia LGTBI.
Las autoridades polacas también le interrogaron por recibir una serie de pagos periódicos desde Moscú en su cuenta corriente. Según relata Boye, se trata de una cuenta corriente en la que recibe 300 euros al mes que le envía su padre, que tiene dos pisos alquilados en Moscú. Hasta la fecha el único que ha podido visitarlo, además del abogado de oficio que asiste a González en Polonia, Bartosz Rogasa, es el cónsul español. "Le ha visitado en tres ocasiones y nuestra forma de comunicación con Pablo es a través de él. Nos consta que se está portando bien con él en términos de calidad humana. Pero es el único que ha podido verle. No nos han dejado ni a mí, ni a su madre ni a su mujer", zanja Boye.
Políticos y asociaciones de periodistas reclaman su puesta en libertad
A finales de marzo casi una veintena de diputados de distintas formaciones políticas, desde Unidas Podemos a EH Bildu (la más combativa sobre este asunto en la Cámara Baja), protagonizaron un acto a las puertas del Congreso para pedir la liberación de González. Una protesta que también ha tenido eco en el Parlamento Vasco esta semana. Los grupos de PNV, EH Bildu, Elkarrekin Podemos-IU y el PSE-EE suscribieron una declaración en defensa de los derechos del periodista. PP, Vox y Ciudadanos no se sumaron.
El diputado abertzale Jon Iñárritu cuestionó directamente al ministro de Exteriores, José Manuel Albares, sobre esta cuestión en una comisión parlamentaria. Previamente se había quejado de la "nula implicación" del ministerio para resolver el caso. Albares le comunicó que González podría contar con la ayuda del consulado y se comprometió a “realizar las labores oportunas” para que el periodista tuviera acceso a su defensa. Sin embargo, esto es insuficiente para los grupos y también para su abogado, que lamenta el "pasotismo" del Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez.
Más de 38.000 firmas piden que se respeten los derechos de Pablo González, el periodista detenido en Polonia
Una falta de interés que también se palpa en las denuncias de las asociaciones de periodistas. Algunas como la Red de Colegios de Periodistas de España sí se está implicando en el caso, al igual que otras como Reporteros Sin Fronteras. Esto contrasta con la tibieza de la Asociación de Periodistas de Madrid (APM) que se limitó a sacar un comunicado para reclamar que se "aclarasen las circunstancias" de la detención del periodista. El caso tampoco ha tenido un eco masivo en los medios de comunicación, especialmente en las televisiones.
"No tengo claro por qué no se le da importancia", lamenta Eva Navarrete, portavoz de la Red de Colegios Profesionales de Periodistas de España. "No sé si es por la situación general de conflicto entre Rusia y Ucrania, en la que no se entiende muy bien qué papel está jugando Polonia", señala en declaraciones a este periódico. "La información es escasa, a nosotros nos llega porque algunos colegios cercanos se están mostrando preocupados, pero realmente está cayendo en el olvido pese a la gravedad del asunto. A veces le damos más seguimiento a casos que afectan a periodistas de otros países que a los españoles", reflexiona.
La asociación a la que representa considera "impropio de una democracia" prorrogar tres meses y "sin explicación" la prisión provisional de González. "Reclamamos al Gobierno polaco que revele los cargos que se le imputan y le permita comunicarse con su familia y abogado. Tiene derecho a defenderse de esos cargos, se demuestren o no las acusaciones", zanja Navarrete.
La mañana del 28 de febrero de 2022 la policía polaca detuvo en Rzeszów, una ciudad del sureste de Polonia situada a unos 100 kilómetros de la frontera con Ucrania, al periodista Pablo González, acusado de ser un espía al servicio de Putin. Desde entonces ha permanecido en prisión preventiva y así lo estará otros tres meses, hasta finales de agosto. En total, permanecerá seis meses sin poder comunicarse con su familia. "En Polonia se están saltando la ley de manera clara, no quieren que hablemos ni veamos a Pablo", lamenta Gonzalo Boye, su abogado, en declaraciones a infoLibre. La prisión provisional se podría prorrogar otros dos períodos de tres meses, por lo que el periodista podría pasar un año en prisión antes de ser juzgado.