Toda la estrategia de Pedro Sánchez para hacer frente a la crisis política catalana descansa, desde que volvió a la Secretaría General del PSOE hace cinco meses, sobre la necesidad de reconducir el desencuentro entre fuerzas soberanistas y constitucionalistas que comenzó hace seis años. Su plan fue, desde el principio, convencer a todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria para sentarse en torno a una mesa en el Congreso de los Diputados, escuchar a todas las partes, y buscar una solución negociada que diese satisfacción a las aspiraciones de autogobierno de la mayoría de los catalanes dentro de España. Un pacto político que, seis meses después, pueda ser incorporado a la Carta Magna mediante la preceptiva reforma de la Constitución de 1978.
Ese objetivo, dificultosamente trabajado mediante contactos con los líderes de los principales partidos, especialmente Mariano Rajoy (PP), Pablo Iglesias (Podemos) e Iñigo Urkullu (PNV), está a punto de estrellarse cuando todavía no ha podido siquiera despegar. Sánchez había conseguido incluso vencer las reticencias iniciales del PDeCAT, lo que garantizaba la presencia de al menos una fuerza soberanista en los debates, y compensaba en parte la anunciada ausencia de ERC, contraria a cualquier solución que no pase por la hoja de ruta de la autodeterminación. Ciudadanos, que inicialmente ni siquiera apoyó la creación de la comisión, y a pesar de su enorme desconfianza en las posibilidad de alcanzar un acuerdo, acabó aceptando participar.
Entonces llegó el amago del president Carles Puigdemont de declarar la independencia. Y la respuesta del Gobierno, en forma de amenaza de invocar el artículo 155 de la Constitución que, previa autorización por el Senado, le garantiza casi cualquier mecanismo que desee utilizar para obligar a la Generalitat a cumplir la legalidad. La tensión entre ambos gobiernos, el de Cataluña y el de España, unida a la decisión de la Audiencia Nacional de encarcelar sin posibilidad de fianza a los líderes de las dos organizaciones civiles que más se han movilizado en los últimos años en favor de la independencia catalana, ha enrarecido aún más el ambiente. La decisión del PSOE de respaldar al Gobierno en este asunto, ahora ya sin ningún tipo de reservas, ha acabado por sembrar la desconfianza en el resto de la oposición. Muchos sospechan de la sintonía entre Rajoy y Sánchez sobre Cataluña y temen que ambos hayan pactado en secreto lo que quieren cambiar de la Constitución al margen de los demás partidos.
Con todos estos ingredientes, la creación de la comisión de diálogo sobre Cataluña se ha convertido en un campo de minas. Los partidos que decidan participar tienen de plazo hasta el lunes, a las ocho de la tarde, para proponer a sus representantes. Y, a falta de que las discrepancias se agudicen aún más si, como parece, el Gobierno invoca el artículo 155, ya hay bajas muy significativas. El PDeCAT ya ha anunciado que no participará si el Gobierno aplica a Cataluña el artículo 155 de la Constitución. La ausencia de la antigua Convergència se sumaría a la de ERC y dejaría la comisión herida de muerte al dejarla sin interlocutores soberanistas. Y Unidos Podemos, el tercer partido del Congreso, con el que los socialistas estaban intentando engrasar mecanismos de colaboración parlamentaria, confirmó este miércoles que tampoco acudirá. En las circunstancias actuales, opinan, la comisión no va a servir para solucionar el conflicto catalán sino para avanzar hacia una reforma de la Constitución insuficiente y pactada de antemano entre el PP y los socialistas. Especialmente si, como parece, no va a estar una de las partes, en alusión a ERC y PDeCAT. Aunque el propio Pablo Iglesias quiso dejar una puerta abierta: Podemos puede cambiar de criterio si el Gobierno reculara y desistiera de aplicar el 155, o bien si Puigdemont renunciase a la declaración unilateral de independencia.
