La exalcaldesa de Madrid Ana Botella ha cerrado filas con la gestión de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) en lo relativo a la venta de 1.860 viviendas protegidas a un fondo de inversión en 2013 al defender que el equipo directivo cumplió con la legalidad y con el objetivo de mantener el fin social.
"Se respetaron todos los derechos de los arrendatarios", ha aseverado en el juicio que se celebra por el presunto expolio de vivienda social a preguntas del letrado Mariano Benítez de Lugo, abogado que representa a la Asociación de Afectados por la Venta de la EMVS, ha recogido Europa Press.
Mientras comparecía se han podido escuchar gritos de la veintena de afectados que se concentraba a las puertas de la Audiencia Provincial de Madrid para exigir responsabilidades a la que fuera alcaldesa de Madrid entre 2011 y 2015, época en la que se desarrolló este proceso de enajenación.
Tranquila y con voz firme, ha insistido en varias ocasiones en que "el equipo directivo cumplió todos los objetivos que marcaba la ley, entre ellos mantener el fin social". "La situación era desoladora. La EMVS no podía pagar las nóminas ni a los proveedores y no podía acceder a créditos", ha relatado en la misma línea con lo manifestado por el principal acusado en la causa, el exconsejero delegado de la EMVS Fermín Oslé.
Es la primera vez que la exdirigente conservadora se pronuncia sobre la enajenación de viviendas, manifestando al respecto que "todo se hizo conforme a la legalidad" y que se respetaron "todos los derechos de los inquilinos". "El Ayuntamiento de Madrid lo único que hizo es cumplir la ley", ha manifestado.
Botella ha explicado que el consejo de administración de la EMVS adoptaba las decisiones y la Junta de Gobierno de la ciudad de Madrid, constituida en Junta de Accionistas, aprobaba algunas.
A preguntas de Benítez de Lugo ha señalado que gracias al plan de viabilidad "confeccionado y diseñado" por el equipo directivo, hoy "la EMVS pervive y sigue cumpliendo con su objetivo social". "Gracias a ese plan, hoy pervive la empresa manteniendo a sus trabajadores y cumpliendo además su fin social. Había una situación desoladora", ha reseñado.
El abogado de la EMVS ha preguntado si se cercioraron de si se subrogaron las condiciones a las que tenían los inquilinos, a lo que ha respondido que "se cumplió con la ley". "Con el cumplimento de la ley, siempre, siempre, se subrogan y en este caso, también", ha apostillado.
No compareció en la Comisión
Botella, al igual que hicieron otros cargos del PP, se negó a comparecer en la Comisión de Investigación sobre la deuda y las políticas públicas del Ayuntamiento de Madrid, donde estaba llamada a comparecer para abordar este asunto.
En junio de 2011, el Tribunal Supremo absolvió a Botella y a siete miembros de su equipo por la citada venta al desestimar una queja que planteó la exedil socialista Mercedes González contra el Tribunal de Cuentas por impedirla recurrir el asunto en calidad de vecina.
A juicio el caso de la venta de 1.860 viviendas públicas a un fondo de inversión en el mandato de Ana Botella
En la vertiente económica del caso, el Tribunal de Cuentas revocó una sentencia condenatoria y exoneró a la exalcaldesa y a siete miembros de su equipo. La sentencia revocada condenaba a los acusados a abonar solidariamente de sus bolsillos 22,7 millones de euros.
En la primera sesión del juicio, los Afectados por la Venta de Viviendas de la EMVS lamentaron que la exdirigente no se sentara en el banquillo de los acusados al considerar que tuvo "bastante responsabilidad" en la operación.
En concreto, aludían a que el 20 de junio de 2013 el Ayuntamiento de Madrid aprobó en Junta de Gobierno, presidida entonces por Botella, la venta de 1.860 viviendas de protección oficial al fondo Blackstone-Magic Real Estate, tras haber valorado 4 ofertas de empresas. La exalcaldesa manifestó en un pleno posterior que "sólo cambiaba el propietario".
La exalcaldesa de Madrid Ana Botella ha cerrado filas con la gestión de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) en lo relativo a la venta de 1.860 viviendas protegidas a un fondo de inversión en 2013 al defender que el equipo directivo cumplió con la legalidad y con el objetivo de mantener el fin social.