El libre acceso a toda la documentación relativa a la Guerra Civil y la dictadura franquista ha sido siempre una de las principales exigencias que colectivos memorialistas e historiadores han puesto sobre la mesa de los sucesivos gobiernos en democracia. Sin embargo, han tenido que pasar cuatro décadas para que se comiencen a abrir todos estos candados. A finales de septiembre, la ministra de Defensa, Margarita Robles, rubricó una resolución en la que se autoriza “con carácter general” la consulta pública de gran parte de la documentación anterior a 1968 que alberga el Archivo General Militar de Ávila. Un paso con el que se dará acceso, sin necesidad de obtener una autorización adicional, a medio millar de cajas con unos 3.000 documentos –que pueden ir desde simples mapas o telegramas hasta abultados expedientes– relativos al periodo comprendido entre el final de la contienda y el conocido como tardofranquismo –es decir, entre 1939 y 1968–.
Técnicamente, no puede hablarse de “desclasificación”, porque la Ley de Secretos Oficiales no cubre los documentos anteriores al 26 de abril de 1968, fecha en que entró en vigor esta normativa. No obstante, tal y como aclara Defensa en la resolución, “se necesita autorización previa para la consulta de cualquier documentación” cuyo acceso estuviera limitado por razones de defensa o seguridad nacional. Una vez analizada la información, la cartera dirigida por Robles ha dado el visto bueno a la apertura de parte de los documentos. “En la actualidad, el libre acceso a una parte importante de la documentación anterior al año 1968 que se custodia en los archivos históricos militares no constituye ningún riesgo real para los intereses públicos”, señala el escrito, en el que se informa que el Ejército de Tierra “ya ha informado oficialmente que no afectan ni a la seguridad ni a la defensa del Estado”.
"Los documentos con marcas de calificación como 'Secreto' o 'Reservado' anteriores a la entrada en vigor de la Ley de Secretos Oficiales no pueden considerarse 'clasificados' conforme a ella porque ni esta ni ninguna otra ley es aplicable retroactivamente", explican a infoLibre dos expertos en archivos militares de la asociación Archiveros Españoles de la Función Pública (AEFP). Por tanto, continúan, lo que se ha hecho Defensa no ha sido desclasificar, sino que simplemente ha reconocido que el acceso a estos documentos "no supone riesgo alguno para la seguridad y la defensa nacional". "Aunque limitándolo sólo al Archivo General Militar de Ávila, quizá por temor a posibles 'avalanchas' de solicitudes de acceso por parte de usuarios e investigadores", aseveran.
La orden dada por el ministerio se produce después de años de una fuerte presión para arrojar luz sobre los archivos militares. Y así lo reconoce Defensa en la propia resolución, en la que señala que “parece llegado el momento de atender” esa “demanda social creciente” a favor de que todos esos documentos “se hagan accesibles a la investigación e incluso a su mera consulta por los ciudadanos”: “El cada vez mayor número de investigadores, estudiosos y personas en general que en el curso de los últimos años se dirigen al Ministerio de Defensa para obtener información demuestra que buena parte de esos documentos se han convertido en objeto de gran interés”. Aunque la apertura afecta a una parte muy concreta del fondo documental, la cartera que dirige Margarita Robles no cierra la puerta a poner en acceso público en un futuro más documentos.
Varios intentos de apertura frustrados
Con este paso, el Ejecutivo socialista vuelve a retomar un asunto que lleva puesto sobre la mesa más de dos décadas. Ya en 1995, con Felipe González a punto de abandonar la Moncloa, se empezó a estudiar la cuestión de la desclasificación de documentos a partir de los fondos de la Sección de Información del Estado Mayor del Ejército. Finalmente, el proceso de apertura recibió luz verde cuatro años después, en 1999, de la Junta de Archivos Militares. Sin embargo, tal y como explica en “El acceso a la información contenida en los archivos militares: el Archivo Intermedio Militar Sur” la archivera Rocío de los Reyes Ramírez, “la necesidad de elaborar una relación individualizada de cada uno de los documentos, ante el volumen de documentación, más de 100 cajas, obligó a desistir del proyecto”.
Más de una década tuvo que pasar para que se produjese el segundo intento serio de abrir el candado. Durante la segunda legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, la entonces ministra de Defensa, Carme Chacón, encargó que se elaborara un catálogo de documentos clasificados como secretos, reservados o confidenciales previos a la Ley de Secretos Oficiales de 1968 susceptibles de ser abiertos para su investigación. En octubre de 2011, con las elecciones generales a la vuelta de la esquina, se elevó al Ejecutivo una propuesta para cancelar en bloque la clasificación de toda esta documentación –unos 10.000 documentos–. Los comicios, en los que el Partido Popular de Mariano Rajoy se impuso con una holgada mayoría absoluta, pusieron fin a ese segundo intento de abrir el candado de los archivos militares.
