Primero fue Pablo Casado y después Alberto Núñez Feijóo. Los presidentes del Partido Popular llevan anunciando la inminente llegada de una recesión económica —de la que culpan a la política económica de los sucesivos gobiernos de Pedro Sánchez— prácticamente desde la moción de censura que puso fin al mandato de Mariano Rajoy el 1 de junio de 2018. Pero el apocalipsis no llega. Y el PP se ve obligado, una y otra vez, a volver a la batalla ideológica denunciando la supuestas cesiones de Sánchez a los independentistas, recuperando el imaginario de ETA y combatiendo leyes como la de Memoria Democrática o la de Eutanasia.
Feijóo tardó apenas tres meses desde su elección como presidente del PP en ponerse en lo peor. El 5 de julio aseguraba que íbamos camino del desastre. Entonces ponía el foco en los indicadores económicos más negativos, a veces tergiversándolos, y pasaba por alto cualquiera que pudiera ser interpretado como positivo para anticipar, en tono solemne, que España se dirigía a una crisis económica inminente de consecuencias impredecibles.
“La situación es muy compleja. Ya no estamos hablando de síntomas, sino de hechos claros. Nos dirigimos, todavía con mayor intensidad, a una profundísima crisis económica”, aseguró en una reunión conjunta de los diputados y senadores del Partido Popular convocada para preparar el debate sobre el estado de la nación que tuvo lugar en el Congreso pocos días después. Sufrimos una “inflación galopante” y vamos a una “ralentización del crecimiento” y al “empobrecimiento”. “No hay un dato bueno para los próximos trimestres”, remarcó con gesto grave.
Feijóo reclamaba entonces, como ahora, una “rebaja de impuestos” y “un cambio de rumbo” en la política económica del Gobierno, al que ya en aquellos días acusaba de “negar las evidencias” del desastre en camino. Todo el PP dedicó los meses de verano a alimentar la idea de la catástrofe que se avecinaba y a acusar a Pedro Sánchez de negarse a verlo igual que José Luis Rodríguez Zapatero cerró los ojos, aseguraban, ante la crisis financiera de 2008. Entonces sus argumentos se apoyaban en la elevada inflación y en que España todavía no ha recuperado el volumen de PIB que tenía antes de la pandemia —fue el país que más retrocedió, en gran parte por su dependencia de la industria del turismo, una de las que más sufrió por culpa del confinamiento—.
Según los cálculos del equipo económico de Feijóo, el paro se iba a disparar y la economía iba a entrar en recesión a partir del otoño. Dos problemas que se iban a agudizar, decían, si Sánchez, como ellos esperaban, no era capaz de sacar adelante los presupuestos generales para 2023. “La debilidad en el seno del Gobierno es uno de los grandes riesgos de la economía española. Si el Presupuesto del 2022 ya no sirve y proponemos actualizarlo, sería dramático no aprobar los Presupuestos de 2023 en nuestro país”, advertía Feijóo en julio a sus parlamentarios. Se equivocó también en eso: los presupuestos afrontan el final de su tramitación con un amplio respaldo.
Entonces el líder del PP solo tenía tiempo para la economía y despreciaba cualquier otro debate. Ni siquiera quería hablar del Consejo General del Poder Judicial, cuya renovación bloquea su partido desde hace cuatro años, con el argumento de que era un asunto que no interesaba a los españoles. Los dos paquetes anticrisis aprobados por el Gobierno para hacer frente a las consecuencias de la invasión rusa de Ucrania le parecían un error porque no iban a frenar la inflación ni a mantener la actividad económica. Votó en contra de todas las medidas.
“Profunda crisis en otoño”
El 30 de agosto, en pleno inicio del curso político, Feijóo volvió a reiterar la amenaza de una “profunda crisis económica en otoño”. “Nuestro deber es decir a los españoles que están preocupados que hacen bien. Que tienen motivos”, subrayaba el líder de la oposición alentando el temor de los ciudadanos. Estaba en camino, decía, una “tormenta perfecta” y citaba tres pruebas para apoyar su predicción: la deuda pública, el incremento de los “precios industriales” y el encarecimiento de las hipotecas.
El empeño del líder del PP en pronosticar un colapso de la economía se puede rastrear hasta el 29 de octubre. Ese día, en un acto de partido celebrado en la ciudad de Lugo, certificó que la economía “se ha enfriado” y “estamos a pocas semanas de entrar en una recesión técnica” que, con unos presupuestos que parecen más un “programa electoral” que unas cuentas generales, el país no va a poder encarar como debe. Sus argumentos, los de siempre: España está a la cola en la recuperación económica tras la pandemia y la deuda pública que no para de crecer.
