Anticorrupción pide que los tres últimos responsables de la Policía expliquen ante el juez la 'doble vida' de Villarejo

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, que llame a declarar a los tres últimos responsables de la Policía Nacional Agustín Linares Molina, Pedro Diaz-Pintado Moraleda y Eugenio Pino para que expliquen por qué el comisario jubilado y ahora en prisión provisional José Manuel Villarejo compaginaba su papel de funcionario público con un entramado de empresas que le reportaba ingentes beneficios, según el escrito al que ha tenido acceso Europa Press.

Se trata de tres de los cinco jefes que ha tenido la Policía Nacional en los últimos treinta años –los otros dos han fallecido– y para los que se ha desempeñado el Villarejo. Todos suscribieron cartas en enero de 2018 remitidas a la Audiencia Nacional respaldando la labor del comisario, documentación que obra en el sumario de la causa y en la que acreditan que conocían y autorizaban que tuviese negocios privados mientras era policía.

Los escritos fueron instados por la defensa del comisario Villarejo que entonces ejercía el abogado Ernesto Díaz-Bastién para apuntalar la versión del policía: Que su actividad privada estaba amparada por sus mandos policiales y era conocida por los responsables políticos de la seguridad del Estado desde que en el año 1993 se reincorporó al servicio activo en el Cuerpo tras una excedencia voluntaria durante la que constituyó el origen de su grupo empresarial.

Villarejo se defendía así del presunto delito de cohecho que se le imputaba a su detención, en noviembre de 2017. Sin embargo, meses antes la Oficina de Conflictos de Intereses dependiente de la Secretaría de Estado de Función Pública (Ministerio de Hacienda) ya había emitido un informe según el cual no consta que el policía hubiese solicitado "alguna vez" desde al menos 1984, "autorización de compatibilidad para el ejercicio de actividades privadas".

El delito de cohecho no sólo se imputa al comisario, sino a los distintos clientes que han ido contratando sus servicios a lo largo de los años por encomendarle diversas tareas y pagarle a cambio ingentes cantidades de dinero a sabiendas de que además de investigador, abogado o experto en seguridad, era policía en activo.

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Entre esos investigados por cohecho están la administradora de Procisa Susana García Cereceda y su socio Francisco Peñalver; el amigo y socio de Villarejo Adrián De la Joya; y los intermediarios Enrique Maestre y Armando Mateo. Todos ellos han pedido al juez en las últimas semanas que tenga en cuenta las cartas de los tres mandos policiales para acreditar que si el comisario tenía permiso para desempeñarse en la esfera privada, ellos no habrían vulnerado la ley al contratarle.

Esa es la razón por la que Fiscalía Anticorrupción "considera procedente aclarar el alcance de aquellas pretendidas autorizaciones a las que se hace referencia en las tres cartas aportadas a la causa" y opta por llamar a sus autores al juzgado para que ellos mismos proporcionen una explicación.

En el caso de Agustín Linares Molina y Pedro Diaz-Pintado Moraleda, Anticorrupción propone que sean llamados como testigos, mientras que solicita que Eugenio Pino sea citado en calidad de investigado, dado que ya está imputado en la pieza separada número 7 de la causa relativa al espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas, y pueda acudir así acompañado de abogado, de acuerdo al documento al que ha tenido acceso Europa Press y sobre el que deberá decidir el juez.