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Ciudadanos sigue cargando con el peso de Vox en su mochila. El terremoto murciano-madrileño ha cortado dos de los lazos que vinculaban al partido que pretende ocupar el centro político con el situado en la extrema derecha, pero todavía quedan vínculos en firme. Y no vínculos abstractos, sino firmados, contantes y sonantes.
El Gobierno de Andalucía, la primera comunidad en la que se oficializo el pacto de las tres derechas, tiene firmado un acuerdo de “autorización expresa” de las familias en actividades educativas, lo que Vox llama “pin parental”, igual que el que se firmó en la Región de Murcia, donde este tema ha formado parte de la amplia colección de razones que han provocado el cambio de bloque de Cs. Además, quedan firmadas por Vox y Cs y con plena validez política medidas que cuestionan la utilidad de las políticas de género, vinculan la inmigración con la delincuencia e implican una sospecha de irregularidades de las asociaciones de memoria.
La moción de censura Murcia –desbaratada finalmente por el PP dando entrada a tres tránsfugas de Cs en el Gobierno murciano– supone una salida del partido naranja del esquema 2+1 por el que apostó tras las autonómicas y municipales de 2019: gobiernos liderados por el PP, de los que Cs forma parte, y con apoyo de la ultraderecha. Tras esa decisión estratégica de Albert Rivera, plasmada en Madrid, Andalucía y Murcia y en el ayuntamiento de la capital, el partido ha perdido apoyo electoral masivamente, incluido el paso de 56 a 10 diputados en el Congreso y de primera a séptima fuerza en Cataluña, el territorio donde nació. Ahora, con la moción de censura de Cs y PSOE en Murcia, que ha servido a Isabel Díaz Ayuso como justificación para intentar un adelanto electoral, se rompen dos de las alianzas de Cs que integraban a Vox.
Pero la formación de Inés Arrimadas sigue implicada en una maraña de compromisos con Vox.
Veto parental
Cs, el partido sobre el que Arrimadas insiste en que es “liberal, moderado, de centro y reformista”, acumula en la comunidad más poblada de España un amplio catálogo de compromisos con la extrema derecha. El más candente ahora mismo es lo que Vox llama “pin parental” y Cs, que lleva Educación, considera una medida de “transparencia”. ¿Qué dice el acuerdo firmado por PP, Cs y Vox en noviembre de 2020 para la aprobación del presupuesto de 2021? Literalmente, esto: “Se procederá a impulsar la igualdad de oportunidades en el sistema educativo que permita a las familias educar a sus hijos en libertad, sin imposiciones de ningún tipo, mediante el establecimiento de una autorización expresa de las familias para la participación de sus hijos en actividades complementarias”. Es lo mismo que decía ya el acuerdo de octubre de 2019 para el presupuesto de 2020, también de PP, Cs y Vox. Hace ya casi un año y medio que Cs carga con ese compromiso, que es una exigencia de Vox partiendo de la base de que en las aulas se adoctrina a los niños en la ideología progre.
Acuerdo PP-Cs-Vox sobre el "pin parental" o "sistema de transparencia" en Andalucía.
Lo más llamativo es que la redacción del compromiso es casi idéntica a la acordada en la Región de Murcia por las tres fuerzas políticas para aprobar el presupuesto de 2020.
Acuerdo PP-Cs-Vox sobre el "pin parental" o "sistema de transparencia" en la Región de Murcia.
En ambas comunidades, este compromiso ha sido un foco de tensión constante, porque Cs –a pesar de haberlo firmado– se ha resistido a aceptar el “pin parental”. Pero el resultado en ambas ha sido distinto.
En la Región de Murcia, donde Educación está en manos del PP, la medida recibió un impulso normativo en forma de instrucciones para el curso 2019-2020. No obstante, el conocido como “pin parental” –que no figura así en los papeles oficiales, claro– fue objeto de recursos y no se produjo su aplicación efectiva. Al curso siguiente se quedó fuera de las instrucciones, lo que provocó la respuesta de Vox, que advirtió de que sin “pin parental” no habría nuevos presupuestos. Finalmente, el 9 de marzo, dos días antes de la moción de censura, el presidente Fernando López Miras (PP) y el líder regional de Vox alcanzaron un preacuerdo, aún no cerrado, que según Vox incluía la polémica medida.
En Andalucía, las cosas han sido distintas. La Consejería de Educación en manos de Javier Imbroda (Cs) rechaza la “batalla semántica” sobre cómo llamar a la medida, al mismo tiempo que hace evidente su rechazo a un debate que ve inútil. Pero lo firmado, firmado está. Así que al final Imbroda ha tenido que negociar con Vox, porque el partido ultraderechista ha advertido que sin “pin parental” no volverá a apoyar ninguna medida del Gobierno. Y Vox es imprescindible para la mayoría conservadora, ya que PP y Cs se quedan a 8 escaños de la mayoría absoluta, situada en 55. ¿Resultado? El consejero de Educación y el portavoz andaluz de Vox, Alejandro Hernández, firmaron el 10 de febrero un documento que comprometía al Gobierno andaluz a establecer “los cambios normativos necesarios” para garantizar “derecho de los padres a decidir sobre la participación de sus hijos en actividades complementarias”. “La consejería tiene voluntad de ir dando pasos”, destacó tras la firma el parlamentario de Vox Macario Valpuesta, que atribuyó las dudas en Cs a sus distintas "corrientes".