La realidad es que el apocalipsis no ha llegado. Prueba de ello es que el discurso económico ha desaparecido de las intervenciones de Feijóo. Este mismo miércoles el Banco de España mejoró su previsión de crecimiento de este año para la economía española hasta el 4,6%, por encima de los países de nuestro entorno, tras haberse comportado un poco mejor de lo previsto en los últimos meses. Es verdad que también ha recortado, ligeramente, la previsión para 2023 hasta el 1,3% debido a que prevé un empeoramiento de la demanda externa que se vería compensado por los mejores datos de finales de 2022 y la prórroga de las medidas del Gobierno contra la inflación.
Es una cifra más contenida que la de 2022, pero claramente mejor que la de nuestros vecinos. Hace apenas un mes la OCDE reiteró que España conseguirá mejores cifras que las del resto de grandes economías europeas. Alemania, por ejemplo, caerá un 0,3% en 2023, mientras que Italia y Francia avanzarán únicamente un 0,2% y un 0,6%. La zona euro, por su parte, crecerá un tímido 0,5% (el mismo aumento que registrará Estados Unidos), mientras que el conjunto de la OCDE lo hará un 0,8%.
Si nos fijamos en el paro —un dato que el PP no reconoce, porque según este partido está manipulado por el Gobierno—, la situación es en estos momentos (2,88 millones desempleados) la mejor desde noviembre de 2007, en plena burbuja inmobiliaria y antes de la crisis financiera. La cita de noviembre supuso un descenso de 33.512 trabajadores registrados en las listas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), la segunda mayor bajada en un noviembre de los últimos 10 años.
La deuda española ha superado en el tercer trimestre la barrera de los 1,5 billones de euros, lo que supone un 2% más que en el período anterior. No obstante, en términos relativos, el dato es ligeramente positivo: la deuda ha pasado de representar el 116,1% del PIB al 116%. Esto se debe a que el PIB ha crecido ligeramente en este período, aliviando el peso de la deuda sobre el crecimiento económico.
La cifra todavía está por encima del objetivo marcado por el Gobierno para cerrar el año, que es del 115,2%. El dato del cuarto trimestre no se conocerá hasta marzo. De cara al futuro, el Gobierno plantea un escenario donde la deuda se reducirá a en torno el 109% en 2025.
El origen de la deuda
En contra de lo que sostiene Feijóo, que atribuye la abultada deuda española exclusivamente a Sánchez, la deuda pública ha crecido en los últimos tiempos en dos periodos: a lo largo de la Gran Recesión (entre 2008 y 2014) y desde 2020, la pandemia y la ola inflacionista generada por la invasión de Ucrania. En el primer caso, la deuda pasó del 35% del PIB al 104% a lo largo de seis años. En el segundo, del 101% al 116%. El fuerte aumento de este ratio se produjo tras el enorme desplome del PIB producido en 2020 tras los confinamientos, que supuso la mayor caída desde la Guerra Civil.
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Las oscuras —y fallidas— predicciones económicas de Feijóo no son originales. Su antecesor al frente del PP, Pablo Casado, también anticipó reiteradamente una recesión que no llegó nunca. Lo hizo temprano, en octubre de 2018, cuando Sánchez llevaba apenas cuatro meses en La Moncloa. Entonces aseguró que el proyecto de presupuestos del Gobierno llevaría “de nuevo al paro masivo” y supondrían “la base de una nueva recesión en España”.
Unos meses después, en marzo de 2019, en la precampaña de las primeras elecciones generales de aquel año, repetía el mensaje: “Vuelve la crisis con Pedro Sánchez, ya empezamos a hablar de deuda, desinversión y paro“.
En octubre de 2021, hace poco más de un año, Casado advertía que España estaba “quebrada”. ¿La razón? Que el Banco Central Europeo (BCE) había tenido que inyectar 330.000 millones de euros, “de los cuales 120.000 son todas las emisiones netas de la deuda pública nacional del año pasado”. “Como nos dejen de comprar deuda o nos suban tipos, hemos quebrado. No es catastrofismo, es realismo y es responsabilidad”. “Estamos abocados al rescate por culpa de este Gobierno. Por tercera vez en la historia nos vamos a encontrar un país en default [quiebra] por culpa de un Gobierno que no ha aprovechado el mayor caudal de solidaridad europea de la historia”, vaticinaba.
Primero fue Pablo Casado y después Alberto Núñez Feijóo. Los presidentes del Partido Popular llevan anunciando la inminente llegada de una recesión económica —de la que culpan a la política económica de los sucesivos gobiernos de Pedro Sánchez— prácticamente desde la moción de censura que puso fin al mandato de Mariano Rajoy el 1 de junio de 2018. Pero el apocalipsis no llega. Y el PP se ve obligado, una y otra vez, a volver a la batalla ideológica denunciando la supuestas cesiones de Sánchez a los independentistas, recuperando el imaginario de ETA y combatiendo leyes como la de Memoria Democrática o la de Eutanasia.