Tras meses de parálisis, este lunes el Congreso reactivó el proceso de reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como ley mordaza. La Cámara Baja rechazó hace casi un mes derogarla la normativa –como reclamaba el PSOE– y optó por llamar a una serie de expertos para la nueva redacción. PP y Ciudadanos llamaron a policías, y PSOE y Unidos Podemos, por su parte, a juristas y representantes de organizaciones de Derechos Humanos como Amnistía Internacional. Su presidente, Esteban Beltrán, acudió a la cita con el objetivo claro: hay que acabar con las "violaciones de derechos humanos" que provoca esta ley.
"Desde su entrada en vigor el 1 de julio de 2015 al 31 de diciembre de 2017, se han impuesto una media de 80 multas diarias", denunció. Y estas han sido, en su mayoría, "contra activistas que defienden el derecho a la vivienda o el medioambiente, obstaculizando su derecho a expresar sus reivindicaciones de manera pacífica", añadió la organización a través de un comunicado hecho público este lunes.
En este sentido, todas las sanciones impuestas en estos tres años fueron en aplicación de los artículos 37.4 y 36.6 de la normativa. El primero se refiere a las "faltas de respeto o consideración cuyo destinatario sea miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones". Según Amnistía, las multas que ha originado podrían haber superado los seis millones de euros: en 2016 se impusieron al menos 19.497 sanciones y en 2017 ascendieron a 21.122.
Por su parte, el artículo 36.6 de la ley mordaza considera grave "la desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación", recoge la organización. Este punto castiga con sanciones de hasta 30.000 euros. Según documentó Amnistía, en 2016 se impusieron 12.094 multas y en 2017 llegaron a las 13.033, lo que podría haber recaudado hasta 15 millones y medio.
La organización, además, ya avisó cuando se tramitó la ley de que esta "ampliaba el poder discrecional de los agentes policiales, sin ningún mecanismo de control para evitar actuaciones policiales arbitrarias y/o abusivas, lo que puede implicar impunidad ante la prevalencia de la posición de la administración frente a los ciudadanos, en todo el procedimiento sancionador". Por ello, ahora reclaman lo que tienen otros países de nuestro entorno como Bélgica, Reino Unido o Irlanda: un mecanismo independiente de investigación que tenga un mandato de supervisión de la actuación policial".
Acabar con las devoluciones en caliente
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Pero desde la organización también han insistido en lo que llevan años reclamando: es necesario revisar la ley mordaza para que se acaben las devoluciones en caliente de migrantes en frontera. La Ley de Seguridad Ciudadana aprobó una disposición adicional de la Ley de Extranjería que legalizaba, de facto, las devoluciones sumarias que llevaban años practicándose. Concretamente, se trata de la disposición décima, que establece que "los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla [...] podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España".
"Las expulsiones sumarias, además de estar prohibidas por el derecho internacional, pueden tener consecuencias terribles para los derechos humanos de las personas que intentan llegar a España huyendo de sus países, pudiendo vulnerar el principio de no-devolución", critican desde Amnistía.
Además, según expresó el presidente de la organización, la ley también está sancionando a las mujeres víctimas de trata. Esto se debe a que, según ha explicado, la norma permite sancionar a aquellas mujeres que, tras un apercibimiento de las fuerzas de seguridad, vuelvan a ser vistas ejerciendo la prostitución en la calle, considerándolo un delito de resistencia a la autoridad. "No se está protegiendo a mujeres en espacial situación de vulnerabilidad", declaró Beltrán antes de mostrar su "preocupación" porque, además, esta situación supone una mayor visibilidad para la víctima ante la mafia que la explota.
Tras meses de parálisis, este lunes el Congreso reactivó el proceso de reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como ley mordaza. La Cámara Baja rechazó hace casi un mes derogarla la normativa –como reclamaba el PSOE– y optó por llamar a una serie de expertos para la nueva redacción. PP y Ciudadanos llamaron a policías, y PSOE y Unidos Podemos, por su parte, a juristas y representantes de organizaciones de Derechos Humanos como Amnistía Internacional. Su presidente, Esteban Beltrán, acudió a la cita con el objetivo claro: hay que acabar con las "violaciones de derechos humanos" que provoca esta ley.