El Gobierno andaluz (PP) amplió el acuerdo para contratar clínicas privadas a dedo con la justificación de la "sobrecarga" del sistema sanitario por la pandemia cuando el porcentaje de camas ocupadas por pacientes covid era del 1,11% y del 0,52% en el caso de las UCI. El "acuerdo de emergencia" original, de enero de 2021, durante el estado de alarma, ha sido objeto de cuatro prórrogas. Todas se firmaron tras una instrucción de la Consejería de Hacienda que no sólo advertía de la pérdida de un asidero legal para este tipo de contratos, sino también de que su uso debía ser "residual". Una de las prórrogas, la tercera, de septiembre de 2022, se firmó cuando había sólo 193 pacientes covid hospitalizados, nueve de ellos en la UCI.
El acuerdo original de enero de 2021 y las cuatro prórrogas suponen una cuantía final para contratos a dedo por la vía covid de 242,72 millones. Es más del triple de lo previsto inicialmente, 70 millones, y supone alargar 18 meses, hasta final de junio de 2023, el plazo inicialmente programado. Según ha comprobado infoLibre en el portal de contratación, la Junta ha firmado al menos 80 contratos por esta vía. Entre sus beneficiarios hay grandes grupos como Quirón, Vithas, HLA –los tres mayores por facturación–, Hospiten, Viamed y la Orden de San Juan de Dios, a los que se suman centros sanitarios independientes de diverso tipo en las ocho provincias.
El Gobierno andaluz, al mismo tiempo que niega toda ilegalidad y sostiene que era necesario externalizar para cumplir los "decretos de garantía", se ha comprometido esta misma semana a crear un nuevo "sistema" este mismo año. La Consejería de Salud (PP) explica así el porqué de la tercera prórroga: "Su necesidad se debe no tanto a la ocupación de pacientes covid en los hospitales como a los efectos derivados de la pandemia; es decir, en el periodo con alta ocupación covid, tanto en hospitalización como UCI, se reduce la prestación de atención sanitaria, impactando directamente esta situación sobre la demora de intervenciones quirúrgicas no urgentes, procedimientos diagnósticos, consultas externas... Por tanto, para poder dar respuesta a los efectos ocasionados por la pandemia y recuperar la actividad asistencial a los niveles anteriores de la crisis sanitaria se necesita prorrogar dicho expediente".
Hay voces que discrepan. "La pandemia dio una cobertura puntual para hacer contrataciones sin control. Aquí se ha prologando de forma que, al margen de si es legal o no, carece de justificación por el desarrollo de la situación sanitaria al menos desde mediados de 2021", critica Joan Carles March, especialista en medicina preventiva y salud pública, uno de los veinte científicos que firmaron en el verano de 2020 un artículo en The Lancet reclamando al Gobierno una evaluación independiente sobre la gestión del coronavirus.
El "acuerdo de emergencia"
Andalucía pasó una primera ola del covid relativamente suave. Su situación empeoró a final de 2020. El 20 de enero de 2021, cuando se firmó la primera resolución de la dirección del Servicio Andaluz de Salud (SAS), la que abre la vía covid de contratación a dedo de clínicas privadas con la justificación de la pandemia, en efecto el virus golpeaba con fuerza. Había 3.109 pacientes covid hospitalizados, ocupando un 17,69% de las camas y un 23,93% de las camas UCI. Eran cifras más bajas que las del conjunto de España (19,95% y 35,02%), pero podían encajar en la definición de "sobrecarga". Y esa era precisamente la justificación, la "sobrecarga" de la red pública en un contexto de "estado de alarma", con la que Miguel Ángel Guzmán, entonces director gerente del SAS, hoy viceconsejero de Salud (PP), firmó el documento para externalizar operaciones y diagnósticos a dedo por 70 millones hasta el final de 2021.
La crisis se siguió agravando hasta alcanzar su momento crítico a primeros de febrero con casi 5.000 pacientes covid hospitalizados. Luego, poco a poco, fue bajando mientras la vacunación avanzaba. El 9 de mayo terminó el estado de alarma. La situación empezó a acercarse ya tanto a la normalidad que en la Consejería de Hacienda se encendió una bombilla roja: no cabía justificación para que llegaran al Consejo de Gobierno tantos contratos a dedo.
El 18 de junio de 2021 había 638 pacientes covid hospitalizados. Ese mismo día, 18 de junio, el departamento de Bravo firmaba una instrucción concluyente: "El volumen de contratos de emergencia que aún a día de hoy siguen siendo elevados al Consejo de Gobierno a efectos de rendición de cuentas no es conciliable con la evolución actual de la pandemia, lo cual revela un a situación que no resulta deseable mantener". "La contratación de emergencia incluso cuando se dirija a adoptar medidas que directa o indirectamente se orienten a hacer frente al covid-19 tendrá carácter excepcional y residual", añadía.
