Amnistía Internacional considera "desproporcionado" prohibir el derecho de manifestación, "incluso aunque se realice cerca de los domicilios privados de los actores a los que quieren transmitir su mensaje, crítica o protesta”, señaló su director, Esteban Beltrán. En un comunicado, la ONG sale en defensa de los escraches –protestas ante responsables públicos que pueden tener lugar en actos públicos o en el ámbito privado como las que han realizado activistas a favor del derecho a la vivienda y afectados por las hipotecas– siempre que, como viene ocurriendo, se desarrollen de forma pacífica y recuerda al Gobierno que el derecho internacional no permite, y muchos menos establece, la restricción a la libertad de expresión, simplemente porque otras personas lo encuentren ofensivo o porque las autoridades digan que constituye un riesgo para el orden público.
Tanto la jurisprudencia internacional como el propio Tribunal Constitucional, insiste la ONG, han reiterado que los responsables políticos deben aceptar las críticas, aunque sean ingratas, molestas o incómodas.
En este sentido, Amnistía Internacional "lamenta" y dice considerar "graves" las declaraciones que diversas autoridades y algunos miembros del PP están realizando contra las "protestas pacíficas" de los miembros y simpatizantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Por ello, la organización se ha dirigido a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saenz de Santamaría para pedirle también que "no se admitan los ataques" contra todo un colectivo que reivindica sus derechos, que se reconozca la legitimidad de sus reivindicaciones y que tome acciones efectivas para que medidas administrativas o sancionadoras, como la aplicación de multas, no repercuta en el derecho a participar en manifestaciones pacíficas.
También reclama a la número dos del Gobierno que no permita medidas restrictivas contra el derecho de manifestación pacífica y que aclare la veracidad de la orden del Ministerio del Interior de no permitir concentraciones a menos de 300 metros del lugar de residencia de los políticos de manera generalizada. "En caso de que esta orden se haya producido, la medida sería desproporcionada", señala.
Así, Amnistía Internacional se muestra "preocupada" por el "intento de estigmatización a todo un colectivo con acusaciones genéricas de 'pertenecer a organizaciones filoetarras', 'utilizar prácticas nazis', e incluso que se pidan 'medidas contundentes por parte de las fuerzas de seguridad del Estado', con el propósito de deslegitimar unas reivindicaciones, que, por supuesto, son legítimas".
Declaración de Naciones Unidas
Interior pide a los agentes referirse a los “escraches” como “acoso, amenazas y coacciones”
La ONG recuerda que la Asamblea General de Naciones Unidas, en su Declaración sobre el derecho y deber de los individuos, los grupos e instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos, recuerda que "toda persona, individual o colectivamente tiene derecho a participar en el gobierno de su país y en la gestión de los asuntos públicos, lo que comprende presentar críticas y propuestas, y llamar la atención contra cualquier aspecto que pueda obstaculizar o impedir la promoción, protección y realización de los derechos humanos y libertades fundamentales".
Asimismo, señala que el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, en un informe de 2013, recordó que "ninguna persona puede ser criminalizada o sujeta a amenazas o actos de violencia, persecución, intimidación o represalias por denunciar violaciones de derechos humanos en el contexto de la protesta pacífica". “Lo que es imprescindible es que el Estado adopte medidas eficaces para reconocer la legitimidad de este colectivo y de sus reivindicaciones”, manifestó Beltrán.
Por otro lado, la organización recuerda que el Estado español tiene la obligación de garantizar el ejercicio pacífico a la libertad de expresión en cumplimiento del reconocimiento al derecho de manifestación pacífica que recoge el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas y el Convenio Europeo de Derechos Humanos, de los cuales España es Estado parte. Y argumenta que tanto las Directrices sobre Libertad de Reunión de la OSCE como la Comisión Europea para la Democracia del Consejo de Europa entienden que "una 'manifestación pacífica' puede incluir conductas que incomoden, dificulten, impidan u obstruyan temporalmente actividades de terceros, e incluso que lleguen a ser hostiles". El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, concluye, "también tiene sentencias en esta misma línea".
Amnistía Internacional considera "desproporcionado" prohibir el derecho de manifestación, "incluso aunque se realice cerca de los domicilios privados de los actores a los que quieren transmitir su mensaje, crítica o protesta”, señaló su director, Esteban Beltrán. En un comunicado, la ONG sale en defensa de los escraches –protestas ante responsables públicos que pueden tener lugar en actos públicos o en el ámbito privado como las que han realizado activistas a favor del derecho a la vivienda y afectados por las hipotecas– siempre que, como viene ocurriendo, se desarrollen de forma pacífica y recuerda al Gobierno que el derecho internacional no permite, y muchos menos establece, la restricción a la libertad de expresión, simplemente porque otras personas lo encuentren ofensivo o porque las autoridades digan que constituye un riesgo para el orden público.