La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que archive la investigación sobre las presuntas donaciones realizadas por empresarios a la caja b del PP para conseguir determinados contratos públicos, después de que la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) emitiera un último informe donde no se detectan irregularidades en los procesos de adjudicación.
Según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, así lo pidió el fiscal del caso, Antonio Romeral, la semana pasada al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 tras recibir las conclusiones de la IGAE.
El informe, de 4 de noviembre, analiza a lo largo de 94 páginas la tramitación de los expedientes para adjudicar diversos contratos públicos desde los ministerios de Defensa, Fomento y Medio Ambiente, la Entidad Pública del Suelo (SEPES) o AENA, entre otros, sin identificar irregularidades contrarias a la normativa de la época.
Sin embargo, este informe contrasta con los que ha ido recibiendo la Audiencia Nacional en los últimos años. Así, en uno anterior del 16 de diciembre de 2021, los técnicos de Hacienda ponían de relieve "muy notables desviaciones" en un contrato adjudicado en 2003 por el Ministerio de Medio Ambiente a la Constructora Hispánica SA, empresa investigada en la trama Gürtel.
En concreto, señalaba que el contrato para la recuperación y restauración ambiental de las Marismas del Joyel, en la reserva natural de las Marismas de Santoña y Noja (Cantabria), que se remonta al 25 de marzo de 2003, se cerró en un importe de 1.492.152 euros. La IGAE observó un sobrecoste de 28.633,39 euros, el 1,74% del contrato, que ya contaba con un modificado del 9,99%, por lo que superaría el porcentaje límite y hubiese requerido el informe de la Inspección de Servicios.
'Comisiones finalistas'
El caso, conocido como el de las comisiones finalistas, lo inició el juez Pablo Ruz en 2013, pero lo cerró dos años después al no ver más indicios delictivos que los del pago de la reforma de la sede conservadora de Génova con esos fondos extracontables. Sin embargo, lo revelado por el líder de la Gürtel, Francisco Correa, durante el juicio por la primera época de la trama corrupta permitió reactivarla.
El juez de la caja b pide a Bárcenas las pruebas de sus acusaciones
El extesorero del PP Luis Bárcenas, que hasta entonces lo había negado, confesó en un escrito enviado a la Fiscalía Anticorrupción que algunas de las donaciones realizadas buscaban adjudicaciones. En su declaración del 16 de julio de 2021 ante Pedraz, implicó directamente a todos los ministros de Fomento y Medio Ambiente del PP al afirmar que trataban con los empresarios que contribuían a esa supuesta contabilidad oficiosa.
Relató un episodio concreto que le habría transmitido en su día su antecesor en la Tesorería del PP, el fallecido Álvaro Lapuerta. De acuerdo con Bárcenas, Lapuerta acudió al director general de Carreteras del Estado y el entonces ministro, Francisco Álvarez Cascos, le abroncó indicándole que debía dirigirse siempre a él para esos asuntos.
La del extesorero conservador fue la última declaración antes de que Pedraz pusiera fin a la fase de instrucción el 29 de julio de 2021. Desde entonces, el juez estaba pendiente de recibir el último informe de la IGAE para decidir el futuro de la causa.
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que archive la investigación sobre las presuntas donaciones realizadas por empresarios a la caja b del PP para conseguir determinados contratos públicos, después de que la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) emitiera un último informe donde no se detectan irregularidades en los procesos de adjudicación.