El drama del covid-19 tuvo una zona cero: las residencias. Es uno de los mensajes repetidos como un mantra durante la epidemia de coronavirus que lleva meses asolando al país, especialmente entre los más mayores. El virus ha puesto contra las cuerdas al modelo de geriátricos, ha obligado a repensar su gestión y ha revelado la opacidad de algunos gobiernos autonómicos respecto a los datos sobre lo ocurrido. En esa coyuntura, casi la mitad de los parlamentos autonómicos han intentado impulsar comisiones parlamentarias para investigar lo ocurrido en las residencias. El resultado ha sido desigual y la posición de los grandes partidos ha variado en función de cada territorio.
De esta manera, son ocho las cámaras autonómicas que han planteado la apertura de una comisión específica volcada en lo sucedido en los centros de mayores, pero no todas las peticiones han prosperado. La mayoría de los parlamentos se han inclinado por comisiones de reconstrucción a nivel general, como es el caso de Cantabria, Murcia o Castilla-La Mancha. Otras, en cambio, no han recibido por el momento ninguna petición para abrir una comisión de tales características, aunque las voces consultadas por infoLibre en distintos territorios no descartan que en los próximos días, especialmente con el inicio de la actividad parlamentaria, se introduzcan iniciativas respecto a las residencias.
Es el caso, por ejemplo, de Galicia y La Rioja. En la primera, con un parlamento recién constituido, las organizaciones de familiares ya han solicitado la creación de una comisión de investigación sobre la gestión de la pandemia en las residencias gallegas. Tal y como ha señalado a este diario el presidente de REDE Asociacións de Familiares e Usuarias de Residencias e da Dependencia, la organización se ha reunido ya este miércoles con los tres grupos parlamentarios (PPdeG, PSdeG y BNG) para que el de las residencias "sea el tema principal y no se pase de soslayo" durante la legislatura que se abre. Fruto de la reunión, tanto los socialistas como los nacionalistas han decidido registrar una petición para constituir una comisión, mientras que los conservadores están "abiertos a investigar lo que sucedió en las residencias gallegas". En La Rioja, gobernada Concepción Andreu (PSOE), son los conservadores quienes pedirán la apertura de una comisión de investigación con el objetivo de "conocer la verdad sobre cómo fue la gestión en las residencias en plena emergencia sanitaria".
"Esto no es Madrid"
Los últimos meses y la investigación en torno a las residencias han apuntado a la Comunidad de Madrid como uno de los territorios en los que la gestión se ha demostrado nefasta. Aunque Isabel Díaz Ayuso (PP) ha defendido a capa y espada la diligencia de su gobierno respecto a los geriátricos, lo cierto es que la información documentada no la avala: exclusión de los mayores, traslado hospitalario paralizado y opacidad en las cifras. Según la investigación de infoLibre, sólo en marzo más de 1.950 personas que vivían en residencias de la comunidad perdieron la vida sin ser trasladadas a un hospital.
Esta cruda realidad ha hecho que varios grupos parlamentarios exigieran una comisión de investigación. Lo hizo la izquierda, pero también la ultraderecha. Prosperó la primera. La petición del PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos salió adelante sin la oposición de ningún grupo, aunque la presidenta madrileña no duda en calificarla de "circo" pensado para "retorcer el dolor de las familias" y hacer "una causa política". La Asamblea de Madrid celebró la sesión constitutiva el pasado 6 de julio y situó al frente al socialista José Ángel Gómez Chamorro.
Y si en Madrid los socialistas encabezan la investigación parlamentaria, en Asturias se desmarcan de la propuesta alegando, precisamente, que "esto no es Madrid". A mediados de junio, el PP asturiano propuso abrir una comisión para investigar la gestión de las residencias durante la crisis del covid-19, pero sólo encontró el apoyo de Foro Asturias, Vox y Ciudadanos. Tanto PSOE como Podemos e Izquierda Unida rechazaron la iniciativa. Los socialistas asturianos argumentaron entonces que el grueso de las investigaciones penales en torno a las residencias se centran esencialmente en la Comunidad de Madrid y no en Asturias, donde gobierna Adrián Barbón (PSOE).
