Almería, el último ejemplo de cómo el PP de Moreno multiplica la universidad privada en Andalucía

"Tienen pendiente el edificio de Medicina. No quiero apretarle a la Universidad de Almería, pero puede venir una universidad privada...". No dio más detalles. Está por ahora, dijo, "tocando puertas". "Manteniendo conversaciones". Señaló que era "pronto" para "anuncios", pero la alcaldesa de la ciudad, María del Mar Vázquez, dejó claro en una entrevista publicada hace unos días en el Diario de Almería que en su proyecto político sí cabe la universidad privada. Sería, en caso de que se concretase y llegase a abrir sus puertas, la sexta de Andalucía. La quinta si sólo tenemos en cuenta las que han visto vía libre para iniciar su actividad desde que el PP de Juanma Moreno llegó a la Junta. Y no es casualidad.

La proliferación de la universidad privada en España es evidente. El último informe de Datos y cifras del sistema universitario español recoge que actualmente hay 50 universidades públicas por 41 privadas, pero los datos que el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades facilitó a infoLibre reflejan que, además, hay otros seis proyectos con evaluaciones desfavorables pendientes de que se les dé luz verde. Todos, sin excepción, en comunidades gobernadas por el PP. Sólo desde 2018 se han abierto cuatro universidades con informes en contra, y todas lo han hecho en regiones gobernadas por la derecha.

Por eso no sorprende lo que está ocurriendo en Andalucía. Es, ni más ni menos, lo mismo que pasa en Madrid, donde ya se ha dado vía libre a la decimocuarta universidad privada mientras se sigue infrafinanciando a las seis instituciones públicas que, denuncian los rectores, están ya al borde del desastre. "El modelo andaluz es igual o incluso peor", señala Jorge Ibáñez, secretario de Universidades de la Ejecutiva del PSOE-A. Consiste básicamente en la doble acción que los conservadores han puesto en marcha no sólo con la educación superior, sino también con la sanidad: se infrafinancia el sistema público y se presenta, después, al privado como el único salvador.

Lo ha denunciado también el PSOE almeriense, cuyo grupo municipal presentará además el próximo martes una moción para que, al menos, el Ayuntamiento de la ciudad se comprometa a no ceder suelos públicos a ningún ente que pretenda abrir una universidad privada, como sí ha ocurrido en Málaga. "¿Por qué está promoviendo la alcaldesa intereses privados en la ciudad en lugar de estar centrada en ofrecer a los almerienses y las almerienses unos buenos servicios públicos que hoy por hoy brillan por su ausencia?", se preguntó la portavoz de la Ejecutiva Provincial de la formación, Fátima Herrera. Es "absolutamente inaceptable", insistió.

La moción, a la que ha tenido acceso infoLibre, redunda en esa idea. "Atraer universidades privadas a una ciudad como la nuestra supone un ataque frontal y directo contra la Universidad de Almería y rompe la función de ascensor social que tiene encomendada, ya que las universidades privadas actúan al margen del sistema público de educación superior, ofrecen sus servicios en condiciones económicas inaccesibles para una parte importante de la población almeriense, consolidando un modelo universitario basado en la capacidad económica y no en el mérito y la igualdad de oportunidad", expone.

La crisis económica de la pública

El propio anuncio de la alcaldesa de la ciudad mostraba esa estrategia. Fue María del Mar Vázquez la que vinculó la posible apertura de un centro privado a la situación de la Universidad de Almería. "No quiero apretarle", dijo. Antonio Ruiz, portavoz del PSOE-A de Universidades e Investigación, se fijó en ello con mucha atención y por eso preguntará sobre este asunto al consejero del ramo del Gobierno de Moreno, José Carlos Gómez Villamandos. Según reflexiona el socialista, el alumnado de Medicina lleva tres cursos sin un edificio propio, utilizando otros espacios de prestado. Y ello se debe a que así es más sencillo justificar esa nueva universidad privada.

Ahora bien, ¿cuál es la situación de la Universidad pública de Almería? Según explica Ibáñez, la Junta lleva años en deuda corriente con ella y el año que viene la institución podría por ello entrar en déficit. La pública de Málaga, situada en una provincia con tres proyectos sobre la mesa, tuvo por su parte que ser rescatada el año pasado por la Junta, que le prestó 48,5 millones para, simplemente, poder mantener la actividad educativa. "La inversión de la Junta en la universidad pública ha bajado mientras el coste de la vida ha subido", lamenta. Según sus datos, desde 2015 el presupuesto que la Junta ha destinado a esa partida ha pasado del 3,89% al 3,58%.

