Alerta Digital, la fábrica de noticias falsas del exjefe de prensa de Jesús Gil y algunos curas franquistas que pide cerrar la Fiscalía

Alerta Digital es uno de esos periódicos online que de forma continua está bajo la lupa de las plataformas de verificación. Al fin y al cabo, es una de las principales fábricas de bulos made in Spain. Con apariencia de diario, no hay jornada en la que no traten de utilizar el altavoz que le brindan las redes sociales para colocar a los usuarios supuestas informaciones que nada tienen que ver con la realidad. No tienen ningún reparo en difundir, por ejemplo, que la ministra Irene Montero tiene intención de presentar “un anteproyecto de ley de reforma de la Biblia católica para ‘acomodarla a la nueva realidad social”. O en acusar a los migrantes de atropellos, violaciones o acaparar la recepción de ayudas. Tres clásicos para agitar el avispero. Ahora, tales misiles contra colectivos vulnerables están bajo la lupa del Ministerio Público, que ha pedido el cierre del medio que funciona bajo la batuta de quien se define como el Donald Trump español. Un antiguo responsable de comunicación de la época de Jesús Gil que ha fracasado en todos sus intentos de dar el salto a la arena política.

El Ministerio Público considera que los artículos de opinión, “noticias” o comentarios que llevan años publicándose en el medio destilan odio contra la población inmigrante. Principalmente, sostiene la Fiscalía de Málaga en su escrito de acusación, porque los mensajes lanzados están dirigidos a “sembrar un sentimiento de animadversión, discriminación y hostilidad” frente al colectivo. “Muestra una línea editorial unívoca y consistente cuya principal idea es señalar la inmigración, especialmente de origen africano, a Europa, en general, y a España, en particular, como una invasión dirigida a la destrucción del pueblo europeo”, sostiene la fiscal encargada del caso, que recuerda que en el diario online se identifica a todas estas personas “como criminales, delincuentes en potencia, parásitos del sistema e indignos de residir en Europa”. Actitudes que a ojos del Ministerio Público son constitutivas de un delito de odio, recogido en el artículo 510 del Código Penal y que contempla penas de entre uno y cuatro años de cárcel.

La población musulmana se encuentra entre los principales objetivos de la página ultraderechista. La estrategia preferida para la ofensiva, detalla la fiscal, pasa por “la difusión” de informaciones, muchas de ellas “sin contrastar, manipuladas o manifiestamente falsas”, en las que se identifica directamente al colectivo con el grupo terrorista Estado Islámico, “al tiempo que afirma su negativa a integrarse en los países europeos y su intención de destruir a los residentes”. Es lo que hicieron hace un par de años tras un atropello múltiple en la ciudad germana de Münster. A pesar de que las pesquisas se cerraron señalando como único responsable a un ciudadano alemán con antecedentes psiquiátricos, Alerta Digital –y otros tantos medios similares– se encargaron de agitar el fantasma del terrorismo difundiendo la imagen de un joven extraída de una cadena de televisión austriaca bajo el siguiente titular: “El atacante de Münster era de origen kurdo y musulmán”. La Policía germana tuvo que salir a desmentir las informaciones que habían empezado a correr como la pólvora en redes sociales.

En conversación con infoLibre, Nemesio Rodríguez, presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), comienza señalando que el colectivo “defiende la libertad de información y de expresión”. Sin embargo, aclara que dichas libertades “no amparan la posible comisión de delitos, entre ellos el de incitación al odio”. “Quien se ocupa de dilucidar si se ha cometido o no un delito son los tribunales, a los que hay que dejar actuar. La FAPE no puede ni debe hacer juicios de valor”, completa Rodríguez, que recuerda que los responsables de Alerta Digital “gozan de todas las garantías de defensa que ofrece nuestro Estado de derecho”.

