El dedo acusador por el fracaso en el acceso a las vacunas de los países pobres suele apuntar a las farmacéuticas y los Estados. Y no es que el recién publicado informe Dosis doble de desigualdad, de Amnistía Internacional, no lo dirija hacia unas y otros. Lo hace y con extensión y detalle. Pero es que además amplía el barrido y señala también hacia donde no suele mirarse: las grandes compañías detrás de las farmacéuticas [ver aquí un resumen ejecutivo del informe y aquí el documento completo, en inglés].
Se trata de diez súper empresas, ocho de ellas de Estados Unidos, con participaciones de más de 213.000 millones de euros en seis farmacéuticas clave en el desarrollo de vacunas. Entre estos diez bancos, gestores de activos y fondos, en los que sobresalen nombres como Vanguard, BlackRock y State Street, poseen o gestionan el 32,7% de las de acciones de Pfizer, el 27,9% de las de Johnson & Johnson, el 24,7% de las de Moderna, el 23,5% de de AstraZeneca y el 17,4% de las de Novavax.
Seis grandes farmacéuticas
El informe ofrece una "imagen muy sombría" de seis farmacéuticas que "tienen en sus manos la suerte de miles de millones de personas": AstraZeneca, BioNTech, Johnson & Johnson, Moderna, Novavax y Pfizer. Según Amnistía, dichas compañías, a pesar de haberse beneficiado de ayudas públicas y pedidos anticipados que reducen el riesgo ligado a la investigación, "avivan una crisis sin precedentes de derechos humanos con su negativa a renunciar a los derechos de propiedad intelectual y compartir la tecnología".
"Mediante sus acciones y omisiones –añade la organización internacional–, han terminado por perjudicar los derechos humanos de los miles de millones de personas que carecen de acceso a la vacuna".
Acceso global y propiedad intelectual
Amnistía destaca que las empresas se han negado a participar en las iniciativas coordinadas, como C-TAP, para facilitar un acceso global, así como a los intentos de suavizar las normas sobre propiedad intelectual, como el protagonizado por India y Sudáfrica. Ninguna de las empresas ha concedido licencias globales y no exclusivas a otras compañías, añade el informe, que no ha evaluado a las empresas chinas y rusas porque facilitan menos información corporativa.
Igualmente, "ninguna" de las seis empresas estudiadas ha revelado "los costes desglosados de investigación, desarrollo, producción, comercialización, distribución y otros datos cruciales para optimizar la producción y asignación de la vacuna", señala el informe. "Su enfoque –a pesar de los compromisos de AstraZeneca y Johnson & Johnson de vender a precio de coste durante la pandemia– ha fracasado en última instancia a la hora de abordar la crisis sanitaria mundial", añade.
Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, afirma: "El bloqueo deliberado por parte de las grandes farmacéuticas de la transferencia de conocimientos y los tratos poco claros que hicieron en beneficio de los Estados ricos han gestado una escasez de vacunas”, ha manifestado. Con todo ello, menos del 10% de la población de los países de ingresos bajos y medianos bajos está totalmente vacunada, según la ONG.
Amnistía Internacional recoge ejemplos de conductas contrarias al acceso global. Aquí van algunas, empresa por empresa, tomadas de la investigación de la ONG:
– Pfizer y BioNTech han suministrado sólo a Suecia vacunas en cantidad nueve veces superior a la de todos los países de bajos ingresos juntos, que han recibido menos del 1% de su producción. Gracias a los elevados precios que aplican, estas empresas prevén ingresos por valor de más de 86.000 millones de dólares (más de 73.300 millones de euros) a finales de 2022.
– Moderna aún no ha entregado "una sola dosis" a los países de bajos ingresos, ha facilitado sólo el 12% de sus vacunas a los países de ingresos medio-bajos y no entregará la gran mayoría de sus pedidos para el Covax, una iniciativa de acceso equitativo mundial, hasta 2022. Esta empresa obtendrá ingresos por valor de más de 47.000 millones de dólares (más de 40.000 millones de euros) a finales del año próximo.
