El intento de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, de contener la tormenta política desatada por la decisión de aceptar la presencia de una figura arbitral en la mesa de diálogo que tratan de poner en marcha de común acuerdo con el Govern apenas tuvo algún efecto sobre aquellos que en el PSOE e incluso dentro del Ejecutivo asisten con perplejidad a la gestión de las negociaciones y mucho menos sobre la derecha, PP, Ciudadanos y Vox, que este domingo se movilizará para señalar a Pedro Sánchez como un “traidor” a la unidad de España.
Como telón de fondo, el calendario, que cada día que pasa acerca la fecha clave de la votación en el Congreso del proyecto de Presupuestos y cuyo resultado depende de que los partidos independentistas, PdeCAT y Esquerra, se sientan satisfechos con los espacios de diálogo que están negociando con el Gobierno de Sánchez para buscar una solución política a la crisis de Cataluña.
La vicepresidenta Calvo volvió a conversar este miércoles por videoconferencia con su homólogo catalán, Pere Aragonés, cabeza visible de Esquerra en el Govern, y con la consellera Elsa Artadi, portavoz del Ejecutivo catalán y persona de confianza del expresident Carles Puigdemont. La reunión, a juzgar por la escasa información facilitada por Moncloa, no ha supuesto avances, más allá de un acuerdo genérico dirigido a “seguir trabajando para avanzar en los elementos de los dos ámbitos ya conocidos”, el diálogo a través de la Comisión Bilateral prevista en el Estatuto de Autonomía y la mesa de partidos, “con el fin de que, desde el diálogo, se pueda encontrar una solución para Cataluña”.
Después de lo ocurrido con la figura del relator, que muchos consideran un eufemismo para encubrir una mediación, ambas partes optaron por no concretar el estado de las negociaciones en un intento de salvaguardar hasta donde sea posible el esfuerzo que están llevando a cabo para cerrar un acuerdo satisfactorio tanto para el Gobierno como para la Generalitat.
No en vano las discrepancias siguen siendo muy importantes y, a día de hoy, constituyen un obstáculo insalvable para que los independentistas faciliten la tramitación de los Presupuestos en la votación que previsiblemente se celebrará en el Congreso el próximo miércoles.
En primer lugar, el alcance de la mesa de partidos, precisamente la que incluirá la presencia de un relator, si ambas partes se ponen de acuerdo para designar a alguien que satisfaga a todos. La Generalitat sigue queriendo que en ella esté presente Podemos, además del PSC, el PDeCAT y Esquerra, y eso desborda el ámbito del espacio de diálogo creado en Cataluña por acuerdo del Parlament, en el que sólo tienen asiento los partidos con representación autonómica. Y el Gobierno, al menos hasta el miércoles por la mañana, mantenía su postura en contra.
El Govern quiere además que, antes de la votación de los Presupuestos, se cierre un calendario de reuniones tanto de la Comisión Bilateral, en la que hablarán Generalitat y Gobierno de España, y la mesa de partidos, así como el temario de asuntos a tratar. Un asunto este último especialmente relevante, por cuanto PDeCAT y Esquerra insisten en incluir el derecho a la autodeterminación, un asunto sobre el que el Ejecutivo de Sánchez se ha mostrado siempre poco dispuesto a transigir.
Calvo, Artadi y Aragonès volverán a hablar este jueves para intentar avanzar en las negociaciones. Aparentemente ni Sánchez —que viajará a Estrasburgo— ni la vicepresidenta han modificado su empeño en tratar de pactar el “espacio de diálogo” que acordaron con la Generalitat el 20 de diciembre, a pesar de las voces críticas que se han alzado en el seno del PSOE y de la movilización sin precedentes contra el intento de negociar una solución política para Cataluña que por primera vez hará coincidir en Madrid el domingo a los líderes del PP, Ciudadanos y Vox.
