Las defensas de los ocho acusados por la agresión en Alsasua (Navarra) a dos guardias civiles y sus parejas presentaron un escrito ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en el que piden la abstención, y subsidiariamente instan a la recusación, de la presidenta del tribunal que les va a juzgar, la magistrada Concepción Espejel, al considerar que no va a ser imparcial por los "lazos" que la unen a la Guardia Civil, informa Europa Press.
El motivo por el que las defensas presentaron el escrito es "la existencia de un interés directo o indirecto de la magistrada en el proceso judicial, en atención a sus estrechos vínculos" con el Instituto Armado.
"Está casada con un coronel de la Guardia Civil, matrimonio del que resulta evidente derivan lazos psicológicos o conexión afectiva intensa con el Cuerpo al que pertenece su marido", explican los letrados, quienes además recuerdan que Espejel fue "condecorada por el Ministro del Interior con la Orden del Mérito de la Guardia Civil".
"Penas extraordinariamente elevadas"
Para las defensas, "estas circunstancias resultan especialmente relevantes en el presente proceso, en el que, como es sabido, se enjuicia a ocho personas acusadas de gravísimos delitos de carácter terrorista y por los que se interesan penas extraordinariamente elevadas".
El fiscal encargado del caso, José Perals, atribuye a siete de los imputados cuatro delitos de lesiones terroristasterroristas, con una condena de doce años y medio por lesión. Además, imputa a uno de ellos el delito de amenazas terroristas por el que pide igualmente doce años y medio de cárcel.
Los abogados de las defensas insisten en reprochar que la Fiscalía impute a los acusados un supuesto "sentimiento de odio hacia la Guardia Civil" y les vincule con el movimiento Alde Hemendik ("Fuera de aquí"), que reivindica el rechazo a la presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas en Navarra y el País Vasco.
"No se trata, por tanto, del enjuiciamiento de unas lesiones causadas a dos guardias civiles, aisladamente consideradas, sino el de una supuesta campaña de acoso al Cuerpo desde 1978, aunque los acusados ni siquiera hubiesen nacido, que ponía en tela de juicio la legitimidad de su presencia en el País Vasco y la Comunidad Foral Navarra, todo ello basado en informes de la propia Guardia Civil concernida", apuntan.
"Ningún ciudadano estaría tranquilo"
Por todo ello, las defensas consideran "evidente que los lazos familiares" de Espejel con un coronel de la Guardia Civil y la condecoración recibida "ponen gravemente en entredicho su imparcialidad y serenidad de ánimo para decidir en la presente causa, y los acusados no pueden sentirse imparcialmente juzgados cuando forma parte del tribunal, como presidenta, una magistrada en quien concurren las citadas circunstancias".
"Ningún ciudadano estaría tranquilo, creemos, si cualquier decisión que le afecte dependiera de un juez que haya recibido una condecoración de la entidad o empresa a la que, supuestamente, el referido ciudadano hubiera pretendido violentar y que sea, además, familiar directo de uno de sus accionistas o directivos", explican.
Así pues, y "con el fin de garantizar el derecho de los acusados a un juicio justo y con todas las garantías", solicitan que Espejel se aparte del tribunal que juzgará el caso y, en caso de no hacerlo, presentarán un incidente de recusación. El juicio está previsto para entre el 16 y el 27 de abril.
Recusación rechazada por extemporánea
La Sección Primera de Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechazó por extemporánea la recusación. Los magistrados explican en un auto que la Ley exige plantear la recusación tan pronto como se tenga conocimiento de la causa en que se funda y, en el caso concreto, el tribunal recuerda que esta magistrada intervino en múltiples resoluciones sobre la causa, desde que tomo posesión como presidenta, en el mes de junio de 2017.
Los acusados plantearon formalmente apartarle del tribunal el pasado 1 de marzo a partir de una providencia de la Sala del 13 de febrero en la que se ponía en conocimiento de las partes la composición de dicho tribunal. Al respecto la Sala matiza que el único hecho nuevo que recoge esa providencia es la incorporación del nuevo magistrado Jesús Eduardo Gutiérrez que cubre la plaza del fallecido Javier Martínez Lázaro.
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El auto explica que el resto de miembros –Concepción Espejel y Manuela Fernández de Prado– se mantiene "inalterable"; de hecho no ha habido más variaciones que las relativas al cambio en la presidencia tras la salida de Fernando Grande-Marlaska, y posteriormente el fallecimiento de uno de los miembros.
La Sala recuerda además que Espejel intervino en múltiples resoluciones en esta causa desde que tomó posesión como presidenta, rechazando el argumento de las defensas de que desconocieran esa situación hasta el pasado 13 de febrero. "Las defensas que plantean el incidente pretenden que hasta la diligencia de 13 de febrero de 2018 no conocían la intervención de Concepción Espejel en el tribunal, pero ello no puede estimarse así", explica.
Los magistrados recalcan además que, si como reconocen los acusados en su escrito, las causas de la recusación eran previamente conocidas por su publicidad, el plazo, que es de diez días, empezó a contar desde junio de 2017, de ahí que esté fuera de tiempo.
Las defensas de los ocho acusados por la agresión en Alsasua (Navarra) a dos guardias civiles y sus parejas presentaron un escrito ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en el que piden la abstención, y subsidiariamente instan a la recusación, de la presidenta del tribunal que les va a juzgar, la magistrada Concepción Espejel, al considerar que no va a ser imparcial por los "lazos" que la unen a la Guardia Civil, informa Europa Press.