De los alquileres al paquete de leyes de igualdad: la letra pequeña de las divisiones en el Gobierno PSOE-Unidas Podemos

Dicen quienes conocen los entresijos del Gobierno de coalición que desde hace poco más de un año, cuando arrancó el Ejecutivo que lidera Pedro Sánchez, ha habido tensiones importantes que no han saltado los muros del Consejo de Ministros. Que es normal que discutan y que España tiene mucho camino todavía por recorrer porque no tiene cultura de gobiernos de coalición y la cada vez mayor fragmentación parlamentaria va a imponer esta tendencia.

El 24 de febrero, en el Congreso de los Diputados, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pedía a Unidas Podemos "bajar los decibelios" de su confrontación con la parte socialista de la Moncloa, pero, a la vez, daba por hecho que el programa pactado iba a cumplirse. Que todo llegaría a su tiempo porque la legislatura va a ser larga y que la clave está en "combinar las estrategias con el realismo".

Mientras en Unidas Podemos se agarran a que las diferencias o discrepancias en el seno del Gobierno de las que ellos advierten se refieren simplemente a cuestiones que están firmadas, sobre el papel, bien en el acuerdo de coalición o en documentos posteriores. Y que, en este sentido, los socialistas no deberían llevarse las manos a la cabeza porque no se están inventando nada nuevo, los socialistas ponen el foco en los tiempos. En que es mejor legislar con "seguridad jurídica" antes de poner en bandeja a la derecha la presentación de recursos ante el Tribunal Constitucional. Algo, insisten en lo que es "experta" la derecha.

Las discrepancias que han saltado a la luz pública en las últimas semanas tienen que ver, sobre todo, con cuestiones relacionadas con la vivienda y el paquete legislativo de Igualdad. ¿Qué decía el documento pactado entre PSOE y Unidas Podemos al respecto? infoLibre repasa la letra pequeña de este acuerdo.

Vivienda

El programa tiene un apartado entero, el 2.9, dedicado a vivienda con una serie de compromisos concretos entre los que figura el impulso de "la política de Vivienda con un incremento en la dotación de recursos", la puesta en marcha "de un Plan Estatal para la Rehabilitación de Viviendas" o el freno de "las subidas abusivas del alquiler".

Además, se aboga por fomentar "el alquiler social para las personas que, tras haber cedido o perdido en ejecución hipotecaria su vivienda única y habitual, no dispongan de alternativa habitacional" y por estudiar "obligaciones adicionales para los grandes tenedores de vivienda".

También se fijó como prioridad dar respuesta a los problemas del alquiler turístico y la movilización de "suelo público para vivienda en alquiler social o asequible".

Todo lo relacionado con el tema de los alquileres fue clarificado en octubre en la denominada Declaración sobre regulación de los precios del alquiler, en el marco de las negociaciones entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias sobre la regulación de los precios del alquiler. Gracias a la firma de este documento, la formación morada dio su apoyo al proyecto de cuentas públicas para 2021.

"Para cumplir con lo acordado en el acuerdo de Gobierno de Coalición entre Unidas Podemos y PSOE, ambas formaciones han acordado regular la contención de las rentas del alquiler en la Ley de Vivienda que en estos momentos se encuentra en información pública previa a propuesta del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana", puede leerse en el arranque del texto.

"Serán coproponentes de la ley el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y la Vicepresidencia Segunda de Derechos Sociales y Agenda 2030. La ley se llevará al Consejo de Ministros en un plazo máximo de tres meses y se presentará en el Congreso de los Diputados en un máximo de cuatro meses", unos plazos que no se han cumplido.

En el acuerdo específico para los Presupuestos, de cuatro puntos, se aboga por "habilitar a las comunidades autónomas y/o ayuntamientos para que a partir del Sistema de Índices de Referencia de Precios del Alquiler de Vivienda desarrollado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana puedan establecer su índice de precios de acuerdo a una metodología objetiva y sujeto a revisión periódica".

