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Las decisiones del nuevo CGPJ muestran que el empate pactado entre PP y PSOE favorece a la derecha

PP y Cs llegan a las urnas con sus dos promesas estelares para la "regeneración" sin cumplir

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Juan Marín, 8 de septiembre de 2018: "El PSOE ha roto el acuerdo de investidura [con Cs] con sus incumplimientos. Ha faltado a su palabra y mentido a los andaluces. No quieren eliminar aforamientos". Marín, cinco días después: "Para que Susana Díaz cumpla con el compromiso adquirido hace tres años, tan sólo debe firmar nuestra propuesta para la eliminación de los aforamientos políticos en Andalucía".

¿Qué tal han envejecido estas palabras? No demasiado bien.

De aquello hace algo menos de cuatro años. Políticamente, una era. Cs se veía en la cresta de la ola. Albert Rivera tenía en mente un propósito: disputar al PP de tú a tú el liderazgo de la derecha española, paso indispensable para llegar a la presidencia del Gobierno. El entonces líder de Cs tenía prisa por celebrar un ensayo general de su asalto en la gran plaza del sur: Andalucía.

Allí Cs tenía firmado desde 2015 un acuerdo con el PSOE, que gobernaba en solitario con el apoyo externo del partido naranja. Dicho pacto tenía un apartado de "regeneración democrática" que contenía estas dos medidas:

– Eliminación de los aforamientos a nivel autonómico.

– Limitación de mandatos de los presidentes.

Con la legislatura en su recta final, Cs marcó distancias con el PSOE exigiendo el fin de los aforamientos, una bandera que entronca con el 15M y lleva el debate al marco del cuestionamiento de los "privilegios" de los políticos. En realidad Marín no hacía más que seguir el rumbo que le había marcado Albert Rivera: "Si el PSOE no cumple de una vez el pacto de investidura en regeneración y sigue impidiendo junto al PP la supresión de los aforamientos políticos en Andalucía, se acabó" (1 de septiembre de 2018). El órdago estaba echado. Ante la negativa del PSOE, que alegaba que era imposible que diera tiempo a una reforma así antes del fin de la legislatura, el partido naranja se negó incluso a negociar los presupuestos. Finalmente Cs dio argumentos suficientes a Susana Díaz para adelantar las elecciones al 2 de diciembre, más de tres meses antes de lo previsto. La presidenta estaba convencida de que repetiría en el poder. Pero no.

El PSOE perdió San Telmo en aquellos comicios y se formó por primera vez en la historia de la autonomía una mayoría conservadora: PP, Cs y Vox. Marín se encontró entonces, o al menos lo parecía, con el compañero óptimo para llevar a cabo sus ideas sobre "regeneración". Juan Manuel Moreno, candidato del PP, que acabaría siendo contra todo pronóstico el presidente, había puesto al igual que Marín el énfasis de su campaña en promesas de limpieza democrática. La limitación de la presidencia de la Junta a dos legislaturas como máximo estaba incluso en el programa electoral. Moreno también había hecho campaña por la supresión de los aforamientos. Era su posición al menos desde 2016.

Cuando PP y Cs cerraron su acuerdo de gobierno, colocaron como primer bloque, antes que el económico, el de "Regeneración democrática e institucional". La medida 3 –sólo después de "Defensa y Dignificación de las instituciones de la Nación Española" y "Tolerancia cero con la corrupción"– decía: "Aprobaremos un Proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía para la supresión de los aforamientos del presidente de la Junta de Andalucía, de los miembros del Consejo de Gobierno y de los diputados del Parlamento de Andalucía [...]". La número 5 suponía "limitar a 8 años como máximo la duración del mandato de un mismo presidente o presidenta y de los consejeros o consejeras". "Quienes hayan ejercido estos cargos durante ocho años consecutivos no podrán ser elegidos o nombrados para [...] un nuevo mandato", añadía.

¿Qué ha sido de aquellos compromisos? El PP y Cs comparecerán el 19 de junio ante las urnas sin haberlos cumplido. Los dos "quedan pendientes", señala la Vicepresidencia de Marín. Además, Moreno, que no lleva en su programa para el 19J la supresión de los aforamientos, no se compromete a no presentarse –llegado el caso– a un tercer mandato. En cuanto a Cs, que se presenta como el gran valedor de la "regeneración", fía su futuro a volver a pactar con el PP, a pesar de haber roto con el PSOE en 2018 por no haber cumplido la promesa sobre los aforamientos.

