El 18 de noviembre, un día antes de que la sentencia de la pieza política del caso ERE fuera comunicada a los 19 condenados y los dos absueltos, los fiscales Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández Guerra firmaron un escrito de ocho páginas de enorme carga explosiva. La Fiscalía Anticorrupción pide en dicho escrito, presentado en el juzgado de instrucción 6 ya tras la comunicación del fallo de la parte política, que impute al expresidente Manuel Chaves y al que fue su mano derecha, el exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías, por un préstamo millonario a la empresa cárnica Hijos de Andrés Molina (Hamsa), de Jaén. Según la Fiscalía, la Junta de Andalucía, bajo la presidencia de Chaves, concedió a esta empresa en 1999 un préstamo de 970 millones de pesetas, 5,83 millones de euros de hoy, que "nunca tuvo voluntad de ser cobrado", y del que aún podrían quedar pendientes de devolución 3,7 millones.
La Fiscalía, que considera que el dinero fue un realidad una ayuda camuflada como préstamo para evitar el control de la Unión Europea, pide la imputación de 15 personas. De ellos, diez son ex altos cargos, entre ellos Chaves, Zarrías, los ex consejeros de Innovación Francisco Vallejo y de Empleo Guillermo Gutiérrez, José Antonio Viera y Antonio Fernández y el ex director general de Empleo Francisco Javier Guerrero.
El escrito, que solicita al juzgado que abra una nueva pieza separada, tiene graves implicaciones, hasta el punto de suponer un giro significativo en el caso ERE entendido en sentido amplio. ¿Por qué? La Fiscalía vuelve a señalar una responsabilidad penal en Chaves y Zarrías, cuyo papel se creía zanjado con la sentencia de la parte política. Ambos, a pesar de tener la máxima responsabilidad política sobre el sistema de reparto de ayudas sociolaborales, habían escapado con penas relativamente bajas del juicio de la pieza política, únicamente con condenas de inhabilitación por prevaricación. En cambio, José Antonio Griñán, pese a que no tuvo papel alguno en el nacimiento del sistema, ha sido condenado a prisión por malversación. El escrito de Anticorrupción crea ahora a Chaves y Zarrías nuevos y más graves problemas que los que tenían hasta ahora, al implicarlos en unos hechos que podrían "de manera inicial calificarse como delito de prevaricación en concurso medial con delito de malversación".
Chaves y Zarrías ya no tienen que preocuparse sólo del recurso ante el Tribunal Supremo. Si el juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, abre una nueva pieza separada para investigar el préstamo a Hamsa, Chaves y Zarrías se verán arrastrados a una nueva instrucción penal no ya por su participación en el funcionamiento general del sistema, sino por su papel en la entrega particular de una ayuda a una empresa concreta. Dicho de otro modo: no sólo por prevaricación, sino potencialmente también por malversación.
El escrito es significativo, además, porque busca responsabilidades penales en hechos ocurridos en el año 1999, hace dos décadas, un año antes del periodo abarcado por la sentencia de la parte política. La ayuda investigada fue concedida con anterioridad al convenio entre la Consejería de Empleo y el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) y al uso de las transferencias de financiación, que son dos herramientas consideradas clave para la comisión de los delitos enjuiciados en la parte política. Estaríamos hablando de una ayuda distinta, de unos hechos distintos, pero vinculados al caso. No en vano, Cárnicas Molina es considerada como el origen del caso ERE, algo en lo que coinciden investigaciones periodísticas como Caso ERE. Las entrañas de la corrupción institucional en Andalucía, de Juan Esteban Poveda, y El saqueo de los ERE, de Sebastián Torres y Antonio Salvador. El escrito de la Fiscalía acude a la génesis del caso y pone ahí el foco, señalando con el dedo acusador a los dos principales responsables políticos de Andalucía en aquel momento.
Un sumidero de ayudas públicasAnticorrupción se remonta ahora hasta 1995,Un sumidero de ayudas públicas
cuando Hijos de Andrés Molina entra en suspensión de pagos. Ante la enorme importancia industrial de esta empresa en Jaén, una ciudad escasa de músculo fabril, la Junta se implicó al máximo en su salvación, adoptando entre otras medidas la concesión de múltiples ayudas públicas. La presión social apuntaba al PSOE, al que se le exigía una solución para los empleos en la ciudad. El escrito de Anticorrupción detalla que en febrero de 1999 la Comisión Europea declaró las ayudas entregadas a la empresa incompatibles con el libre mercado. ¿Qué hizo entonces la Junta? Según Anticorrupción, le concedió a Campocarne Andalucía, la empresa que había asumido la propiedad de Hamsa, un "préstamo puente" de 970 millones de pesetas, 5,83 millones de euros de hoy. Lo hizo, según el escrito, sin que quedaran recogidas "ninguna de las condiciones, como plazo, garantías, tipo de interés...".
