La Fiscalía Anticorrupción solicita nueve años de cárcel para el expresidente catalán Jordi Pujol por los delitos de organización criminal o asociación ilícita y blanqueo de capitales. El Ministerio Público dirige su acusación para toda la familia Pujol, salvo para la mujer del expresidente, Marta Ferrusola, para quien se han archivado las diligencias por enfermedad.
El que más petición de pena acumula es el primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, para quien Anticorrupción solicita una condena de 29 años de prisión por asociación ilícita, blanqueo de capitales, cinco delitos contra la Hacienda Pública, falsificación de documento mercantil y frustración de la ejecución en relación con la gestión de su patrimonio. Para el resto del clan, las penas van de los 17 años a los ocho. Así, para la exmujer del hijo mayor, Mercé Gironés, interesa una pena de 17 años, mientras que para Josep Pujol la petición es de 14 años de prisión. Tanto para Pere como para Oleguer, Oriol, Mireia y Marta Pujol Ferrusola, solicita ocho años de cárcel.
Todos ellos actuaron conjuntamente, según el Ministerio Público y ocultaron, al menos desde el año 1991, una ingente cantidad de dinero en Andorra, presunto producto del favorecimiento a determinados empresarios para que resultaran adjudicatarios de distintos concursos públicos de la administración pública catalana. A esos empresarios implicados en la trama delictiva se les acusa de cooperación necesaria en el blanqueo de capitales mediante la comisión de falsedades en documentos mercantil y se piden penas de dos y tres años de cárcel por delitos de falsedad en documento mercantil en relación medial con un delito de blanqueo de capitales y les impone multas que van desde los 200.000 euros a los ocho millones de euros.
Según el escrito de conclusiones provisionales de la fiscal, Jordi Pujol aprovechó su posición política para tejer una red de clientelismo conforme a la cual el propio expresidente y determinados empresarios afines al partido que este lideraba, Convergencia Democrática de Catalunya (CDC), se repartían los cuantiosos beneficios procedentes de concursos públicos cuya resolución dependía de las diferentes administraciones catalanas bajo el control de esa formación política.
Multas de hasta 6,84 millones
En cuanto a las multas para el clan Pujol, el Ministerio Público interesa la más alta para el mayor de los hermanos, para el que pide 6,84 millones de euros, sobre todo por delitos contra la Hacienda Pública, mientras que para su ex mujer interesa la cantidad asciende a 668.000 euros. Para Josep Pujol, reclama 932.000 euros y para el patriarca, la petición asciende a 204.000 euros. A estas cantidades hay que añadir las reflejadas en el apartado de blanqueo de capitales, en el que Fiscalía indica que la multa debe ser de las cantidades de las que dispusieron todos ellos (los siete hermanos, el padre y Gironés), que ascendieron a 38,7 millones de euros, 8,17 millones de dólares americanos, 2,73 millones de dólares mexicanos y 95.344 libras esterlinas.
Tras siete años de investigación, la Fiscalía concluye que el expresidente catalán acordó con su esposa que los fondos procedentes de la actividad ilícita ejecutada durante los años anteriores se distribuyesen en cuentas abiertas a nombre de esta y de sus siete hijos en la Banca Reig, que luego se fusionaría con Banc Agrícola dando lugar al Andbank. Los padres acordaron que fuera su primogénito Jordi quien gestionara los fondos y se ocupara de distribuirlos entre el resto de miembros de la familia.
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Así, el patrimonio ilícitamente obtenido de las mordidas que pagaban los empresarios fue ocultado al fisco y aflorado después mediante sistemáticas operaciones de blanqueo en las que intervinieron los miembros de la familia Pujol de manera coordinada a lo largo de muchos años. Unos, Jordi Pujol y Marta Ferrusola, dirigiendo las operaciones de ocultación y afloramiento; otros, Jordi Pujol Ferrusola, Mercé Gironés Riera y Josep Pujol Ferrusola, gestionando los beneficios de la actividad descrita; otros, finalmente, beneficiándose directa y conscientemente del producto de las conductas anteriores, coadyuvando a su ocultación.
Entre estas mecánicas, la creación de numerosas sociedades domiciliadas en paraísos fiscales, cuentas abiertas a nombre de terceras personas y múltiples transferencias e ingresos en efectivo, permitieron a la familia Pujol Ferrusola repartir los fondos ilícitos y disponer de ellos mediante cargos en sus cuentas en Andorra, tal y como se relata detalladamente en el escrito de acusación presentado por la Fiscalía Anticorrupción.
Para el juez que instruyó la causa, la procedencia del patrimonio proviene de distintas fuentes que también en algún caso es desconocida, si bien destacaba que existen "indicios sólidos" que acreditan que no procede, como alegan desde el principio los miembros de la familia, de una herencia familiar del abuelo Florenci Pujol. El juez llegó a tiladar de "paradójico" que los investigados nieguen tener "conocimiento del lugar donde estuvo el legado, la entidad o entidades bancarias donde estuvo depositado o fue administrado, el momento y forma en que llegó a Andorra y la cuenta o productos financieros en que estuvo invertido (más allá de meras generalidades)".
La Fiscalía Anticorrupción solicita nueve años de cárcel para el expresidente catalán Jordi Pujol por los delitos de organización criminal o asociación ilícita y blanqueo de capitales. El Ministerio Público dirige su acusación para toda la familia Pujol, salvo para la mujer del expresidente, Marta Ferrusola, para quien se han archivado las diligencias por enfermedad.