La Lomloe, más conocida como Ley Celáa, lo prohibió hace ahora casi tres años, pero la escuela concertada —financiada con más más de 7.000 millones de fondos públicos en un solo año— sigue haciendo caso omiso y cobrando cuotas irregulares a las familias. Se puede hablar en términos genéricos porque el porcentaje de colegios que echan mano de estas prácticas es del 87%, según ha revelado este jueves la octava edición del Estudio de cuotas y precios de colegios concertados del curso 2023-2024, un informe que elaboran anualmente Cicae, una asociación de colegios privados independientes, y Ceapa, un colectivo de familias en defensa de la educación pública. Se unen, aunque parezca paradójico, para denunciar lo que los primeros consideran competencia desleal y los segundos un castigo a la pública con el aumento de la segregación.
El estudio, encargado a la consultora Garlic, se ha elaborado entre marzo y mayo de 2023 mediante el mistery shopper, una técnica que consiste en hacerse pasar por una familia interesada en matricular a su hijo en un colegio. Concretamente, los investigadores se han interesado por el segundo ciclo de Educación Infantil en un total de 330 colegios repartidos en ocho comunidades autónomas: 102 en Madrid, 64 en Cataluña, 49 en Andalucía, 30 en Galicia y la Comunitat Valenciana, 20 en País Vasco y Aragón y 15 en Murcia.
De todas ellas, destacan Cataluña, País Vasco y Madrid. Según revela el informe, el 100% de sus escuelas concertadas cobran una cuota base a las familias, un porcentaje muy superior a al 87% de media del resto de autonomías analizadas. En el 76% de los centros, además, la cuota es obligatoria, lo que contraviene, además de la Ley Celáa, la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE) de 1985, que establece el actual sistema de conciertos y deja claro que la educación obligatoria debe ser gratuita.
La idea se reforzó con la última norma, aprobada en diciembre de 2020. Su artículo 88 dice lo siguiente: "Para garantizar la posibilidad de escolarizar a todos los niños sin discriminación [...], en ningún caso podrán los centros públicos o concertados percibir cantidades por recibir las enseñanzas de carácter gratuito". Tampoco pueden "imponer a las familias la obligación de hacer aportaciones a fundaciones o asociaciones ni establecer servicios obligatorios, asociados a las enseñanzas, que requieran aportación económica".
Y dice más: "Las actividades complementarias que tengan carácter estable no podrán formar parte del horario escolar" y su "situación socioeconómica" no debe suponer "una barrera para el acceso a las actividades complementarias" de la pública o de la concertada.
Aun así, la mayoría de colegios analizados en el estudio, el 53%, cobra más de 100 euros al mes a las familias, siendo la cuota promedio de 122,44 euros. Por comunidades autónomas, Cataluña vuelve a ser este curso la que lidera la cuota máxima, que llega a alcanzar los 1.000 euros. Por detrás de ella se encuentra la Comunitat Valenciana (con cuotas de hasta 450 euros), País Vasco (250 euros), Madrid (238 euros), Galicia (235 euros), Murcia (159 euros), Andalucía (132 euros) y Aragón (130 euros).
El estudio también ha detectado que muchos centros han vuelto a aumentar su cuota, convirtiendo esto en un hábito curso tras curso. En Cataluña, la autonomía que más cobraba, se ha detectado que el 81% ha aumentado sus cobros con un promedio de 14,7 euros de diferencia con el año pasado. "Nos llama especialmente la atención que, año tras año, no solo no se rebajen las cuotas, sino que sigan subiendo a pesar del enorme esfuerzo que supone para las familias. Y todo ello con la pasividad de las administraciones, que siguen sin hacer nada para evitar que los colegios que reciben dinero público se sigan lucrando a costa de las familias", ha denunciado Leticia Cardenal, vicepresidenta de Ceapa, durante la rueda de prensa.