El expediente socialista lo heredó su sucesor en el cargo, el conservador Pedro Morenés, que desde su llegada a Defensa dejó bien claro que no se ejecutaría dicha desclasificación al considerar que “no es una prioridad”, que requiere un “extraordinario trabajo” y que únicamente contribuiría a generar “ruido mediático”. “Estamos en otras cosas mucho más importantes”, aseveró Morenés durante un desayuno informativo. Una línea en la que también se situó su sucesora, María Dolores de Cospedal, en respuesta a una pregunta parlamentaria de Unidos Podemos. “Cuando tengamos disponibilidad, lo realizaremos”, dijo entonces la exministra, quien señaló que “las prioridades son otras” y que los presupuestos de Defensa “son los que son y no son demasiados”.
Sin archivos "no hay historia"
El trabajo de análisis y filtrado realizado durante el mandato de Chacón al frente de Defensa ha permitido ahora dar el paso con rapidez. Y eso lo agradecen los historiadores e investigadores que llevan años peleándose para poder acceder a toda esa información. “Los documentos de archivos policiales o militares previos a 1968 no han estado abiertos completamente a los investigadores”, explica en conversación telefónica con infoLibre el catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza Julián Casanova. No obstante, aclara a renglón seguido que todos esos archivos “no son secretos, como piensa la gente”, sino que lo que se ha hecho ha sido poner “obstáculos y trabas a la investigación”. “No se puede depender de la arbitrariedad del regente de turno”, asevera.
El historiador, que exige también la recuperación y la apertura al público de la documentación en posesión de la Fundación Nacional Francisco Franco, considera fundamental abrir el acceso a los archivos porque sin ellos “no hay historia”. En la misma línea se posiciona en conversación con este diario Enrique Moradiellos, último Premio Nacional de Historia por su obra Historia mínima de la Guerra Civil. “El acceso a las fuentes probatorias documentales impresas que testimonien el proceso de toma de decisiones de una época es básico”, sostiene el también catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Extremadura, que añade que “la única verdad que hay en historia es la verdad documentada” y que califica de “estupenda” la decisión de Defensa de romper el candado de todos esos documentos.
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Moradiellos destaca la relevancia que tienen los archivos militares porque el Ejército “era columna vertebral” de la dictadura franquista. “Los capitanes generales mandaban mucho. Yo, si tuviera que elegir, preferiría que se abrieran antes los archivos militares que otros. Ahí tiene que haber material interesante”, apostilla el historiador. En concreto, según el anexo facilitado por Defensa, se podrá tener acceso a documentos relacionados con la organización y despliegue de unidades o partes de operaciones de la Guerra Civil, campos de concentración, batallones de soldados trabajadores, arrestos, denuncias, sabotajes, sospechosos o deserciones. También se podrá acceder a documentación relativa a la línea de fortificación del Pirineo, Cataluña, Aragón y Navarra, así como boletines de información interior y exterior.
“La apertura de estos archivos nos permitiría saber qué opinaban o qué pensaban los militares. Y no solo desde el punto de vista técnico, sino también sobre las decisiones de contenido político”, afirma Moradiellos. Y pone un ejemplo: “Podríamos conocer qué pensaba el Estado Mayor sobre el debate que se abrió en la década de los sesenta y que enfrentó a [Fernando María] Castiella –ministro de Exteriores franquista– y Luis Carrero Blanco –entonces subsecretario de la Presidencia– sobre la renegociación del acuerdo de bases con EEUU. El primero parece ser que no quería que se diera tanta manga ancha a los estadounidenses para operar en las bases sin avisar al Gobierno, mientras que el segundo decía que los pactos eran tan importantes que había que firmarlos como fuera. La apertura de documentos nos permitirían saber cómo determinaron su postura los militares”.
"A partir de ahora se podrá acceder a prácticamente todos los documentos de los fondos que se conservan en el Archivo General Militar de Ávila", explica la AEFP, que lleva años denunciando que los Archivos del Sistema Archivístico de la Defensa "están claramente infradotados, tanto en cuestiones materiales como de cobertura de plazas de técnico de archivos". "Lo que hasta ahora estaba restringido afectaba fundamentalmente a boletines de información interior y exterior del Estado Mayor Central del Ejército, correspondencia de Agregados Militares en Embajadas de España en el extranjero, documentación sobre guerrilleros antifranquistas y maquis, sobre la Organización Defensiva de los Pirineos...", sentencian.
El libre acceso a toda la documentación relativa a la Guerra Civil y la dictadura franquista ha sido siempre una de las principales exigencias que colectivos memorialistas e historiadores han puesto sobre la mesa de los sucesivos gobiernos en democracia. Sin embargo, han tenido que pasar cuatro décadas para que se comiencen a abrir todos estos candados. A finales de septiembre, la ministra de Defensa, Margarita Robles, rubricó una resolución en la que se autoriza “con carácter general” la consulta pública de gran parte de la documentación anterior a 1968 que alberga el Archivo General Militar de Ávila. Un paso con el que se dará acceso, sin necesidad de obtener una autorización adicional, a medio millar de cajas con unos 3.000 documentos –que pueden ir desde simples mapas o telegramas hasta abultados expedientes– relativos al periodo comprendido entre el final de la contienda y el conocido como tardofranquismo –es decir, entre 1939 y 1968–.