El acuerdo fue ratificado por el Consejo de Gobierno que presidía Chaves en noviembre de 1999. Hace veinte años. Al mes siguiente, Zarrías –mano derecha de Chaves, hombre radicado políticamente en Jaén, provincia de la que era el principal referente de poder– firmó un acuerdo con Miguel Ángel Ortega, que era presidente de Campocarne Andalucía SA, filial andaluza de Campofrío a la que la Junta habría transferido los activos de Hamsa tras haberla comprado para salvarla. En dicho acuerdo la Junta se comprometía a abonar 471 millones de pesetas en contraprestación a la prometida creación de 300 puestos de trabajo por parte de Campocarne Andalucía.
El abono de la Junta serviría para la cancelación parcial del préstamo del IFA. Todo encajaba. Campocarne se comprometía a amortizar 629 millones de pesetas, siempre según el escrito de Anticorrupción, que cifra en 3,7 millones de euros lo que supuestamente no se ha devuelto, según figuraba en la documentación de la Junta de 2003. "El préstamo nunca tuvo voluntad de ser cobrado y en todo caso al menos en febrero del 2005 no había sido amortizado, desconociéndose su situación actual y por tanto si se hicieron efectivas las previsiones fijadas en las cláusulas de la escritura pública de otorgamiento del mismo", señala la Fiscalía. Y añade: "Bajo el paraguas formal de un préstamo se decidió realmente disponer arbitrariamente de los fondos públicos sin sujeción a procedimiento alguno ni control para beneficiar directamente a la empresa Campocarne"
La Fiscalía cree que los hechos no han prescrito. El motivo es que el tipo agravado de malversación prescribe a los 15 años. En 2005, según la Fiscalía, el dinero aún no había sido considerado una pérdida por la Junta de Andalucía, con lo cual el reloj de la prescripción no había echado a andar.
El origen del caso
Para dimensionar los hechos, hay que acudir al contexto. El cierre de lo que se conocía como Cárnicas Molina a finales de la década de los 90, en Jaén, supuso un trauma laboral no sólo en la capital, sino en toda la provincia, escasamente industrializada. La Junta se había implicado hasta las cejas en su intento de salvación de Molina, incluyendo una intervención con dinero público que ofreció decepcionantes resultados. Las manifestaciones de trabajadores, con notable repercusión mediática, apuntaban directamente al PSOE. No al empresario, sino a la Junta. El presidente Manuel Chaves y su hombre fuerte sobre el terreno, Gaspar Zarrías, radicado políticamente en Jaén, prometieron una solución. El precio a pagar, para ambos, ha sido altísimo.
Cárnicas Molina fue la primera empresa para la que se utilizó el sistema de reparto de ayudas sociolaborales que Mercedes Alaya consideró irregular, una tesis ahora ratificada por la sentencia de la Audiencia Provincial. El cierre de Cárnicas Molina sirvió además para que algunos de los supuestos máximos responsables de los ilícitos descubiertos durante la instrucción, caso del considerado por la jueza Alaya conseguidor de los ERE, Juan Lanzas, conocieran el sistema de ayudas supuestamente irregular.
El problema fue que no todos los trabajadores de Molina pudieron prejubilarse. Hubo otros recolocados en Campocarne, que luego fue absorbida por un grupo segoviano cuya filial andaluza era Primayor. Esta empresa terminó declarándose en concurso de acreedores en 2007. El Gobierno andaluz volvió a prometer una solución. La intervención debía llegar entonces de los Ruiz Mateos (con Dhul), o de Proasego. La Junta dedicó a estas empresas nuevos incentivos, que de nada sirvieron. Más dinero público dilapidado. La prometida fábrica de los Ruiz Mateos se ha quedado a medio hacer y ahí sigue, a las afueras de Jaén, como un recordatorio del fracaso de toda una política industrial. Los despedidos sin solución se agruparon en la Asociación para la Promoción y Mejora del Entorno de Primayor, destinada entre otros fines a canalizar las ayudas para apoyar a los aproximadamente exempleados. Esta figura de la asociación de extrabajadores, frecuente en la gestión de ayudas sociolaborales de la Junta, fue también puesta en el punto de mira por Mercedes Alaya, que la consideró "un invento extremadamente caro". La jueza cree que por ahí se fue parte del dinero indebidamente cobrado por intermediarios en la gestión de los expedientes.
Anticorrupción pone ahora bajo el foco todo este fiasco, añadiendo dificultades al PSOE andaluz, abrumado todavía por la demoledora sentencia de la parte política.
El 18 de noviembre, un día antes de que la sentencia de la pieza política del caso ERE fuera comunicada a los 19 condenados y los dos absueltos, los fiscales Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández Guerra firmaron un escrito de ocho páginas de enorme carga explosiva. La Fiscalía Anticorrupción pide en dicho escrito, presentado en el juzgado de instrucción 6 ya tras la comunicación del fallo de la parte política, que impute al expresidente Manuel Chaves y al que fue su mano derecha, el exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías, por un préstamo millonario a la empresa cárnica Hijos de Andrés Molina (Hamsa), de Jaén. Según la Fiscalía, la Junta de Andalucía, bajo la presidencia de Chaves, concedió a esta empresa en 1999 un préstamo de 970 millones de pesetas, 5,83 millones de euros de hoy, que "nunca tuvo voluntad de ser cobrado", y del que aún podrían quedar pendientes de devolución 3,7 millones.