Juan Carlos Castaño, ingeniero de origen colombiano y afincado en Madrid, es una de las miles de personas afectadas por el drama de los desahucios en España. En 2012 perdió su casa al no poder hacer frente al pago de la hipoteca tras quedarse sin trabajo tres años antes. Aunque intentó renegociar su deuda con el banco, la entidad rehusó abrir cualquier vía de entendimiento. Caja Cantabria le reclama todavía 183.000 euros por la vivienda de la que fue desalojado hace medio año. Una cantidad, señala, "imposible de afrontar". Juan Carlos cree que la sentencia del Tribunal de Luxemburgo, que confirma que la normativa hipotecaria española no garantiza la protección a los consumidores, “dará pie a seguir luchando contra una legislación injusta y a presionar aún más para que el gobierno apruebe medidas como la dación en pago”.
Aida Quinatoa, otra de las integrantes de la Plataforma de Afectados contra la Hipoteca, fue víctima de la estafa de los contratos de hipotecas basura que llevó a cabo la Central Hipotecaria del Inmigrante en el año 2010. Unos contratos que encadenaban a avales de personas que no se conocían entre sí, bajo el consentimiento de notarios y de entidades bancarias como Caja España.Tras perder su trabajo hace varios meses, Aida tuvo que recurrir a sus familiares en Ecuador para poder asumir el pago de su hipoteca. Sin embargo, a partir de este mes, explica, ha decidido dejar de pagarla ante la crítica situación que vive en casa. “No puedo más, mi familia y yo no podemos comer en condiciones por pagar al banco y lo estamos pasando realmente mal”.
El caso de Deysi Silva no ha corrido mejor suerte. Su vivienda ya ha participado en un proceso de subasta por lo que actualmente es propiedad de la entidad bancaria. “Estoy pendiente de que me llegue la carta pero calculo que en varios meses estaré en la calle”.
Fernández Seijo, el juez comprometido
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca insta ahora a los jueces, a que bajo el paraguas de esta sentencia europea, actúen para que casos como el Juan Carlos no sigan sucediendo. Eso es lo que ha defendido la portavoz de la plataforma, Ada Colau, en una multitudinaria rueda de prensa en las inmediaciones del Congreso de los Diputados. A pesar de las buenas noticias que han llegado de Luxemburgo, ha dicho, “sigue existiendo una necesidad urgente de modificar la ley para que se resuelva la inseguridad jurídica que sufren los afectados por los desahucios”. Asimismo, ha recordado que el Gobierno tiene sobre la mesa una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) avalada por casi un millón y medio de firmas, y que contempla medidas como la dación en pago retroactiva, la moratoria de todos los desahucios de vivienda habitual y el alquiler social.
Los afectados por las hipotecas piden al Gobierno que “rectifique de manera inmediata” en lo relativo a normativa hipotecaria y que aplique con urgencia las medidas correspondientes para corregir “la excepcionalidad” que vive España respecto al resto de países de la UE. “Esta sentencia nos podría permitir frenar los procesos de ejecución hipotecaria que hay en curso, y poner solución a los casos de todas esas personas que se han quedado con deudas de por vida en la calle sin realojo alguno”, ha afirmado Colau.
Rafael mayoral, asesor legal de la PAH, ha anunciado que "lo que hace falta es una reforma radical de la legislación de la situación hipotecaria y de la insolvencia de las personas para dar una segunda oportunidad a los afectados".
Juan Carlos Castaño, ingeniero de origen colombiano y afincado en Madrid, es una de las miles de personas afectadas por el drama de los desahucios en España. En 2012 perdió su casa al no poder hacer frente al pago de la hipoteca tras quedarse sin trabajo tres años antes. Aunque intentó renegociar su deuda con el banco, la entidad rehusó abrir cualquier vía de entendimiento. Caja Cantabria le reclama todavía 183.000 euros por la vivienda de la que fue desalojado hace medio año. Una cantidad, señala, "imposible de afrontar". Juan Carlos cree que la sentencia del Tribunal de Luxemburgo, que confirma que la normativa hipotecaria española no garantiza la protección a los consumidores, “dará pie a seguir luchando contra una legislación injusta y a presionar aún más para que el gobierno apruebe medidas como la dación en pago”.