– Johnson & Johnson no cumplirá la gran mayoría de los compromisos que ha adquirido con el Covax y la Unión Africana hasta 2022. Además, "se ha negado a conceder una licencia a un fabricante canadiense que se ofrece a producir millones de dosis más", según el informe.
– AstraZeneca, cuyo papel es destacado favorablemente a pesar de las críticas, ha entregado la mayoría de sus vacunas a los países de bajos ingresos y ha concedido algunas licencias voluntarias a otros fabricantes. Sin embargo, se ha negado a compartir sus conocimientos y tecnología con las iniciativas de la OMS y se ha opuesto a suavizar las normas de propiedad intelectual, según el informe.
– Novavax, pendiente de que se apruebe el uso de su vacuna, tiene previsto dedicar casi dos tercios al Covax, pero se ha negado a compartir sus conocimientos y su tecnología y se ha opuesto a suavizar las normas de propiedad, siempre según el informe.
Los grandes inversores
¿Se queda ahí Amnistía Internacional? No. A partir de información procedente de Bloomberg, mapea a los gigantes que hay detrás de las seis farmacéuticas criticadas. Los 10 mayores, principalmente gestores de activos, fondos de inversión y bancos con sede en Estados Unidos, tienen participaciones combinadas por valor de más de 250.000 millones de dólares (más de 213.000 millones de euros).
Aunque ninguno de ellos posee o gestiona más del 10% de una única empresa, el tamaño del conjunto de sus inversiones —así como el total de sus carteras en todo el sector— les da un peso crucial, analiza el informe, ya que poseen o gestionan el 32,7% de las acciones de Pfizer, el 27,9% de las de Johnson & Johnson, el 24,7% de las de Moderna, el 23,5% de de AstraZeneca y el 17,4% de las de Novavax.
"En el contexto de las vacunas covid-19, la influencia de este pequeño grupo de empresas es significativa", señala el informe, que lamenta que ninguna de las compañías se encontrara entre las 150 que, en febrero de este año, se sumaron a un llamamiento público para que las farmacéuticas apoyaran “una respuesta global, justa y equitativa a la pandemia”. Y ello a pesar de que se trata con compañías que, sin excepción, tienen establecidos compromisos en materia de derechos humanos.
Vanguard, BlackRock, State Street...
La compañía más importante, según el listado elaborado por Amnistía Internacional, es Vanguard Group (EEUU), un gestor de fondos que con acciones por un valor total de más de 66.000 millones de dólares (más de 56.200 millones de euros) en AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna, Novavax y Pfizer.
BlackRock (EEUU) tiene 62.000 millones de dólares (casi 53.000 millones de euros) invertidos en las seis empresas destacadas. Va detrás State Street, también en EEUU, con más de 36.000 millones de dólares (más de 30.000 millones de euros) invertidos en todas las empresas evaluadas, excepto en BioNTech.
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Los siguientes son Capital Group, Wellington Management (ambos de EEUU), Baillie Gifford (Reino Unido), Bank of America, Bank of New York Mellon y Morgan Stanley. Cierra la suiza UBS, con casi 6.900 millones de dólares en acciones (cerca de 5.900 millones de euros), según la información contenida en el informe.
Además de exigencias y recomendaciones a Estados y farmacéuticas, Amnistía Internacional se dirige a estos inversores. "Una vez que un inversor ha identificado impactos adversos potenciales o reales, debe comprometerse con su empresa participada y ejercer su influencia para mitigarlos", señala el informe. "También deben insistir en que sus empresas participadas lleven a cabo su propia diligencia debida [due diligence] en materia de derechos humanos", añade la ONG, que reclama además divulgación de las medidas adoptadas.
Coincidiendo con la publicación de este informe, Amnistía ha lanzado una campaña global —con el respaldo de la OMS y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos— para pedir cuentas a los Estados y las grandes farmacéuticas. La campaña Cuenta atrás de 100 días: ¡2.000 millones de vacunas contra la covid-19 ya! exige que se cumpla el objetivo de la OMS de vacunar al 40% de la población de los países de ingresos bajos y medianos bajos antes de que termine el año.