La Generalitat oculta información sobre la sequía. En concreto, sobre el consumo de agua que hacen los municipios. Y no es una información baladí. La administración catalana ha impuesto restricciones en el uso de este bien esencial para la vida ante una de las peores sequías del último siglo. La medida más relevante, un tope al gasto: 230 litros por agua al día. Si se rebasa ese límite, hay sanciones. O las había, más bien. Con todo, hace casi un año y medio que se desconoce cuál es la situación, pues la ciudadanía no dispone de datos publicados, a pesar de que la administración los tiene.
Junts logró aprobar la semana pasada en el Parlament una proposición de ley, junto al PSC y ERC, para que las multas no se pusieran hasta que hayan sido traspasados los fondos para las subvenciones comprometidas por el Govern, que permitirán a los pueblos y ciudades rebajar el consumo que hacen los vecinos, empresas y equipamientos públicos. Atendiendo al calendario, será un asunto que quede pendiente para pasadas las elecciones municipales del 28 de mayo.
En 365 municipios se incumple la norma, según los últimos datos publicados por la Agència Catalana de l’Aigua (ACA), de 2021. Son el 38,5% del total. Dicho de otro modo: 1.242.982 habitantes —el 16%— viven en poblaciones en las que se supera el límite permitido. Hay que tener en cuenta que la Generalitat toma como referencia “los volúmenes totales de agua que entran al depósito municipal para el abastecimiento de la población […], incluyendo actividades económicas y comerciales”, de modo que no todo se puede atribuir al gasto doméstico.
La Pobla de Mafumet, en Tarragona, es el pueblo que más agua consume. En concreto, 9.316 litros por habitante y día de media, según los registros de hace año y medio. El complejo petroquímico que hay allí es la razón de este gasto desorbitado. Se trata del mayor polo de empresas de este ámbito del sur de Europa y reúne a compañías como BASF, Cepsa, Iqoxe o Repsol. A modo de comparación, en Barcelona, incluso con la Zona Franca, que agrupa a buena parte de la industria catalana, el consumo medio es de 154 litros por habitante y día. Hay que tener en cuenta también la diferencia de población: Barcelona cuenta con 1.636.193 habitantes, cuando La Pobla de Mafumet tiene 4.052. A esta pequeña población la siguen en el ránking de mayor gasto de agua El Morell (también en la zona de la petroquímica), La Canonja, Gualta y Castellar de la Ribera.
Los habitantes más derrochadores en casa son los que viven en Prats i Sansor, Naut Aran, Gósol, La Vall de Boí, Torrent y Josa i Tuixén. A excepción de Torrent, el resto pertenecen al Pirineo y buena parte de las primeras posiciones las ocupan pueblos de la Vall d’Arán. Todos ellos superan los 600 litros por persona y día. Se trata de lugares despoblados y con una fuerte afluencia de turistas, tanto en invierno, con la temporada de esquí, como en verano, cuando la gente busca un lugar donde escapar del calor cada vez más sofocante. Eso incrementa las cifras con respecto a otros puntos menos masificados.
En total son 79 las poblaciones en las que se rebasan los límites fijados por la Generalitat, si se mira solo el consumo doméstico. En este caso, la cifra de habitantes incumplidores, atendiendo a la forma en la que la administración toma en cuenta las mediciones, es muy inferior: 116.390.
Críticas a la opacidad
“Es muy grave, el acceso a la información es un principio de los derechos humanos y se está vulnerando”, reprocha el portavoz de Aigua és Vida, Dante Maschio. “Es muy habitual [que suceda esto], lamentablemente”, le sigue Eli Forés, de Ecologistes en Acció. “La Generalitat está ocultando los datos porque hay elecciones en menos de un mes y a nadie le interesa salpicar a los partidos que gobiernan en los municipios, porque nos podríamos las manos en la cabeza si miráramos cómo responden a la limitación de uso del agua”, añade Maschio.
La Generalitat parece estar haciendo mal su trabajo, cuentan los expertos. “No solo hay que tener en cuenta el derecho a la información, sino que también hay que pensar en la obligación de publicidad activa que establece la ley catalana. Parece que la Generalitat incumple”, expone Juli Ponce, catedrático de Derecho por la Universitat de Barcelona (UB). El Govern alude a cuestiones de privacidad, para no revelar los datos. “Alegan temas de confidencialidad y hacen referencia a la protección de datos, pero este argumento no les generaba ningún problema hasta 2021 [fecha en la que se ha publicado el último balance]”, apunta Ponce.
Las entidades sociales hace tiempo que pelean por una mayor y mejor información. “Hace unos años mandamos cartas a los ayuntamientos para saber qué modelo de gestión del agua tenían, si era público o privado; con que operador funcionaban, cuándo se terminaba la concesión que tenían y cuántos cortes de suministro había”, recuerda el también portavoz de Enginyeria Sense Fronteres (ESF). “Por sorpresa nuestra nos dimos cuenta que muy pocos ayuntamientos sabían y eso te demuestra la capacidad que tienen las administraciones públicas para gobernar el agua”.
La información también escasea, si se quiere analizar cuánto gasta cada sector. “No sabemos lo que implica el turismo respecto a, por ejemplo, la industria”, dice Maschio. “Hemos delegado el agua en el sector privado y han escondido los datos, porque les interesa. Cuando hemos intentado remunicipalizar el servicio ha sido muy difícil, porque la información es poder”, sigue.
El plan contra la sequía, asignatura pendiente
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Otro asunto pendiente son los planes para hacer frente a la sequía, que todos los expertos apuntan a que es un fenómeno que irá a más, tanto en cantidad como en intensidad. La Generalitat estableció que las ciudades de más de 20.000 habitantes debían tener un plan anti-sequía. Y tenía que estar en vigor para junio de 2020. A menos de un mes para cumplir tres años, 37 de los 64 municipios obligados a ello aún no disponen de esta herramienta. Ante esta situación la ACA ya ha empezado a abrir expedientes a una decena de localidades.
“Nos estaremos muriendo en Cataluña y los turistas se inundarán en agua”, critica Forés, que denuncia la falta de restricciones al turismo en esta campaña de verano, en la que se prevén cifras récord. El Instituto Metrópoli ya manifestó hace años el elevado gasto de agua que hacen los visitantes hospedados en hoteles de ciudades como Barcelona. En un estudio de 2016 dictaminaron que un turista que se aloja en un hotel de cinco estrellas gasta 500 litros por día. A medida que baja la categoría del establecimiento, también lo hace el gasto: 373 litros cada 24 horas, en el caso de reposar en un hotel de cuatro estrellas; y 232, en el caso de uno de tres.
La Generalitat ha denegado a infoLibre ofrecer información más actualizada de la situación, a pesar de que fuentes del ACA admiten a este medio que tienen en su mano registros nuevos sobre el consumo que hacen los municipios, a raíz del decreto por la sequía que implementó el Govern a principios de año. Las mismas fuentes cuentan a este periódico que las cifras de 2022 se conocerán, previsiblemente, en junio. Las de 2023 siguen siendo una incógnita.
La Generalitat oculta información sobre la sequía. En concreto, sobre el consumo de agua que hacen los municipios. Y no es una información baladí. La administración catalana ha impuesto restricciones en el uso de este bien esencial para la vida ante una de las peores sequías del último siglo. La medida más relevante, un tope al gasto: 230 litros por agua al día. Si se rebasa ese límite, hay sanciones. O las había, más bien. Con todo, hace casi un año y medio que se desconoce cuál es la situación, pues la ciudadanía no dispone de datos publicados, a pesar de que la administración los tiene.