España se ha convertido en apenas unos días en una gran jungla fiscal. Un bazar de oportunidades tributarias al que se están sumando por momentos más comunidades autónomas con un claro objetivo: lograr el voto para las próximas elecciones regionales del 28 de mayo del año que viene. Y los nervios están haciendo que entren en muchas contradicciones, se potencie el dumping fiscal y se visualicen modelos diferentes de gravámenes. Comunidad Valenciana y Galicia aceleraron esta batalla este martes, con La Moncloa lamentando el "efecto contagio" que se está produciendo,
Una guerra fiscal autonómica que choca en estos momentos con el contexto internacional. España está recibiendo 140.000 millones de euros de los fondos Next Generation para potenciar al país tras la pandemia, a la vez que la Comisión Europea defiende ayudas frente a bajadas de impuestos y los mercados han entrado en pánico por la rebaja histórica de tributos que anunció la nueva primera ministra de Reino Unido, Liz Truss, con la libra desplomándose.
Pero en España en apenas unos días ha arrancado una guerra fiscal a la baja impulsada por la ayusización del Partido Popular. Y es que la copia de Juanma Moreno de eliminar el impuesto de patrimonio en Andalucía ha espoleado el debate en todo el país y muchos de los presidentes autonómicos se han puesto nerviosos de cara a mayo. Diseñando en sus territorios propuestas de recortes fiscales a la vez que, de manera incoherente, piden dinero al Estado. Un movimiento que no sólo afecta ya al PP, sino que la Comunidad Valenciana removió las aguas socialistas este martes con su plan de rebaja del IRPF para rentas menores de 60.000 euros.
El PP está azuzando este debate a través de la bonificación del 100% del impuesto de patrimonio, que está llevando a competir entre sus propias autonomías por la movilidad de los ricos. Andalucía se ha fijado como objetivo, además, atraer a millonarios catalanes, lo que ha despertado el discurso de enfrentamiento de territorios que llevaba tiempo en barbecho. Y ha hecho, asimismo, que Ayuso intente buscar de nuevo protagonismo, ante la sombra de Moreno Bonilla, alzando la voz contra Pedro Sánchez. Galicia se ha unido al club, proponiendo una rebaja del 50% en patrimonio, a la vez que deflactará los tres primeros tramos de IPRF hasta los 35.000 euros.
Al Gobierno no le gusta nada esta espiral de “populismo” fiscal, como lo definen dentro de La Moncloa. No obstante, van a dar la batalla ideológica sobre los impuestos: menos ingresos son más recortes. En los próximos días, el Ministerio de Hacienda presentará su gran paquete fiscal, con medidas dentro de los presupuestos generales (con una subida selectiva de impuestos) y la creación de nuevas figuras como el impuesto a las grandes fortunas. Se podrían incluir la bajada del IVA a los productos de higiene femenina, pero se descarta hacer lo mismo con productos básicos como ha pedido Alberto Núñez Feijóo. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, está negociando todavía con sus socios de Gobierno, Unidas Podemos,.
Malestar en La Moncloa
En La Moncloa no sentó bien el plan de la Generalitat Valenciana anunciado de este martes. No hubo palabras contrarias en público, pero tampoco de apoyo. Hay malestar dentro del Gobierno por este paso de Ximo Puig, que da alas al Partido Popular en su bandera de bajadas de impuestos. No obstante, desde los ámbitos socialistas se intenta diferenciar ese plan de las propuestas que llegan desde las autonomías populares (con beneficios especialmente para las clases más pudientes). Pero son conscientes en el complejo presidencial de que hay un efecto contagio.
El plan de Puig choca con las líneas del discurso marcado hasta el momento por Hacienda, de defensa de los impuestos para poder financiar servicios públicos como la educación, la sanidad y la dependencia. Además, la iniciativa lanzada por la Comunidad Valenciana parece en sentido contrario a las declaraciones que hizo el propio presidente regional el pasado viernes, en las que pidió penalizar en el sistema de financiación a las comunidades que bajen impuestos.
Desde la Generalitat Valenciana, según fuentes consultadas, se rechaza que se trate de un plan contrario a Pedro Sánchez, sino que defienden su paquete de medidas como una alternativa fiscal progresista al Partido Popular, ya que bajan impuestos a las rentas inferiores de 60.000 euros. Subrayan la diferencia con lo que ha hecho Andalucía. No ven ninguna contradicción con las palabras del viernes, porque precisan que Puig se refería al impuesto de patrimonio y a aquellas medidas que propicien dumping fiscal entre autonomías, entendiendo que su rebaja no se hace para atraer a contribuyentes de otras regiones. Otra diferencia con el PP: la Comunidad Valenciana no toca el impuesto de patrimonio.
El plan valenciano estaba pactado por los socios de gobierno (PSPV, Compromís y Podem), lo conocía el Gobierno central y entra dentro de su autonomía fiscal, según sus promotores. También se impulsan deducciones fiscales para las hipotecas y transporte gratuito para los menores de 30 años. Todo ha sido coordinado por Arcadi España, conseller de Hacienda, que también forma parte de la Ejecutiva Federal que preside Pedro Sánchez, con el puesto de secretario de Transportes, Movilidad Sostenible, Vivienda y Agenda Urbana. La sensación en el Ejecutivo autonómico es que tenían que mover ficha ante la situación de inflación que existe.
Moncloa se aleja de la propuesta fiscal de Puig y pide “responsabilidad” a las comunidades
El tema de los impuestos autonómicos, para el Gobierno, se debería abordar principalmente dentro del debate del nuevo sistema de financiación (el actual data de 2009, de la época de José Luis Rodríguez Zapatero). Hacienda rechaza la idea que lanzó el propio ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, de recentralización de impuestos, pero sí lleva meses trabajando en un intento de armonización de ciertos impuestos. Pero esa nueva ley será casi imposible de abordar durante esta legislatura, ya que requiere del mayor acuerdo entre partidos y autonomías. Algo que parece inviable en el actual contexto político.
En el PP están en contra de esta armonización y son sus comunidades las que están tirando más del carro para intentar bajar los impuestos. Además de Andalucía, Madrid y Galicia, también se han apuntado estos días Murcia, que deflactará un 4,1% los tramos de la tarifa autonómica del IRPF, y Castilla y León, con una baja del primer tramo de la renta en un 5,3%.
Pero no serán las últimas en esta batalla fiscal. El presidente socialista de Aragón, Javier Lambán, ha admitido que se podrían cambiar tributos si se ponen de acuerdo las cuatro formaciones del pacto de investidura: PSOE, CHA, PAR y Podemos. En el acuerdo que se alcanzó en su día se suscribió que no se modificaría la materia tributaria “ni para arriba ni para abajo”. Pero ahora admite el dirigente que la situación ha cambiado, entre otros motivos, por la inflación. Desde la Consejería de Hacienda se está planeando una ronda de contactos para abordar esta cuestión en los próximos días.
España se ha convertido en apenas unos días en una gran jungla fiscal. Un bazar de oportunidades tributarias al que se están sumando por momentos más comunidades autónomas con un claro objetivo: lograr el voto para las próximas elecciones regionales del 28 de mayo del año que viene. Y los nervios están haciendo que entren en muchas contradicciones, se potencie el dumping fiscal y se visualicen modelos diferentes de gravámenes. Comunidad Valenciana y Galicia aceleraron esta batalla este martes, con La Moncloa lamentando el "efecto contagio" que se está produciendo,