También en Extremadura, con Guillermo Fernández Vara (PSOE) al frente, la propuesta para iniciar una comisión de investigación se ha topado con la oposición de los socialistas. En este caso, fueron de nuevo los conservadores quienes a principio de julio se encontraron con el rechazo del PSOE, partido con mayoría absoluta en la cámara autonómica. Tanto Unidas Podemos como Ciudadanos habían apoyado la investigación respecto a los fallecimientos en las residencias, una gestión que está siendo objeto de estudio a través de diversos procesos penales. Los morados defendieron la necesidad de analizar la gestión de los centros, que ya arrastraba "muchas carencias", de cara a un cambio de modelo. Los naranjas, por su parte, pedían una investigación que sirviera a la hora de trabajar en la contención de los rebrotes. El PSOE asumió la propuesta como una sentencia de los conservadores y animó a que las filas del grupo "busquen soluciones y no culpables". La iniciativa, a juicio de los socialistas, respondía a una suerte de estrategia para esconder la gestión en la Comunidad de Madrid y derribar el Gobierno de Pedro Sánchez.
Valencia, Andalucía y la derecha
En la Comunitat Valenciana es la derecha de Ciudadanos quien pide una comisión de investigación. El parlamentario Toni Cantó registró a finales de mayo una petición para abrir la puerta a la comisión, pero la iniciativa sigue pendiente de debate. Fuentes del grupo naranja explican a este diario que el asunto debe entrar a pleno, pero la llegada de los meses estivales ha dificultado la tarea. "Se retomará en septiembre, cuando se recupere el periodo de sesiones ordinario". Las filas del grupo parlamentario perciben que la petición podría tener buena acogida, aunque los "grupos que apoyan al Gobierno quieren que sea una comisión de estudio, pero es un tecnicismo". En la comunidad gobierna Ximo Puig (PSPV) con el respaldo de Compromís y Unidas Podemos. La administración ha resultado ser de las más opacas respecto a los datos, pese al más de medio millar de fallecidos en los centros de mayores.
Una cifra similar se registra en Andalucía, con más de 500 muertes. Pero en esta comunidad es la derecha quien lastra una posible comisión de investigación. A finales de junio, Adelante Andalucía requirió la constitución de una comisión de investigación parlamentaria. Una iniciativa que en principio parecía gozar de las condiciones adecuadas para salir adelante: el pasado 9 de julio el Boletín Oficial del Parlamento Andaluz (BOPA) confirmaba que la solicitud había recibido calificación favorable y había sido admitida a trámite. Sin embargo, tanto los conservadores como la formación naranja –ambos en el Gobierno de Juan Manuel Moreno– rechazaron finalmente la constitución del órgano. Fuentes de la formación naranja explican que la Mesa del Parlamento calificó la propuesta favorablemente pero no se llevó a Comisión debido a dos textos elevados por ambos grupos. "Pensamos que la gestión de las residencias no correspondía a la Junta de Andalucía cuando se planteó" la configuración del órgano, sino que la competencia recaía "sobre el mando único", detallan las mismas fuentes.
Unanimidad en Cataluña y Aragón
Los grupos sí han roto la dinámica del enfrentamiento y han logrado alcanzar acuerdos en Cataluña y en Aragón. El Parlamento de Cataluña acordó a finales de mayo abrir una comisión de investigación sobre la gestión de la Generalitat, presidida por Quim Torra (JxCat), en el seno de las residencias. La iniciativa, promovida y presidida por la CUP, tiene como objetivo analizar la pérdida de más de cuatro mil vidas en los centros sociosanitarios.
La misma unanimidad se registró en Aragón, comunidad presidida por el socialista Javier Lambán. A finales de mayo salió adelante la creación de una comisión especial de estudio para la reestructuración de la red de residencias de personas mayores de la comunidad y se concedió un plazo de seis meses para analizar las "modificaciones legales que resulten necesarias para mejorar la calidad asistencial de los centros", tras haberse "constatado como el epicentro de la crisis", dejando más de 700 fallecimientos. La propuesta fue avalada por la oposición a iniciativa de los conservadores y con el propósito de analizar el modelo de los 340 centros residenciales en los que se concentran casi el 80% de muertes por coronavirus.
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Podemos se queda solo en Castilla y León
En el caso de Castilla y León, fue el Grupo Parlamentario de Podemos el que solicitó la apertura de una comisión sobre las residencias de mayores, tal y como confirman fuentes de la cámara autonómica. Finalmente, la propuesta no se llegó a consumar debido al pacto para la reconstrucción firmado el pasado 16 de junio. En el acuerdo "se contempla elaborar un informe sobre la incidencia, actuaciones y resultados e informar en una comisión parlamentaria, por lo que la propuesta de Podemos no contó con el apoyo del resto de los partidos para establecer una comisión de investigación monográfica sobre esta cuestión".
Castilla y León, con Alfonso Fernández Mañueco (PP) al frente, es una de las comunidades más afectadas por el covid-19 más afectadas por el covid-19en el seno de las residencias.