Mariano Rajoy sabe lo que es una campaña electoral dominada por la corrupción y por las noticias que llegan desde los tribunales. Lo sabe desde que en febrero de 2009, en plena campaña de las autonómicas gallegas y vascas, estalló el caso Gürtel. Desde entonces y hasta día de hoy, las citas ante las urnas a las que ha concurrido el Partido Popular han estado marcadas, con mayor o menor intensidad, por este escándalo de corrupción. A finales de 2014, la operación Púnica hizo temblar de nuevo los cimientos de las filas conservadoras, sobre todo en Madrid. Y ahora, a dos meses de las autonómicas y municipales, el partido cruza los dedos para que la segunda fase de las investigaciones que giran en torno a este caso no les pille en plena campaña. Madrid es uno de los feudos conservadores clave y el partido reconoce que se la juega. De momento, a Esperanza Aguirre, presidenta del PP de Madrid y candidata al Ayuntamiento, le espera una delicada agenda judicial en la recta final de los comicios. No sólo por la Púnica, sino también por el incidente de tráfico que protagonizó.
El mes de abril, a un mes de las elecciones –se celebran el 24 de mayo–, pasarán por los tribunales dos asuntos clave que afectan a Aguirre o a su entorno más próximo.
Este mismo viernes se supo que Isabel Gallego, jefa de comunicación de la campaña de Esperanza Aguirre, ha sido llamada a declarar en calidad de imputada en el marco de la operación Púnica. Gallego es, además, directora general de Medios de la Comunidad de Madrid desde 2003. Es decir, es una de las personas de máxima confianza tanto de Aguirre como de Ignacio González. La citación del juez Eloy Velasco, que instruye este caso que se ha llevado ya por delante a cuatro alcaldes del PP de Aguirre y al exsecretario general, Francisco Granados, se conoció horas después de que Gallego se personara en la Comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos (Madrid), también en calidad de "imputada", según fuentes del Instituto Armado, para responder de los contratos firmados por su departamento con la empresa de Alejandro de Pedro, considerado uno de los cabecillas de esta red corrupta. La periodista se acogió a su derecho a no declarar argumentando que lo iba a hacer en sede judicial puesto que ya había sido llamada por Velasco.
La firma de De Pedro, Estrategia de Identidad y Comunicación Online (Eico), prestó durante años a la Comunidad de Madrid servicios de seguimiento online de noticias relacionadas con la institución y de posicionamiento en redes sociales. Fuentes del Gobierno regional consultadas por infoLibre aseguran que todo el proceso fue "correcto" y que el contrato era de 1.500 euros al mes. Los investigadores quieren saber si se empleó dinero público para mejorar la reputación en internet de políticos del PP madrileño, entre otros del propio Ignacio González.
Al conocer las otras imputaciones de sus ya exalcaldes, la reacción de Aguirre fue apartarlos de sus cargos y del PP. En el caso de Gallego, la reacción ha sido la de anunciar que continuará como su mano derecha llevando la comunicación de la campaña. Fuentes del partido consultadas por este diario mantienen que la imputación de la directora general de Medios de la Comunidad de Madrid se entiende "en el marco de lo administrativo". Y que su caso no es "para nada extrapolable" al del resto de imputados. Además, ven "poco recorrido" al asunto que afecta a la jefa de Comunicación de campaña de Aguirre.
"Como no se puede ir a por el político, se va a la persona más alta en el escalafón a por la que se podía ir", señala un diputado regional del PP que ve "intereses electorales" a la hora de "despertar" la Operación Púnica.
La causa del incidente de tráfico, a nueve días de la campaña
También para el mes de abril, para el día 29, está previsto que la Audiencia Provincial de Madrid se pronuncie sobre los recursos contra el archivo judicial del incidente de tráfico protagonizado por la propia Aguirre en abril de 2014. En este momento quedarán nueve días para el inicio de la campaña.
Uno de los recursos fue presentado por la Fiscalía; el otro, por los agentes de Movilidad que denunciaron a Aguirre después de que esta se marchara del lugar en el que le estaban tomado los datos después de haber invadido el carril bus en pleno centro de Madrid. Una operación en la que derribó la moto de uno de los agentes.
La Fiscalía demanda en su recurso que se devuelvan las diligencias para que sean tramitadas como un juicio de faltas. Esta era la tesis del juez Carlos Valle. En su resolución, el juez entendía que la solución no podía ser otra que el sobreseimiento de la causa dado que la denuncia inicial había sido "rebatida" por Esperanza Aguirre, "existiendo incluso más apoyos a su versión que a la de los agentes de movilidad denunciantes" además de "dudas serias acerca de la credibilidad" de estos, informa Europa Press.
Por su parte, la defensa de los agentes interpuso también un recurso de apelación ante la Audiencia de Madrid. En este se manifestaba su oposición a los argumentos del juez de que no había indicios de un posible delito de desobediencia.
La última de las diligencias realizadas en la instrucción de este caso fue un careo entre un par de policías nacionales y varios agentes de Movilidad ante las contradicciones existentes en sus declaraciones relativas al incidente de tráfico.
En su declaración, los policías manifestaron que los de Movilidad nunca les entregaron parte de lesiones, a pesar de que en su día su sindicado sí denunció que lo intentaron.
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"Seguirán en sus puestos"
En su primera rueda de prensa como candidata, celebrada la semana pasada en la sede regional del PP, la cabeza de lista al Ayuntamiento de Madrid por el PP mantuvo que los agentes de movilidad, si llega a la Alcaldía, "seguirán en sus puestos" y que "la inmensa mayoría, posiblemente todos, son gente estupenda".
Según añadió, las multas no tendrán "afán recaudatorio" y pasarían a llamarse "agentes de circulación" dejando la nomenclatura actual, "tan rimbombante".
Mariano Rajoy sabe lo que es una campaña electoral dominada por la corrupción y por las noticias que llegan desde los tribunales. Lo sabe desde que en febrero de 2009, en plena campaña de las autonómicas gallegas y vascas, estalló el caso Gürtel. Desde entonces y hasta día de hoy, las citas ante las urnas a las que ha concurrido el Partido Popular han estado marcadas, con mayor o menor intensidad, por este escándalo de corrupción. A finales de 2014, la operación Púnica hizo temblar de nuevo los cimientos de las filas conservadoras, sobre todo en Madrid. Y ahora, a dos meses de las autonómicas y municipales, el partido cruza los dedos para que la segunda fase de las investigaciones que giran en torno a este caso no les pille en plena campaña. Madrid es uno de los feudos conservadores clave y el partido reconoce que se la juega. De momento, a Esperanza Aguirre, presidenta del PP de Madrid y candidata al Ayuntamiento, le espera una delicada agenda judicial en la recta final de los comicios. No sólo por la Púnica, sino también por el incidente de tráfico que protagonizó.