La ministra de Sanidad, Ana Mato, defendió este miércoles la gestión que el departamento que dirige ha hecho de la Ley de Dependencia desde la llegada del PP a La Moncloa. Entre otras afirmaciones dijo que "dos de cada tres personas en lista de espera pertenecen precisamente a una comunidad autónoma presidida por su partido político". Hizo estas declaraciones durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados en respuesta a una pregunta del diputado del PSOE Miguel Ángel Heredia Díaz.
Los datos, sin embargo, certifican que esta afirmación no se ajusta a la realidad. A 30 de septiembre de 2014 –últimos datos publicados– había en todo el país 172.978 personas que estaban a la espera de recibir una ayuda o prestación que tenían reconocida. En Andalucía, los dependientes en esta situación eran 56.468 (este número se obtiene de la diferencia entre el número de personas con derecho reconocido –214.543– y las que están recibiendo la ayuda –158.075–). Y en Asturias eran 1.992, pues del total de 16.995 dependientes con derecho reconocido 15.003 ya están siendo atendidos. Por tanto, la suma de las personas que están a la espera en los territorios gobernados por los socialistas es de 58.460. Esta cantidad supone un tercio del total de personas en espera (172.978), no dos como señaló Mato en sede parlamentaria.
Sin embargo, esta no es la única observación matizable que hizo la ministra. También presumió de que la lista de espera se hubiera "reducido un 43,46%" desde que gobierna el PP. Los datos oficiales reflejan que existe una paulatina reducción del número de personas con derecho reconocido que permanecen a la espera de un servicio o prestación. Y eso es algo que Sanidad se encarga de repetir como un logro cada mes. En diciembre de 2011 las personas en espera de ayuda eran 305.941. Un año después eran 231.119. En diciembre de 2013 eran 190.503. Y en septiembre de este año –últimos datos publicados– 172.978. La reducción es, por tanto, del 43,46% tal y como dijo Mato.
Sin embargo, un dato que obvió la ministra es que la abultada reducción de la lista de espera no lleva aparejado un aumento en el número de beneficiarios por el trasvase de personas de un grupo a otro. No ha habido un incremento de las atenciones. De hecho, entre diciembre de 2011 y septiembre de 2014 ha habido incluso un descenso neto de las personas que cuentan con algún tipo de ayuda o prestación. Han pasado de 738.587 a 723.471. El descenso es, por tanto, de 15.116 usuarios.
Durante ambos periodos las personas a la espera de atención pasaron de 305.941 a 172.978. Hubo, en consecuencia, 132.963 personas que salieron de la lista de espera. José Manuel Ramírez, presidente de la Plataforma de Directores y Gerentes de Servicios Sociales explica que su salida es consecuencia en gran parte de haber fallecido antes de recibir ninguna prestación o de haber perdido el derecho a la atención al haberse valorado su dependencia con un grado I y nivel 2 –los llamados moderados– que no entrarán al sistema hasta el 1 de julio de 2015. Por otro lado, la ampliación en 2012 del plazo de ejecución de la prestación, que pasó de seis meses a dos años y medio, también ha sido fundamental para la reducción del cómputo total de dependientes en espera.
Grandes dependientes
Asimismo Ana Mato resaltó que el Gobierno del PP había dado "prioridad" a los llamados grandes dependientes, que son los que tienen más dificultades para vestirse, desplazarse o comer y necesitan más apoyo en su vida diaria. En mayo de 2014 (últimos datos disponibles porque Sanidad ha cambiado el sistema y desde junio no ofrece esta información en sus análisis) el número de personas valoradas con grado III, que incluye a los dependientes más graves, constituían el 24,07% de todas las evaluadas. Eran en total 367.354. En junio de 2011, mes en el que se reconoce un cambio de tendencia en negativo, constituían el 30,69% del total. En números absolutos eran 438.682. Es decir, en junio de 2011 había 71.328 personas más reconocidas como grandes dependientes que en mayo de 2014. Las cifras reflejan que, de media, cada mes el sistema ha dado cobertura a alrededor de 2.700 grandes dependientes menos.