Auditoría de las políticas de género
Pero el “pin parental” –como lo llama Vox– no es el único acuerdo firmado, en un documento con membrete que incluye a Cs y Vox, con el que carga el partido naranja. Hay más. El Gobierno autonómico que preside Juan Manuel Moreno (PP) con Juan Marín (Cs) como vicepresidente logró desbloquear el presupuesto de 2021 gracias a la firma de un acuerdo con Vox que incluía numerosas cesiones [ver aquí el documento en la web de la Junta]. El pacto, en su apartado “Auditoría impacto de género”, recoge la realización de “un informe para la valoración del coste y consecución de objetivos” de las políticas “de género”, así como de la aplicación de dicha “perspectiva” en la Administración andaluza. La Consejería de Hacienda (PP) explica a infoLibre que la auditoría está “avanzando” y habrá datos “pronto”.
Como es habitual con Vox, un partido que otorga una gran importancia a la “guerra cultural” y las causas simbólicas, es tan relevante el subtexto como el texto. Si con el veto parental Vox lanza el mensaje de que en las aulas se produce un adoctrinamiento progresista de los alumnos, gravísima en el terreno de la educación sexual, con la “auditoría” a las políticas de género la idea es que existe un despilfarro en este campo. Estas premisas han sido de facto aceptadas por PP y Cs, con el consiguiente alborozo de Vox. Así vendía la ultraderecha el acuerdo sobre políticas de género cuando se alcanzó: “Auditar los inútiles informes de impacto de género”. A juicio de Juan Marín, de Cs, el acuerdo sólo significa que “tenemos la mala costumbre de evaluarlo todo”.
La discrepancia entre Cs y Vox sobre el significado de lo que firman es habitual. Un mismo hecho es interpretado de forma diferente. Otro ejemplo. La Junta puso en marcha en octubre de 2020 el teléfono de violencia intrafamiliar, un logro exigido por Vox, que rechaza que la violencia de género merezca un tratamiento aparte. Ciudadanos acepta el teléfono, ignora el significado que le da Vox y se aferra a que dicho teléfono no supone el cierre del teléfono específico de violencia de género. En palabras de la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, “lo que quiera sustituir Vox depende de Vox”.
El partido de Santiago Abascal suele centrarse en los éxitos semánticos, que son también políticos, sobre todo cuando consigue que Cs se pliegue. Cada uno de ellos es reivindicado por sus líderes y celebrado por sus seguidores, como prueba de que “Vox cumple” o “habla de lo que nadie más habla”. El catálogo de logros es extenso en el apartado de género. El acuerdo para los presupuestos de 2019 y 2020 establece que las cuentas debían "sustituir el concepto de 'transversalidad de género' por el de 'principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres'”. Pura batalla de lenguaje. En el Ayuntamiento de Madrid, donde PP y Cs también gobiernan gracias a Vox, el grupo de Javier Ortega Smith presumió de haber impuesto en una negociación presupuestaria la expresión "todas las víctimas de violencia, mujeres y hombres".
Asociación entre inmigración y delincuencia
El acuerdo para el presupuesto de 2021 en Andalucía incluye una medida que implica una vinculación entre inmigración y delincuencia. El texto lleva un apartado titulado “Seguridad en centros MENAS”. El compromiso de PP y Cs ante Vox es el siguiente: “Con vistas al 2021, se considera necesario establecer condiciones y requisitos en los conciertos y subvenciones de acogimiento al colectivo [de menores inmigrantes no acompañados], que asegure las necesarias condiciones de seguridad”. Vox celebró el acuerdo así: “Queremos barrios seguros”. Preguntada por infoLibre, la Consejería de Presidencia (PP) no responde en qué se ha traducido hasta ahora esta medida.
Hay más acuerdos firmados por PP, Cs y Vox que sirven para dar cobertura al discurso de Vox, como el que explicita de habrá una rebaja de 3 millones del presupuesto de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para introducir el dinero como una subvención al Banco de Alimentos. “Primero lo nuestro”, valoraba Vox el acuerdo, un mensaje típico del nacionalismo con tintes xenófobos en toda Europa.
Jornaleros y memoria
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Ciudadanos lleva desde junio de 2019 acordando medidas con la ultraderecha. Los acuerdos con Vox han supuesto un cuestionamiento de la limpieza del antiguo PER. ¿Cómo? El pacto alcanzado en junio de 2019 recoge la "reformulación del programa Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA)", el antiguo PER, una medida que responde a la preocupación de Vox por el supuesto fraude con las ayudas a jornaleros sin peonadas. Se suponía que la Junta iba a “implementar los mecanismos necesarios para mejorar el control de los fondos destinados a este programa”. Otro éxito de Vox, aunque no hay noticia del recorrido de la medida.
Otro objetivo de Vox señalado con el dedo acusador en un acuerdo firmado por Cs es el movimiento de recuperación de la memoria histórica. El partido de Abascal arrancó a PP y Cs en 2019 una medida contra las asociaciones de memoria que implica una sospecha sobre su forma de utilizar las ayudas. El acuerdo de tres partidos consiste en una normativa de subvenciones a estas asociaciones –no a otras, sino a estas– que establezca que nunca más de un 20% del total de la subvención "venga a financiar gastos estructurales de la asociación". No se ha presentado presentado ni un caso de irregularidades de estas asociaciones que justifique el cambio. Pero la sospecha quedó sembrada. Vox lo exigió y fue concedido. ¿En qué se ha traducido la medida, más de un año y medio después de un acuerdo que puso a los colectivos memorialistas en el punto de mira? La Consejería de Cultura (PP) afirma que “se está llevando a cabo una refundición de toda la normativa dispersa en materia de exhumaciones y una mejora en las bases reguladoras de subvenciones para que se prime la localización de fosas y las exhumaciones”.
También en el campo de la memoria histórica –o del rechazo a la misma, según se mire– ha puesto de acuerdo a PP, Cs y Vox en el Ayuntamiento de Madrid, donde los tres partidos aprobaron una moción para retirar las estatuas de Largo Caballero e Indalecio Prieto.
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