De la Marbella de Jesús Gil a las 'fake news'

Tras el periódico ultraderechista, que no ha tardado en acusar a la fiscal de perseguir “la libertad de opinión y de expresión” a través del “delito de odio”, se encuentra la empresa Alerta Digital S.L. Constituida en diciembre de 2012 con un capital social de 3.020 euros, la firma afincada en Málaga tiene por objeto social la “elaboración de información escrita, gráfica, audiovisual o en cualquier otro soporte”. El diario está bajo la batuta de José Armando Robles Valenzuela, que figura como administrador único de la firma. Un empresario de la comunicación que comenzó su andadura por la Marbella de la década de los noventa, que trató de hacer negocio con las televisiones pirata, que fracasó en sus intentos de dar el salto a la arena política y que ahora se enfrenta a una importante petición de prisión. “No me intimida pasar cuatro años en la cárcel. […] He tenido una vida plena e intensa, he sido siempre un hombre libre y he disfrutado de muchas más cosas buenas de las que probablemente merecí”, escribió hace unos días en el periódico digital que dirige.

Su “plena e intensa” trayectoria arrancó de la mano del todopoderoso magnate Jesús Gil. Con menos de treinta años, ejerció como jefe de prensa del exalcalde de Marbella. “Ha sido un honor haber estado a sus órdenes”, ha señalado en alguna entrevista. Fue en aquella época cuando empezó a tener sus primeros problemas con la justicia. En junio de 1993, fue detenido en una de las propiedades de Gil, el Club Financiero Inmobiliario, en virtud de una orden de búsqueda y captura. El Ministerio Público lo acusaba de haberse apropiado de diferentes enseres de un apartamento que había alquilado un par de años antes en Torremolinos (Málaga). Según sostenía entonces el fiscal, el periodista se habría llevado del inmueble ubicado en el edificio Eurosol la cubertería, útiles de cocina, sábanas, toallas y un casco de motorista, todo ello valorado en más de 100.000 pesetas. Durante seis días permaneció detenido en la prisión provincial de Alhaurín por un presunto delito de apropiación indebida, según consta en una crónica de la época de la agencia de noticias Efe.

Tras su paso por la política marbellí, el periodista comenzó a cultivar su faceta como empresario de la comunicación. Vio entonces en el tarot y en la emisión de las sesiones en televisión un buen negocio. Sin embargo, todo terminó derrumbándose. En junio de 2013, la Junta de Andalucía precintó los equipos de los operadores del canal Channel Vit, de la que era administrador único, en Cádiz, Granada y Málaga tras comprobarse que se estaba emitiendo sin licencia. Cuatro meses después, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya impuso una sanción de 90.000 euros a Esoditel SL, otra empresa en la que aparecía Robles como administrador único, por tirar las cartas en horario infantil y por explotar sin licencia cuatro canales de televisión. “El incumplimiento de los deberes impuestos de acuerdo con la Ley de Comunicación Audiovisual en relación con la protección de la infancia es constitutivo de una infracción muy grave”, recogía la resolución firmada por el entonces presidente del Consell, Roger Loppacher.

Fue por aquella época cuando Robles Valenzuela puso en marcha su periódico ultraderechista. Y cuando, al mismo tiempo, intentó dar el salto a la arena política. Lo hizo poniendo en marcha en agosto de 2013 su propio partido, Soluciona. La formación con un marcado perfil antiinmigración y proteccionista, a cuya presentación en Madrid asistieron destacados dirigentes de la neonazi Democracia Nacional, tan solo logró en las municipales de 2015 un millar de papeletas en Málaga. Este fracaso llevó a su líder a dar una vuelta al nombre del proyecto para ver si ganaba tirón. Apostó entonces por Soluciona-Trump, intentando aprovechar la estela que allá por 2017 tenía el mandatario estadounidense. “El apellido Trump puede servir como catalizador para que gente pueda sentirse inducida a conocer qué se esconde detrás del proyecto político”, ha explicado en alguna entrevista, en la que no tiene ningún problema en definirse como lo más parecido al magnate norteamericano que hay ahora en nuestro país.