El anunciado fin de los "privilegios"

El incumplimiento de los compromisos no implica que estos no hayan sido instrumentalizados al servicio del discurso "regeneracionista" del Gobierno andaluz y sus partidos. En marzo de 2019, a las puertas de las generales de abril, Cs celebraba un acto en Málaga con Albert Rivera como protagonista para celebrar el paso "histórico" que iba a dar el Gobierno andaluz en cumplimiento del acuerdo. Concretamente, el motivo era la anunciada supresión de los aforamientos. "Hemos pasado de los que blindaban a [Manuel] Chaves y [José Antonio] Griñán, a quitarles los privilegios a los que estén como Chaves y Griñán", dijo Rivera. Se suponía que la retirada del "privilegio" llegaría a afectar a en torno a 120 aforados.

A poco más de un mes de las generales, el 23 marzo de 2019, el Gobierno andaluz volvió a alzar esta bandera manifestando su criterio favorable a la tramitación de la proposición de ley de reforma del Estatuto presentada por el PP y Cs para suprimir los aforamientos, dando pie con ello a titulares sobre el avance de la Junta en este terreno. Pero la cosa se ha quedado hasta ahora en eso: titulares. Y eso que Cs pretendía tener terminada la reforma para "antes del verano" de 2019, a pesar de que exige mayoría de dos tercios en el Parlamento (73 de los 109 diputados), tramitación mediante ley orgánica en las Cortes y referéndum positivo de los andaluces, ya que afecta al Estatuto.

Desde el principio, el PP se mostró frío, a pesar de lo firmado y del entusiasmo de Cs. Los aforamientos no eran una "prioridad", señalaba en marzo de 2019 el portavoz del PP, José Antonio Nieto. No obstante, PP y Cs llegaron a presentar una propuesta de reforma del Estatuto. Su toma en consideración fue aprobada en mayo de 2019 con 76 votos a favor (PP, Cs, Vox y Adelante Andalucía) y 33 abstenciones (PSOE).

"El Ejecutivo [andaluz] ha impulsado esta reforma, que necesita para avanzar la implicación del Parlamento, siendo precisa la voluntad mayoritaria de una amplia representación de la Cámara que actualmente no se vislumbra", explica ahora a infoLibre la Vicepresidencia, que acusa a la presidencia de la Comisión de Desarrollo Estatutario, en manos socialistas, de haber obstaculizado los trabajos. El parlamentario socialista Mario Jiménez cree que "no es serio" que Cs cargue contra el PSOE. "Ellos podían haberlo impulsado, pero no lo han hecho. Nunca ha habido voluntad, era humo. Fue sólo una coartada de Rivera para reventar el Gobierno andaluz. Punto. Luego Cs estuvo intentando cubrir el expediente y poco más. Y el PP no les ha hecho ni caso, ni se lo han tomado en serio. Les han dado largas. Ha sido todo del tebeo. Lo han metido ellos mismos en el congelador".

Aunque lo acordó con Cs, ahora el programa del PP para el 19 de junio no recoge la supresión de los aforamientos.

Ocho años como máximo

A diferencia del fin de los aforamientos, la limitación de mandatos sí ha sido una medida en cuya defensa se ha implicado el presidente Moreno, que la tomó de Javier Arenas y ya la llevó al Parlamento en 2016. Durante su legislatura en San Telmo, Moreno ha seguido defendiendo la idoneidad de esta limitación. En marzo de 2019 decía que era partidario de mandatos de ocho años como mucho para evitar situaciones las de Manuel Chaves, jefe del Ejecutivo andaluz de 1990 a 2009 y condenado en sentencia no firme por prevaricación en el caso ERE.