Es cierto que los datos de 2011 aún no habían pasado por el tamiz del Tribunal de Cuentas, que evaluó la gestión de la ley y que en 2013 dictaminó que había en el sistema 13.418 expedientes que estaban duplicados o que pertenecían a personas ya fallecidas. No obstante son los únicos disponibles en la página web del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, que depende el Ministerio de Sanidad. Aunque se diera el caso poco probable de que todos esos expedientes pertenecieran a personas evaluadas como grandes dependientes, la diferencia seguiría siendo significativa. Habría 57.910 personas menos valoradas con grado III en mayo de 2014 respecto a junio de 2011.
Ramírez explica que la bajada paulatina de las personas con grado III de dependencia está relacionada con varios factores. Señala que entre estas personas están las que tienen mayor fragilidad y que, por tanto, es de esperar que en este grupo se produzcan más bajas por fallecimiento. No obstante, recuerda que también pueden influir los cambios introducidos en el baremo que, a su juicio, han "endurecido" las condiciones para el reconocimiento de este grado a los nuevos solicitantes.
Esta caída tiene que ver también con la situación de colapso en la que se encuentra el sistema, pues las comunidades no son capaces de mantener la tasa de reposición y fallecen más usuarios que beneficiarios nuevos entran en el sistema. Asimismo, Ramírez señala que en algunos territorios se están produciendo revisiones de grado de oficio que tienen como resultado dictámenes que reducen la valoración, pues el cambio en la valoración lleva aparejado una reducción en la asignación de fondos y un ahorro para la Administración que concede las ayudas.
Sin embargo, la reducción del número de personas calificadas con grado III no ha llegado aparejada de un aumento en el número de personas con grado II. Los datos corroboran esta afirmación, pues este grupo se ha mantenido constante. En junio de 2011 eran 437.202 las personas calificadas como dependientes severas. Y en mayo de 2014 eran 438.852. Es decir, ha habido un aumento de sólo 1.345 personas en términos absolutos.
Deuda con la Seguridad Social
Las ayudas a la Dependencia se estancan en cifras inferiores a las que heredó Rajoy en 2011
Otro de los datos que dio Mato es que a finales de 2011 "había una deuda de 1.204 millones con la Seguridad Social". Esta información sí que es totalmente certera pues hasta noviembre de 2012 el Estado pagaba las cotizaciones de las personas que cuidaban en sus domicilios a familiares dependientes. El Gobierno del PSOE dejó una deuda que ascendía a esa cantidad y que el Ejecutivo de Rajoy resolvió a través de una partida extra en los presupuestos de 2013.
Por otro lado, la ministra también informó de que se había avanzado hacia la creación de un mismo baremo de valoración y un catálogo común "para que la asistencia sea igual en todas las comunidades autónomas". Hasta el 31 de diciembre de 2013 el Estado aportaba un dinero a las comunidades por cada dependiente –es el llamado nivel mínimo de financiación– con el único criterio del grado de dependencia evaluado a cada persona. Y esta cantidad dependía de esa evaluación. Eran 177,86 euros por cada beneficiario de grado III y 82,84 por cada uno de grado II. El Gobierno acordó cambiar a partir de este año la financiación del nivel mínimo. Ya ha comenzado a financiar en función de los servicios prestados (residencias, centros de día, servicios de ayuda a domicilio) y no del grado de dependencia de cada persona. A partir de enero de 2015 habrá una ponderación entre los servicios ofrecidos y las prestaciones económicas para servicios prestados en el hogar para favorecer a las autonomías que prestan más servicios y que, por tanto, incurren en gastos mayores.
Asimismo, Mato también informó de que "se ha impulsado la atención profesional como marca la ley". Y esta afirmación también es cierta. Los datos reflejan como las prestaciones monetarias que se dan a los beneficiarios para que abonen un servicio, paguen a un cuidador profesional o sufraguen los gastos de una plaza en una residencia o centro de día han disminuido –de 405.537 en junio de 2011 a 382.431 en septiembre de 2014– y se han aumentado, por ejemplo, los cuidados residenciales de 128.122 a 129.191 en ese mismo período.
La ministra de Sanidad, Ana Mato, defendió este miércoles la gestión que el departamento que dirige ha hecho de la Ley de Dependencia desde la llegada del PP a La Moncloa. Entre otras afirmaciones dijo que "dos de cada tres personas en lista de espera pertenecen precisamente a una comunidad autónoma presidida por su partido político". Hizo estas declaraciones durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados en respuesta a una pregunta del diputado del PSOE Miguel Ángel Heredia Díaz.