“La represión tendría que haber sido mayor”

Pero Robles Valenzuela no es el único para el que el Ministerio Público pide cárcel. También solicita tres años para dos religiosos que escriben como colaboradores en su medio y que han saltado a la fama por las arengas incendiarias lanzadas desde el púlpito, según explica el propio diario digital. Uno de ellos es Custodio Ballester, que antes que cura ejerció como militar. Le conocen bien en L’Hospitalet de Llobregat, donde sus desafíos al consistorio han sido constantes. Él fue el que se encargó de amparar, a pesar del veto municipal, un desfile de veteranos de la Legión Española en la procesión de Semana Santa de 2016. Y unos meses más tarde, de oficiar una misa dedicada a los combatientes de la División Azul. No faltó de nada durante la ceremonia, desde mapas de Europa durante la Segunda Guerra Mundial a abundante iconografía falangista y fascista. No faltó, tampoco, la entonación del Cara al Sol. Por entonces, el Arzobispado de Barcelona se limitó a amonestar al párroco con un escueto “tomamos nota de la misa”.

El Arzobispado de Barcelona se limita a amonestar a un párroco que ofició una misa fascista en honor de la División Azul

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La advertencia sirvió de poco. A pesar de que entonces se le dejó claro que la misión de la Iglesia “en ningún caso debe ser la de hacer política”, eso no le impidió unos meses después lanzar mensajes homófobos en la parroquia con motivo de la celebración del Día Internacional del Orgullo LGBT. “Sigue siendo pecado ser homosexual por mucho que lo promuevan los poderes públicos”, aseguró entonces el religioso, quien criticó las leyes que combaten la homofobia por considerar que “llevan hacia una dictadura” y cargó contra un mundo “podrido y pervertido”. Fue entonces cuando el arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, decidió apartarle durante un tiempo. Un movimiento que el cura interpretó como una “promoción intelectual”, un “año sabático” para dedicarse a sí mismo y a finalizar su tesis. Ahora, casi tres años después de aquello, el religioso sigue siendo exactamente el mismo. A comienzos de enero, según publicó El Español, se le pudo ver en la cena que la Fundación Nacional Francisco Franco había organizado en la Ciudad Condal.

El perfil de Ballester es calcado al del otro cura para el que piden tres años de prisión. Es Jesús Calvo, párroco falangista del municipio leonés de Villamuñío. “Íntimo amigo” del golpista Antonio Tejero, tal y como ha reconocido él mismo en alguna entrevista, este religioso nunca ha tenido reparos en alabar la labor del dictador Francisco Franco durante cuatro décadas. “Como fue una persona ordenada y con conciencia, nos llevó a la octava potencia económica. Era una nación envidiable. ¿Y eso qué supone? Orden y castigo a quien se lo merece, pena capital para quien lo merece”, aseguraba a Cuatro hace siete años. De hecho, Calvo incluso considera que fue “excesivamente noble e indulgente” con “muchos criminales del bando rojo”. “La represión tendría que haber sido mayor para así evitar muchos de nuestros actuales males”, ha llegado a sostener el párroco, que en alguna ocasión ha tildado al rey emérito Juan Carlos I de “traidor a Franco” por haber instaurado una monarquía parlamentaria.

Tampoco ha tenido problemas en mostrar abiertamente lo que piensa sobre cuestiones como la inmigración o la homosexualidad. “España […] parece ser el basurero de todo el mundo. […] Se admite a todo el mundo. Es lo mismo que vendan drogas o que vengan a violar chicas”, ha apuntado al ser preguntado por el primer asunto. “El leproso no es digno de condena, pero que se aparte de los demás en el sentido de que no contagie a otros”, ha dicho en alguna ocasión sobre la segunda cuestión. Una homofobia que tanto el cura como Robles airearon sin apenas ruborizarse cuando el expolítico Pedro Zerolo anunció que tenía cáncer. “No me extrañaría nada que eso fuera un efecto de la divina providencia, que intenta ejemplarizar”, dijo allá por 2014. Unas declaraciones que lamentó entonces la Diócesis de León, que aseguró que el obispado seguiría “procurando” que el cura renunciase “a empeñarse en formas de política activa, sobre todo cuando es partidista”. Seis años después, está acusado de un delito de odio.