"Alaba la calidad de la enseñanza"
El estudio destaca que, además de los cobros de cuotas irregulares, no existe transparencia con las familias. Así, el 39% de los centros no entrega ninguna hoja de precios y otro porcentaje similar tampoco plantea los precios de manera espontánea a las familias, sino que responden si son ellas las que insisten. Otro 15%, por su parte, sí detalla todos los precios de las actividades y servicios pero eluden, no obstante, el de la cuota obligatoria. Además, "los colegios no siempre indican en la documentación que entregan con los precios, los conceptos por los que cobran las cuotas, los horarios, contenidos, si el pago es voluntario o qué ocurre si no se paga, etc.", denuncia el informe.
En la mayoría de los casos, además, la cuota está camuflada, puesto que sólo en el 32,1% de las ocasiones se denomina como tal. ¿De qué otras maneras se hace? En el 39,4% los centros lo denominan "aportación/donación", en el 22,6% "actividades complementarias" y en el 5,9% "proyecto educativo". Utilizan justificaciones tales como: "Alaba la calidad de la enseñanza, los servicios, el apoyo al alumno y a las familias". O: "El pago de estos conceptos es para [...] el proyecto de inglés tan maravilloso". O: "Es una cuota para el mantenimiento".
De este modo, se difumina la línea entre lo que es obligatorio y lo que es voluntario, puesto que con la ley en la mano estos pagos no pueden exigirse. Sin embargo, se hace en el 76% de los colegios, bien bajo la amenaza de excluir al alumno o bien haciéndolo directamente, organizando esas "actividades complementarias" en horario lectivo.
Así, según ha detectado el estudio, el 61% de los colegios las coloca de 12 horas a 14 horas, mientras que otro 14% especifica que está dentro del horario lectivo, pero sin especificar. Otro porcentaje similar las coloca a primera hora, y otro 11% entre 14 horas y 16 horas. Además, la mayoría de ellas son asignaturas curriculares revestidas con otros conceptos para que parezcan, nuevamente, voluntarias.
El "elitismo" educativo se enquista: repetir Primaria es seis veces más probable en la escuela pública
Las amenazas de exclusión, por su parte, se dan en el 16% de los colegios, un porcentaje que aumenta hasta el 36% en el caso de Madrid, donde los centros advierten con frases como: "Si no las realiza [las actividades] se tiene que ir del cole a comer a casa una hora antes", "se quedaría en el patio o en un aula custodiado por un profesor" o "no tienen a ningún alumno en esta situación".
En Cataluña los métodos para obligar son muchos más directos. No se puede no pagar, directamente. Lo expresan con afirmaciones como: "Son cuotas obligatorias, si quieres acudir a este colegio las tienes que asumir", "el colegio necesita del pago de estas actividades ya que con el concierto público sólo cubren los sueldos de los profesores. El resto de gastos del colegio (instalaciones, mantenimiento, actividades) tienen que abonarlos las familias".
Desde Cicae y Ceapa piden actuar. Para la directora general de CICAE, Elena Cid, es inadmisible que las administraciones "permitan el incumplimiento normativo y no pongan freno a estas prácticas, conocidas por toda la sociedad". Es grave, ha opinado, la manera en la que "el sistema de conciertos se está desvirtuando". "Cuando se crearon nunca se pensó en que fueran entidades mercantiles lucrativas, tienen todos los gastos de funcionamiento cubiertos por la administración y en ocasiones exigen donaciones, aportaciones voluntarias, pago por actividades complementarias o complementos formativos, cuando la realidad es que las familias están soportando un copago por enseñanzas obligatorias".
La Lomloe, más conocida como Ley Celáa, lo prohibió hace ahora casi tres años, pero la escuela concertada —financiada con más más de 7.000 millones de fondos públicos en un solo año— sigue haciendo caso omiso y cobrando cuotas irregulares a las familias. Se puede hablar en términos genéricos porque el porcentaje de colegios que echan mano de estas prácticas es del 87%, según ha revelado este jueves la octava edición del Estudio de cuotas y precios de colegios concertados del curso 2023-2024, un informe que elaboran anualmente Cicae, una asociación de colegios privados independientes, y Ceapa, un colectivo de familias en defensa de la educación pública. Se unen, aunque parezca paradójico, para denunciar lo que los primeros consideran competencia desleal y los segundos un castigo a la pública con el aumento de la segregación.