300.000 personas, según Societat Civil Catalana (SCC) y 50.000 según la Guardia Urbana. Esa horquilla tan amplia es la que separa la imagen de éxito que los organizadores de la manifestación del domingo contra la amnistía —y la investidura de Pedro Sánchez—, apoyados el PP y Vox, quieren dar de respaldo ciudadano a sus posiciones políticas, de los cálculos llevados a cabo por funcionarios del Ayuntamiento de Barcelona. Una demostración de fuerza, según SCC, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y la prensa afín, que este lunes describía la protesta en términos grandilocuentes.
¿Fue tan relevante la manifestación? El Mundo la considera “un rotundo clamor en defensa del Estado de Derecho y en rechazo a la amnistía a los encausados por el procés; una concentración epítome de la emoción constitucional que subyace tras el hastío provocado por las cesiones ante las fuerzas separatistas”. “La Cataluña de la mayoría tomó la calle”, publicó sin matices La Razón.
Memoria frágil
La memoria de la derecha, sin embargo, es frágil. Si España está a punto de romperse, viene un nuevo referéndum de independencia y la amnistía que prepara el Gobierno en funciones va a destruir la Constitución, la respuesta de los catalanes constitucionalistas no estuvo a la altura. Sobre todo si se compara con la cifra de ciudadanos que salió a la calle el 8 de octubre de 2017, la gran referencia de la Cataluña que se opone al soberanismo. Porque en aquella ocasión, también según datos de Societat Civil Catalana, participaron casi un millón de personas (la Guardia Urbana calculó unas 300.000).
En plena euforia contra el procés, y espoleados por la intervención de la autonomía catalana decidida pocos días antes por el Gobierno de Mariano Rajoy con el permiso del Senado, los mismos organizadores mejoraron su apuesta el 28 de octubre con una manifestación que, sostuvo entonces SCC, alcanzó el récord de 1.100.000 manifestantes (la Guardia Urbana volvió a hablar de 300.000 personas).
Para entonces, el destituido president de la Generalitat, Carles Puigdemont, planeaba ya su fuga —la consumó dos días después— y la euforia entre los catalanes contrarios a la independencia era evidente. Rajoy había puesto fecha a unas nuevas elecciones, que se celebrarían el 21 de diciembre, y los manifestantes gritaban: “Votarem (Votaremos)”. En ambos casos se sumaron el PSOE y el PSC, pero no lo volvieron a hacer.
Comienza el declive
Eran los días de gloria de Ciudadanos, cuya candidata, Inés Arrimadas, logró alcanzar el primer puesto en aquellas elecciones, si bien la combinación de fuerzas soberanistas consiguieron mantener la mayoría absoluta. Aquel fracaso, la imposibilidad de trasladar la supuesta mayoría social del constitucionalismo a las urnas, fue el comienzo del declive de las movilizaciones.
El 18 de marzo de 2018, Los partidos contrarios al independentismo se manifestaron de nuevo por las calles de Barcelona para reclamar la formación de un Govern que abandonase el procés. No tuvo mucho éxito: la Guardia Urbana de Barcelona cifró la asistencia en 7.000 personas y aunque los organizadores engordaron el cálculo hasta las 200.000 (cinco veces menos que cinco meses antes), la pérdida de fuelle se hizo evidente.
El 27 de octubre de 2019, SCC volvió a convocar a los catalanes, con el apoyo de los partidos de la derecha, para respaldar las condenas del Tribunal Supremo a los líderes del procés, que motivaron graves disturbios en la calle durante varias semanas. En aquella ocasión, la Guardia Urbana habló de 80.000 personas, y la organización de 400.000.
Percepción diferente
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La comparación con las convocatorias precedentes evidencia hasta qué punto ni siquiera los ciudadanos más compromisos en contra del independentismo se sienten interpelados por una situación de excepción como la que supuso la declaración unilateral de independencia de 2017 por más que Vox y el PP, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, proclamen todos los días la supuesta extrema gravedad de la situación que vivirá España si el Gobierno de España aprueba medidas de gracia para poner fin a las consecuencias judiciales y administrativas del referéndum ilegal.
La ruptura promovida por el independentismo en octubre de 2017 sacó a la calle a un millón de personas, según la cifra más abultada, la de los propios organizadores de Societat Civil Catalana, en dos convocatorias separadas: el 8 y el 28 de ese mismo mes. Eso son cuatro veces más participantes que los que SCC dice que se movilizaron este domingo contra la amnistía. Si comparamos los cálculos de la Guardia Urbana, el contraste es aún mayor: seis veces menos este domingo que hace seis años.
Las cifras, en realidad, se parecen más a las de la manifestación de octubre de 2019 en apoyo de las condenas a los dirigentes del procés. Aunque siguen estando por debajo: 100.000 personas menos, según los datos de Societat Civil Catalana (un 25% debajo de 2019). 30.000 por debajo, según la Guardia Urbana (casi un 40% menos que hace cuatro años).
300.000 personas, según Societat Civil Catalana (SCC) y 50.000 según la Guardia Urbana. Esa horquilla tan amplia es la que separa la imagen de éxito que los organizadores de la manifestación del domingo contra la amnistía —y la investidura de Pedro Sánchez—, apoyados el PP y Vox, quieren dar de respaldo ciudadano a sus posiciones políticas, de los cálculos llevados a cabo por funcionarios del Ayuntamiento de Barcelona. Una demostración de fuerza, según SCC, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y la prensa afín, que este lunes describía la protesta en términos grandilocuentes.