Este año, la Junta de Andalucía ha aprobado una financiación de 1.750 millones para todas las instituciones públicas, una cifra que supone un ingreso extra de 21 millones que son, según Moreno, un "hito financiero" pero que se alejan, según los rectores, de la deuda de 50 millones que tiene el Ejecutivo con ellas.

De la Loyola a la Utamed

Es este doble movimiento el que critica la oposición. No es, insisten siempre, la mera existencia de la privada, sino el deterioro de la pública que lleva asociado. "Fomentar la privada por una cuestión de pluralidad puede valer, pero restringir a la vez la financiación de la pública ya implica cercenar el derecho ciudadano a la educación", lamenta la profesora de la Universidad de Jaén Delia Langa.

Junto a esto, además, también entra en juego la cuestionable calidad que tienen muchos de estos nuevos centros. En sólo siete años han abierto cuatro universidades con evaluaciones desfavorables y hay otras tantas que, a pesar de tenerlos, podrían abrir sus puertas próximamente. Es el caso de tres andaluzas: la Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterráneo (Utamed, online), ya aprobada, y la Universidad Internacional del mediterráneo y la Universidad Internacional de Estepona Antonia Guerrero, todavía en espera.

El Gobierno de Pedro Sánchez es el primero que sabe que esto es un problema. Y por eso ha planteado una reforma del decreto que marca las normas para que se aprueben nuevas universidades. Lo dijo claramente la portavoz del Ejecutivo y ministra de Educación, Pilar Alegría: "Esto no va de universidades públicas contra universidades privadas. Esto va de universidades buenas contra universidades malas", dijo. Desde Andalucía insisten en la misma idea.

"El modelo tradicional de universidad católica, especializada en algunas áreas e imbricada en un territorio, como la de Navarra o la de Deusto, se ha frenado", lamenta Ruiz. "Ahora tenemos universidades privadas que solo buscan crecer y abrir nuevos grados, másteres y campus por toda España a toda costa y sacrificando el nivel de calidad. No se pueden replicar grupos de investigación potentes como si fueran churros. No son universidades que vayan a dejar patentes, transferencia e investigación de calidad", lamenta. Y compara, en este sentido, la Loyola de Sevilla, la primera privada andaluza (abierta en 2011), de la Utamed, enfocada sobre todo a la mera empleabilidad del alumnado. "¿Estás cansado de estudiar para nada? Vente a Utamed y olvídate de los temarios sin foco y de las horas sin teoría. En Utamed, universidad y empleabilidad se unen", destacan en sus vídeos promocionales.

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Además de esas dos, Andalucía ha dado luz verde también a la Alfonso X el Sabio Mare Nostrum y la Europea de Andalucía, que todavía no han iniciado su actividad en Málaga, y a la CEU Fernando III de Sevilla, que sí lo ha hecho.

Control de la protesta

En cualquier caso, Madrid y Andalucía no sólo se parecen en la estrategia privatizadora que pasa por el deterioro público. Sus dos gobiernos del PP, además, han puesto ya encima de la mesa leyes que pretenden limitar las protestas que este tipo de políticas puedan generar en los campus públicos. El borrador de la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC) de Isabel Díaz Ayuso pretende castigar por ejemplo con sanciones que alcanzan los 100.000 euros "permitir que manifestaciones o acciones no autorizadas impidan el libre ejercicio de actividades autorizadas" o "permitir la ocupación de cualquier lugar del campus". Es decir, serían sancionables los escraches o incluso las acampadas por Palestina.

Por su parte, el Anteproyecto de Ley de Universidades para Andalucía (LUPA) consultado por infoLibre contempla, por ejemplo, que será un decreto de Consejo de Gobierno de la Junta, previo informe del Consejo Andaluz de Coordinación Universitaria, el que establezca el "marco para el ejercicio del derecho al paro académico, su declaración y su posterior desarrollo por las universidades". Se abre la puerta por primera vez, además, a que los rectores de las universidades privadas formen parte de ese Consejo.