La primera prórroga
La consejería no abandonó la vía covid. Al contrario, profundizó en ella. El 30 de diciembre de 2021, a punto de que expirase el "acuerdo de emergencia" para contratar a dedo procedimientos quirúrgicos y pruebas diagnósticas, una prórroga lo prolongó nueve meses. La cuantía del "gasto estimado" subía de 70 millones a 125,75. La razón era la "situación crítica de la pandemia" y la "sobrecarga" de la red. Pero en ese punto la situación ya no era tan grave como en enero. El estado de alarma había terminado cerca de ocho meses atrás. Andalucía había empezado a desmantelar el refuerzo por el covid. El 93% de los andaluces mayores de 12 años tenían al menos dos dosis.
El presidente Moreno sacaba pecho. "Nuestros hospitales están resistiendo bien la sexta ola. El nivel de ocupación en planta y en UCI se mantiene, de momento, en niveles que son asumibles", afirmaba en su discurso de Navidad, precisamente aquel 30 de diciembre. Un día antes la Junta había anunciado la reducción de la cuarentena en casos confirmados de diez a siete días. Los pacientes covid hospitalizados estaban en 1.136, ocupando un 6,38% de las camas y un 10,35% de las camas UCI.
Entre el 0,52% en UCI y el 1,1% global
Las otras tres prórrogas se firman en 2022. Las fechas: 21 de junio –dos días después de que Moreno lograse su mayoría absoluta–, 30 de septiembre y 31 de diciembre –en ambos casos al finalizar la prórroga anterior–. El "acuerdo de emergencia" queda prolongado hasta el 30 de junio de 2023, 18 meses más tarde de lo previsto inicialmente. La cuantía final de los fondos se eleva hasta 242,72 millones de euros, más del triple de lo programado en enero de 2021. Las tres prórrogas se justifican en la "sobrecarga de la red" por el covid. Pero ese argumento es en 2022 más discutible que en 2021.
El 30 de septiembre, por ejemplo. ¿Qué situación había? 193 pacientes covid estaban hospitalizados, ocupando un 1,11% de las camas. Nueve de ellos en UCI, lo que supone el 0,52% de las camas. Esos son los porcentajes: 1,11% y 0,52%. Sólo en Extremadura y Navarra la situación era mejor que en Andalucía en aquel momento. Para entonces la Junta había dado por superada la "fase aguda" de la pandemia y toda Andalucía estaba en "nivel de alerta cero".
Pues bien, aquel 30 de septiembre Salud firmaba una resolución de "prórroga del acuerdo de emergencia" de enero de 2021 para continuar con los contratos a dedo por "sobrecarga" de la red. La cuantía sube 8 millones: de 226,73 –cuantía que había fijado la anterior prórroga– a 234,73. "Se hace necesario dar continuidad al citado acuerdo de emergencia para procedimientos diagnósticos relacionados con procedimientos oncológicos a partir del 1 de octubre de 2022 y con una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022", explica la consejería sobre aquel acuerdo, que aún no está publicado en el portal de contratación, lo cual ha provocado críticas de la oposición [Salud aclara que tanto esta prórroga como la siguiente ya están enviadas al portal. "Siempre existe un decalaje entre la firma y la publicación", señala la consejería, que añade que en la etapa del PSOE "Andalucía sólo publicaba en torno al 10-15% de la contratación de emergencia que realizaba" y ahora es "el 100%".]
El pago atrasado de "las consecuencias"
"Hay que diferenciar el concepto de estado de alarma y el de crisis sanitaria, pues la situación ocasionada por la covid-19 aún persiste en el SAS y sostiene medidas de este tipo, amparadas por el artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público", señala la Consejería de Salud para explicar las prórrogas. Su titular, Catalina García (PP), ha afirmado además que los contratos responden a la sobrecarga del sistema sanitario público andaluz a raíz de la pandemia, no solo por la ocupación covid, sino por "casos arrastrados".
El golpe del covid justifica, según el Ejecutivo de Moreno, no sólo la prórroga de 30 de diciembre de 2021, sino las tres de 2022, incluida la de septiembre, con una ocupación mínima de camas por pacientes covid. Aunque al menos desde marzo de 2022 la Junta dio por pasada la "fase aguda" de la pandemia, "todavía estamos pagando las consecuencias" puertas adentro del sistema, ha afirmado el portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco (PP).
La argumentación para las prórrogas de los contratos por la vía especial creada durante el estado de alarma por el covid contrasta no sólo con los datos de incidencia, sino también con el discurso oficial de la propia Junta. El 31 de diciembre de 2022, justo el mismo día de la última prórroga, Moreno afirmaba: "La pandemia pasó, pero los profesionales se han quedado en el sistema y ninguna otra comunidad autónoma puede decir lo mismo. A día de hoy, en la sanidad pública andaluza hay más médicos y más enfermeras que nunca". La consejera García, que llegó al cargo en julio, decía también a final de año: “Andalucía está preparada para actuar ante nuevas variantes de la covid-19 o un posible aumento de contagios y hospitalizaciones”.