Además, se abogó por "articular mecanismos básicos a aplicar en esas áreas que podrán ser complementados por las administraciones locales en coordinación con las administraciones autonómicas". Estas, a su vez, "podrán declarar de forma objetiva y fundamentada en criterios técnicos, con carácter temporal y excepcionalmente, una zona urbana de mercado tensionado cuando se haya producido un incremento abusivo y sostenido de las rentas del alquiler". 

En el sector de Unidas Podemos del Gobierno recalcan, además, que estos compromisos han quedado más que ratificados desde el momento en el que el martes 2 de marzo, el Consejo de Ministros aprobase el documento de Directrices Generales para la Estrategia de Desarrollo Sostenible. En este, subrayan desde la formación morada que "el Gobierno se compromete de nuevo a cumplir con el acuerdo de Gobierno y a regular los precios del alquiler a través de la futura Ley de Vivienda, que se está negociando en estos momentos"

Diversidad e Igualdad

Dentro del apartado 5.12, "un país orgulloso de su diversidad" se incluyen una serie de cuestiones que también han provocado roces en las últimas semanas.

Entre los compromisos, figuran los siguientes: "Impulsaremos la aprobación de un paquete de medidas en favor de la igualdad de trato, la no discriminación y la valoración positiva de la diversidad", "aprobaremos una Ley Integral para la Igualdad de Trato y la no Discriminación", "aprobaremos una Ley contra la Discriminación de las Personas LGBTI, incluyendo la prohibición a nivel nacional de las llamadas terapias de reversión y también se habla del impulso de "una Ley trans que trabaje de forma efectiva para erradicar todas las formas de discriminación hacia las personas trans en todos los ámbitos".

No hay más concreciones en el texto del pacto.

Y ¿qué ha pasado con esto? Pues que le ley de Igualdad de Trato, bautizada como ley Zerolo, fue registrada por el Grupo Parlamentario Socialista de forma independiente en el Congreso de los Diputados. Y fue admitida a trámite por la Cámara con la abstención de Unidas Podemos. Desde la formación morada verbalizaron su sorpresa por el hecho de que algo que debía ser presentado como proyecto conjunto haya sido presentado de forma aislada por los socialistas.

Respecto a la ley trans, continúan las discrepancias entre las ministras Irene Montero y Carmen Calvo. Donde los morados ven continuos intentos de poner palos sobre la rueda en el PSOE, los socialistas sólo ven una cuestión de "tiempos". Y dicen no entender las "prisas" de sus compañeros de Consejo de Ministros.

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Salario mínimo interprofesional

"Subiremos el Salario Mínimo Interprofesional hasta alcanzar progresivamente el 60% del salario medio en España tal y como recomienda la Carta Social Europea. Se convocará la mesa del Dialogo Social al objeto de promover un acuerdo que será la base para la propuesta del Gobierno. Se creará una Comisión asesora del Ministerio de Trabajo y a disposición del Diálogo Social, compuesta por profesionales de reconocido prestigio, académicos y representantes de los sindicatos y empresarios, que estudiará la evolución del Salario Mínimo Interprofesional. Para su análisis se tendrán en cuenta, entre otras cuestiones, el índice de precios de consumo, la productividad media nacional alcanzada, el incremento de la participación del trabajo en la renta nacional, y la coyuntura económica general", esto es lo que refleja el texto sobre el SMI.

En enero de 2020, el Gobierno de coalición acordó con los sindicatos y la patronal subir 50 euros el SMI, quedando en 950 euros brutos mensuales –en 14 pagas–. A finales de ese año, Unidas Podemos hizo bandera de un nuevo alza pidiendo la equiparación de la subida salarial de los funcionarios de un 0,9% al SMI, lo que suponía unos 9 euros aproximadamente. Pero se cerró sin acuerdo. En la parte socialista justificaban la negativa en base a la "prudencia" e insistiendo en que "en ningún caso" estaban renunciando a los compromisos acordados. Porque ese 60% es para la legislatura.