Pero, más allá de palabras, tal limitación no se ha introducido. Y ello a pesar de que la reforma planteada por PP y Cs no requiere, según sus promotores, un cambio del Estatuto, sino de una ley autonómica. El Gobierno andaluz, eso sí, ha movido el tema. Otra vez, titulares sí ha tenido. Inició los trámites para la aprobación de la reforma en julio de 2019, pero se quedó ahí, lejos de una culminación parlamentaria. Así lo justifica por escrito la Vicepresidencia de Marín (Cs), que es la que tiene las competencias de "regeneración". "[...] El 13 de enero de 2021, el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, se reunió con los grupos parlamentarios. [...] Llevó una proposición de ley y pidió su aprobación por lectura única, con el fin de reducir los plazos legales, si bien la propuesta no fue bien recibida [...]. [...] El propio Marín instó a que alguno de los grupos registrara una proposición en la Cámara [...]". El departamento de Marín defiende que la reforma se realice con una "mayoría amplia".

Jiménez (PSOE) cree que la iniciativa es una "estafa" al servicio de la "propaganda". ¿Por qué? Porque el Estatuto establece lo siguiente: "El Presidente de la Junta será elegido de entre sus miembros por el Parlamento". Y no fija ninguna limitación. ¿Puede introducirse una limitación con una ley autonómica? Jiménez cree que no. Marín (Cs) ha afirmado que no habría "inconveniente". Lo cierto es que no se ha aprobado la ley, por lo que no ha habido que llegar al fondo jurídico.

Aunque el programa del PP para el 19J recoge la medida –"presentaremos al Parlamento una modificación de la Ley de Gobierno de la Comunidad Autónoma para limitar a dos legislaturas el mandato de un mismo Presidente"–, Moreno no ha confirmado si es algo que se aplicaría a sí mismo. Es decir, no aclara si el próximo, en caso de que fuera jefe del Ejecutivo, sería su último cuatrienio en San Telmo. "No quiero ser preso de mis palabras, porque las transiciones en los partidos son muy complicadas, pero sí le puedo adelantar que no voy a estar mucho más tiempo de lo necesario", ha declarado el candidato del PP durante esta precampaña. infoLibre preguntó expresamente al PP andaluz por los motivos de los incumplimientos. La respuesta fue remitirse al programa.

"Administración paralela" y "racionalización"

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Al margen de estos dos incumplimientos, la Vicepresidencia de Marín reivindica otros logros en "regeneración", como el cambio legal para ampliar las causas de incompatibilidad a los titulares o autorizados de cuentas en paraísos fiscales, entre otros. Este cambio se introdujo en la ley anticorrupción aprobada en 2021. El departamento de Marín también reivindica medidas de "despolitización". Ahí entran las nuevas directrices para la selección de los directivos de los entes públicos.

La Vicepresidencia destaca los "pasos en la racionalización de la administración". No obstante, como ha publicado infoLibre, el Gobierno andaluz se ha quedado lejos de la tan anunciada supresión de la "administración paralela", un término vago que ha servido para poner bajo sospecha al sector público. Los partidos de Moreno y Marín, que ahora miden sus palabras sobre lo que antes presentaban sobre un nido de enchufados, sufren ahora las consecuencias de la expectativa creada, ya que Vox basa su discurso de campaña en anunciar la eliminación de la "administración paralela" y denuncia la inacción de PP y Cs, exactamente lo que hacían antes PP y Cs con el PSOE.

Cs, que tras obtener 21 diputados en 2018 se enfrenta al riesgo de salir del Parlamento, se muestra orgulloso de su condición de partido de la "regeneración" y la "transparencia", que están en "su ADN". "Hemos dado grandes pasos en regeneración como la Oficina contra el Fraude", señala el partido naranja en respuesta a infoLibre sobre los motivos de los incumplimientos de los dos compromisos estelares. "Muchas políticas del cambio han sido torpedeadas de manera partidista [...]. Por eso es más necesario que nunca que Cs siga presente en el gobierno de Andalucía [...]".

Juan Marín, 8 de septiembre de 2018: "El PSOE ha roto el acuerdo de investidura [con Cs] con sus incumplimientos. Ha faltado a su palabra y mentido a los andaluces. No quieren eliminar aforamientos". Marín, cinco días después: "Para que Susana Díaz cumpla con el compromiso adquirido hace tres años, tan sólo debe firmar nuestra propuesta para la eliminación de los aforamientos políticos en Andalucía".

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