La controversia legal
PSOE, Por Andalucía y Adelante han convertido las contrataciones a dedo en su último ariete contra el Gobierno de Moreno. La vía judicial no está descartada. El PSOE y Por Andalucía hablan de "corrupción". La base de las acusaciones está en la resolución del 30 de diciembre 2021, que encierra un elemento controvertido. Para justificar aquella primera prórroga, la resolución reproducía el artículo 16 de un real decreto de emergencia contra el covid que amparaba a la "Administración General del Estado" para "actuar de forma inmediata" ante el virus. El problema es que ese artículo, que la Junta considera que también amparaba a las consejerías de salud, estaba derogado desde el 9 de mayo de 2021. Además, la instrucción de 18 de junio de 2021 de la Consejería de Hacienda, la que establecía que la contratación a dedo debía ser "excepcional y residual", así lo remarcaba expresamente: el artículo 16 estaba derogado.
La Consejería de Salud explica a infoLibre que la inclusión de dicho artículo en la resolución es "un error", pero le resta gravedad: "Para la tramitación de emergencia, regulada en el artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público, no es necesaria la existencia de dicho artículo". El departamento de Catalina García considera que la Ley de Contratos del Sector Público es suficiente para amparar su actuación. El portavoz Fernández-Pacheco ha asegurado además que la actuación ha sido "fiscalizada" por la Intervención de la Junta y que se han remitido al Tribunal de Cuentas los contratos que este organismo ha pedido. Este periódico preguntó a la Consejería de Hacienda si las prórrogas al "acuerdo de emergencia" para hacer contratos a dedo por parte del Salud, que ahora dirige Catalina García (PP), cumplen con su instrucción de 18 de junio de 2021. Respuesta: "La legalidad de las prórrogas ha sido analizada y avalada por los servicios jurídicos del SAS".
El PP pisa el acelerador de la privatización sanitaria en plena convulsión del sistema público
El Gobierno andaluz defiende también su actuación con dos informes jurídicos, de 18 de diciembre de 2021 y de 11 de agosto de 2022, que avalan la prórroga de contratos de emergencia incluso después del estado de alarma. La asesoría jurídica, aunque constata que el marco legal del estado de alarma “ha perdido su vigencia", respalda las prórrogas por la situación mundial de pandemia y por el margen de discrecionalidad que permite la Ley de Contratos Públicos en casos excepcionales. Ahora bien, recuerda que las prórrogas de los contratos de emergencia deben estar justificadas por "acontecimientos imprevisibles", tal y como establece la propia ley.
Medidas favorables a la sanidad privada
La controversia sobre los contratos a dedo se produce en un contexto de conflicto político y sindical en torno a la sanidad, principal flanco para el ataque de la oposición al presidente. Las contrataciones a dedo no son la primera medida de derivación de recursos públicos a la sanidad privada del Gobierno andaluz que provoca duras reacciones en contra. Una reciente orden da cobertura a la externalización de múltiples servicios, entre ellos de atención primaria, aunque desde el Gobierno andaluz insisten en que será un recurso excepcional. En cualquier caso, la previsión de envío de pacientes al sistema privado está aumentando. En 2023 alcanza los 245.000, un 25,16% más que en 2022 y un 42,78% más que en 2018, último año con el PSOE. Suben con fuerza desde 2018 las hemodiálisis, las intervenciones quirúrgicas, las sesiones de rehabilitación y los estudios diagnósticos en hospitales concertados.
Hay más medidas favorables a los intereses privados. En 2020 un cambio en el sistema de citas facilitó el envío de pacientes a hospitales del grupo Pascual en Cádiz. A ello se sumó, también en 2020, la ampliación a todos los médicos del SAS de un plus que con anterioridad sólo cobraban los que trabajaban únicamente en el sistema público. En 2021 se quitó la prohibición a los jefes médicos de trabajar también en la privada. La oposición ve en los contratos a dedo una medida más a beneficio del negocio privado.
El Gobierno andaluz (PP) amplió el acuerdo para contratar clínicas privadas a dedo con la justificación de la "sobrecarga" del sistema sanitario por la pandemia cuando el porcentaje de camas ocupadas por pacientes covid era del 1,11% y del 0,52% en el caso de las UCI. El "acuerdo de emergencia" original, de enero de 2021, durante el estado de alarma, ha sido objeto de cuatro prórrogas. Todas se firmaron tras una instrucción de la Consejería de Hacienda que no sólo advertía de la pérdida de un asidero legal para este tipo de contratos, sino también de que su uso debía ser "residual". Una de las prórrogas, la tercera, de septiembre de 2022, se firmó cuando había sólo 193 pacientes covid hospitalizados, nueve de ellos en la UCI.