El marco no es viable
“Pensamos que si se aplica el 155 o si Puigdemont decide declarar ilegítimamente la independencia, esa comisión no es un marco viable de diálogo, hoy por hoy. Ojalá en un futuro se dé una situación de desescalada de la tensión y pueda haber espacios en el Parlamento y fuera de él que sirvan para hablar de todo”, concluyó Iglesias.
Podemos desconfía además de la apertura de las negociaciones para la reforma constitucional anunciada por el PSOE. Cree que ya está pactada de antemano entre el PP y los socialistas, fruto de un acuerdo sellado entre Pedro Sánchez y Mariano Rajoy a cambio del apoyo de los socialistas para aplicar el 155. Y que se limita a tratar de cambiar el el artículo 148 de la Constitución, que regula las competencias de las Comunidades Autónomas, una posibilidad que consideran claramente insuficiente porque la clave para solucionar el problema territorial, dicen, pasa por reconocer la "plurinacionalidad" de España y a Cataluña como una nación, y también el derecho a decidir de los catalanes a fijar su relación con el resto del Estado.
De momento, el Grupo Socialista ha elegido ya a sus nueve representantes en la comisión. Su portavoz será la vicesecretaria general del PSOE, la asturiana Adriana Lastra, a la que acompañarán entre otros el exlehendakari Patxi López, secretario de Política Federal del partido; la coordinadora de los diputados y senadores del PSC, Meritxell Batet, y el diputado José Enrique Serrano, quien fue director de gabinete de los dos presidentes del Gobierno socialistas, Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, y a quien el PSOE ha encargado numerosas negociaciones institucionales en los últimos años. Su nombre es uno de lo que se han planteado pata presidir la comisión porque contaría con el acuerdo del PP, sobre todo si el PNV mantiene su rechazo a la oferta que le ha hecho llegar el PSOE para hacerse con la Presidencia.
Pero más allá de los nombres, más reveladora resulta la lista de temas que los socialistas quieren plantear: el balance del modelo autonómico, la ordenación de las competencias, el nombre de las Comunidades Autónomas, el análisis de la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló el Estatut de Cataluña y dio origen a la crisis actual, la financiación autonómica y la autonomía local. El temario ha cobrado especial relevancia desde que Sánchez anunció haber pactado con Rajoy que serviría de prólogo para, dentro de seis meses, abrir la discusión para una reforma de la Constitución reivindicada desde hace años por todos los partidos con la única excepción del PP.
Los límites de Ciudadanos
De las dificultades que aguardan a la comisión, si es que finalmente se constituye, da idea el rechazo que ya ha provocado en Ciudadanos el mero enunciado de los temas a tratar que propone el PSOE. “Nosotros no vamos a dedicarnos a deshacer sentencias firmes del Tribunal Constitucional. No cuenten con Cs”, anotó Albert Rivera en su cuenta de Twitter.
El líder de Ciudadanos ya da por fracasada la comisión propuesta por el PSOE, aunque en principio su partido sí acudirá al acto de constitución cuando se produzca. Allí sus representantes serán el vicepresidente primero del Congreso, Ignacio Prendes, y los diputados Javier Cano y Virginia Millán. “Pero como cada vez hay menos gente en esa comisión”, ironizó Rivera, “acabará fracasando e iremos a una reforma constitucional, que es lo que de verdad necesita este país", declaró en rueda de prensa en la Cámara baja.
El líder de Ciudadanos asegura que lo que le gustaría es buscar puntos de entendimiento con el PSOE, y luego intentar atraer al PP. Cuando llegue el momento, si es que finalmente se presenta, Cs defenderá reformar el Senado, modificar puntos relativos a la legislación electoral, suprimir las diputaciones y eliminar los aforamientos, entre otras cosas. Y se opondrá a cualquier intento de “contentar” a los líderes independentistas catalanes. “Ningún español entendería que el PSOE quisiera poner patas arriba la Constitución para hacer un traje a medida a (Carles) Puigdemont y (Oriol) Junqueras”, declaró en alusión al presidente y al vicepresidente de la Generalitat.
El portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardá, reconfirmó en los pasillos del Congreso que su partido no participará en la comisión porque no cree que lleve a ningún lugar. “En la medida en que no se aceptase una negociación de igual a igual, o entre los dos gobiernos, cualquier reforma de la Constitución siempre implicará el plácet de los grandes partidos españoles, de manera que, aún cuando todos los catalanes pensáramos igual, cosa que no deseo, siempre estaríamos a merced de la voluntad del PP, Ciudadanos y PSOE", razonó.
El PDeCAT, por su parte, aunque en principio se había mostrado favor de acudir, ve ahora “muy difícil” abrir cualquier espacio de diálogo mientras se plantee la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Su portavoz en el Congreso, Carles Campuzano, advirtió de lo complicado que sería “poder compatibilizar” la suspensión del autogobierno de Cataluña o la destitución del Govern con una discusión parlamentaria sobre la reforma de la Carta Magna. En todo caso, el PDeCAT está pendiente de lo que ocurra antes de tomar una decisión definitiva.
El PNV, una pieza clave en el tablero, porque de la normalización de la situación política depende la reedición del acuerdo que alcanzó el año pasado con el PP para aprobar los Presupuestos, no ha designado representante en la comisión. Distintas fuentes aseguran que será su portavoz, Aitor Esteban o el diputado Mikel Legarda. Su compormiso con ella dependerá de lo que ocurra este jueves.
Compromís si acudirá
Quien sí parece dispuesto a participar, al menos de momento, es Compromís. Su portavoz en el Congreso, Joan Baldoví, ha pedido a la Mesa del Congreso que invite a la nueva comisión para revisar el modelo territorial a aquellas formaciones nacionalistas que, aunque no tienen diputados en la Cámara baja, sí tienen representación en parlamentos autonómicos.
Compromís celebra que el Congreso haya aceptado que los siete partidos del Grupo Mixto puedan tener voz en la comisión.
De momento, la presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha dado de plazo hasta el lunes para que todos los grupos comuniquen los nombres de los diputados que enviarán a la comisión. Vencido ese plazo, Pastor tiene todavía que convocar la sesión constitutiva.
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A pesar de los nubarrones que amenazan con acabar con la comisión de diálogo antes de su nacimiento, la portavoz del PSOE en el Congreso, Margarita Robles, sigue confiando en que “al final todo el mundo participe” porque es una “oportunidad histórica. Todos tenemos mucho que decir”.
El propio Pedro Sánchez, que ha empeñado buena parte de su estrategia política en este asunto, criticó expresamente a Pablo Iglesias y a Unidos Podemos por suspender su participación y les acusó de defender junto al “bloque soberanista” la mejor manera de que “Cataluña se vaya de España”.
Las fuerzas parlamentarias que “están defendiendo que hay que resolver esta crisis desde la política y no desde el ámbito judicial”, como ha hecho el PSOE, razonó Sánchez, “lo que no pueden hacer es denunciar esa falta de diálogo político y, cuando se abren esos cauces, negarse a participar”. “Yo les digo que el PSOE tiene una voluntad clara: participe quien participe, esa comisión parlamentaria se va a poner en marcha y, dentro de seis meses, vamos a abrir el debate necesario para reformar nuestra Constitución”. Con o sin los demás partidos de la oposición.
Toda la estrategia de Pedro Sánchez para hacer frente a la crisis política catalana descansa, desde que volvió a la Secretaría General del PSOE hace cinco meses, sobre la necesidad de reconducir el desencuentro entre fuerzas soberanistas y constitucionalistas que comenzó hace seis años. Su plan fue, desde el principio, convencer a todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria para sentarse en torno a una mesa en el Congreso de los Diputados, escuchar a todas las partes, y buscar una solución negociada que diese satisfacción a las aspiraciones de autogobierno de la mayoría de los catalanes dentro de España. Un pacto político que, seis meses después, pueda ser incorporado a la Carta Magna mediante la preceptiva reforma de la Constitución de 1978.