Cálculos electorales
Los cálculos de unos y otros siguen abiertos. Si no no hay acuerdo con los independentistas y los Presupuestos no consiguen ni siquiera iniciar su tramitación en el Congreso, son muchos los dirigentes del PSOE y varios los miembros del Gobierno partidarios de anticipar las elecciones y hacerlas coincidir con el superdomingo del 26 de mayo,superdomingo el mismo día en el que los ciudadanos están llamados a votar para renovar los ayuntamientos, elegir la representación española en el Parlamento Europeo y decidir la composición de trece asambleas autonómicas.
Ese es, paradójicamente, el peor escenario para los barones socialistas que gobiernan en sus comunidades autónomas, tres de los cuales, Guillermo Fernández Vara (Extremadura), Javier Lambán (Aragón) y sobre todo Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha) fueron este miércoles los más críticos con la decisión del Gobierno de aceptar la presencia de una figura neutral en una mesa de partidos para hablar del futuro de Cataluña. Todos ellos temen más que ninguna otra cosa que su campaña electoral coincida con la de unas generales, convencidos de que esa circunstancia puede incrementar el voto de castigo que están convencidos habrá contra Sánchez por su disposición a negociar con los independentistas.
No obstante, Sánchez siempre les ha transmitido, a ellos y a los miembros del Gobierno y de la Ejecutiva del PSOE, que en caso de que los Presupuestos no salgan adelante su intención es demorar la convocatoria de las elecciones hasta otoño. Y aprovechar los próximos meses para intentar sacar adelante algunas medidas de su agenda social.
Vara, Lambán y Page no fueron los únicos que alzaron la voz en público contra la gestión de las negociaciones sobre Cataluña. Tanbién los hicieron dos diputados críticos, Soraya Rodríguez y José María Barreda. A favor del Gobierno, en cambio, tomaron posición los presidentes de la Comunitat Valenciana, Ximo Puig, e Illes Balears, Francina Armengol, así como los candidatos a la Presidencia de Castilla y León y Murcia, Luis Tudanca y Diego Conesa, y el PSOE de La Rioja. El portavoz de los socialistas andaluces, Mario Jiménez, evitó las críticas y se mostró convencido de que Sánchez mantendrá el diálogo dentro de la Constitución.
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Otros, dentro del Gobierno y en la Ejecutiva del PSOE, prefieren guardar silencio, pero comparten en privado sensaciones que van desde la indignación a la decepción. El último en hablar en público este miércoles fue el exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra, que calificó de “desatino” negociar la figura de un relator para el diálogo entre partidos sobre Cataluña porque, a su juicio, supone equiparar a España con países en conflicto. Mantener la “dignidad” del país, advirtió, es más importante que la aprobación de unos Presupuestos. Los políticos que hicieron posible la Transición “nunca, nunca” necesitaron un relator.
“Los que han negociado tamaño desatino, ¿con qué país equiparan a España?”, se preguntó Guerra en un acto público recogido por Europa Press. “¿Con Yemen del Sur, con Burkina Faso? Aprobar un Presupuesto es vital para un gobierno, mantener la dignidad de la nación es una prioridad que empequeñece la adversidad de una votación contraria a las cuentas del Estado”.
En apoyo del Gobierno y de la figura del relator se pronunció Unidos Podemos, a través de su portavoz parlamentaria, Irene Montero, así como el lehendakari Iñigo Urkullu. En contra, en una ofensiva general en toda España, PP, Ciudadanos y Vox, que el domingo quieren “parar los pies” al presidente, al que consideran un “traidor”.
El intento de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, de contener la tormenta política desatada por la decisión de aceptar la presencia de una figura arbitral en la mesa de diálogo que tratan de poner en marcha de común acuerdo con el Govern apenas tuvo algún efecto sobre aquellos que en el PSOE e incluso dentro del Ejecutivo asisten con perplejidad a la gestión de las negociaciones y mucho menos sobre la derecha, PP, Ciudadanos y Vox, que este domingo se movilizará para señalar a Pedro Sánchez como un “traidor” a la unidad de España.