El juicio con el que, según el president de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont, comienza la “cuenta atrás” para la celebración de un referéndum en Cataluña ha arrancado este lunes y durará toda la semana. El expresident Artur Mas y sus exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau se han sentado este 6 de febrero en el banquillo de los acusados y han tenido que dar explicaciones al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) acerca de la consulta popular sobre la independencia celebrada el 9 de noviembre del 2014 (9N).
Los tres están acusados de delitos de desobediencia grave y de prevaricación, y se enfrentan a penas de nueve años y seis meses de inhabilitación del cargo público (en el caso de Artur Mas) y de ocho años y siete meses (Joana Ortega e Irene Rigau). La Fiscalía también les reclama sanciones de 30.000 euros y 36.000 euros respectivamente. A su llegada a los juzgados, los acusados estuvieron arropados por decenas de miles de catalanes que fueron movilizados desde las bases secesionistas bajo el lema “El 6-F somos todos”. Estas son las principales líneas de la defensa de Mas, Ortega y Rigau desveladas en las respuestas a sus abogados:
1. Sustitución de la consulta por un proceso participativo
Artur Mas, que fue president de la Generalitat de Cataluña desde diciembre del 2010 a enero del 2016, comenzó el juicio asumiendo la responsabilidad “de todo” el proceso participativo sobre la independencia del 9N.
Durante un interrogatorio en el que se ha negado a contestar a la Fiscalía y a la acusación popular (al igual que Ortega y Rigau), Mas ha afirmado a preguntas de su abogado que es “el máximo responsable de la idea del proceso de participación” y de cambiar una consulta sobre la independencia suspendida por el TC por un proceso participativo en el que votaron 2.340.000 millones de personas, el 33% del censo previsto.
Este proceso participativo también fue suspendido, pero en este caso el Govern no lo desconvocó y lo dejó supuestamente en manos de voluntarios (participaron 42.000, frente a los 20.000 que la Generalitat dijo inicialmente que se necesitaban).
Mas argumentó que, después de que el TC suspendiera el 29 de septiembre varios preceptos de la Ley autonómica de consultas y la convocatoria de la consulta popular, hubo un cambio de formato en el que la administración “ya no tenía capacidad por ella misma de llevar a cabo el proceso participativo”. Fue en este punto donde destacó el papel jugado por los voluntarios. Según ha dicho, querían hacer “algo serio y que se entendiera en todo el mundo”, y que, ante un proceso de alta complejidad organizativa y logística, o se apuntaba mucha gente o no se hubiera podido hacer.
El expresident catalán ha insistido en que la iniciativa de impulsar el 9N tenía “unas raíces profundas claras, y estrictamente democráticas”, y ha hecho un repaso a los acontecimientos políticos desde que avanzó las elecciones en noviembre de 2012 y que se tradujeron en dos tercios de los diputados del Parlament partidarios del derecho a decidir.
2. Sin respuesta del TC
Según Artur Mas, el Govern quería “canalizar bien desde el punto de vista institucional un clamor popular” y ha añadido que después de la primera suspensión del TC los dejaron solos, sin mencionar explícitamente a qué formación se refería.
Ante la suspensión del TC, Mas ha explicado que tuvo que contraponer “dos deberes”. Por un lado, escuchar la petición de la ciudadanía y de un proceso que estaba en marcha. Por el otro, atender una resolución del TC.
“Entendí que, ante la imposibilidad de suspender, de la indefinición de la suspensión del TC y ante lo que pasaba en el país, mi deber era que esa jornada se pudiera celebrar en condiciones de normalidad democrática”, ha subrayado.
También en este punto se posicionó la exconsellera de Enseñanza de la Generalitat Irene Rigau, quien ha asegurado que en ningún momento tuvo “conciencia de desobedecer al TC” con la continuación del proceso participativo, especialmente después de que el Govern presentara un recurso de súplica y una solicitud de aclarar información sobre la suspensión, lo que a su entender afectaba a aplicar la resolución.
Rigau ha asegurado que en ningún momento recibió requerimiento alguno del TC que le advirtiera de las consecuencias si se abrían los colegios.
Ha dicho que el 8 de noviembre a las 23.43 recibió un correo de la Fiscalía en el buzón corporativo de la Conselleria en el que le preguntaban si había dictado alguna instrucción por escrito, pero que en ningún caso se le hacía ningún requerimiento sobre la resolución del TC: “Era solo petición de información”.
3. El TC no actuó para frenar la consulta
Sobre si supo de las denuncias presentadas el día de la consulta en los juzgados de guardia, Mas ha declarado que, al ver cómo se desarrollaba el proceso participativo, se dieron cuenta de que actuaban “correctamente”. “El TC en ningún momento hizo nada para hacer cumplir la notificación”, afirmó.
El expresident también ha insistido en que la Fiscalía de guardia no actuó para frenar la consulta ni hizo ninguna actuación: “Ninguna actuación quiere decir ninguna”.
Mas ha puntualizado que desde un principio se dijo que la consulta no iba a ser vinculante ni tener consecuencias jurídicas, por lo que después se convocaron unas elecciones autonómicas (el 27 de septiembre del 2015) para saber la posición de los catalanes, lo que supuso en el Parlament “una mayoría a favor de la independencia de Catalunya”.
Respecto a las valoraciones de la consulta, ha resaltado que la junta de fiscales de Catalunya consideró que no había indicios de delito y que el presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, declaró públicamente el 8 de noviembre que lo que se iba a celebrar al día siguiente no era un referéndum ni nada que se le pareciese y no tenía ningún efecto.
Por eso, el abogado de Mas insistió en pedir que Rajoy y el ministro de Justicia declaren en este juicio y que se sume a la causa este informe de los fiscales catalanes, pero el tribunal ha rechazado esta pretensión después de oponerse también la Fiscalía.
4. La consulta fue llevada a cabo por voluntarios
Una de las líneas más defendidas por los tres acusados es que el proceso participativo del 9N fue llevado a cabo por voluntarios y no por funcionarios de la Generalitat. Irene Rigau ha negado que desde su departamento se coaccionara a directores de instituto para colaborar con la consulta y abrir los centros educativos: “Hubiera sido una contradicción. De ninguna manera”.
Rigau ha subrayado que Catalunya tiene una gran tradición de voluntarios y que “son muchas las cosas que se hacen en Catalunya a través del voluntariado, y se hacen muy bien”, en referencia a los que se encargaron de impulsar el proceso participativo.
“Ellos [los voluntarios] fueron el alma y quienes lo hicieron posible”, ha asegurado por su parte la exvicepresidenta del Govern Joana Ortega, quien ha defendido que, cuando el TC suspendió la consulta sobre la independencia, su departamento había acabado su trabajo y se dejó en manos de los voluntarios.
A preguntas de su abogado, ha dicho que “ya estaba todo listo” cuando llegó la suspensión el 4 de noviembre del 2014, cinco días antes de las votaciones.
La Fiscalía, en cambio, no se cree que el Govern se hubiese apartado de la organización de la consulta, sino que considera que únicamente disimuló que se dejaba en manos de los ciudadanos, y por eso la acusa de delitos de desobediencia y prevaricación como colaboradora de Artur Mas.
Ortega ha reconocido ser la máxima responsable del diseño del dispositivo del 9N y su coordinación, y ha defendido que no podían paralizar la consulta porque hubiera sido temerario ya que “podía tener consecuencias no deseables”, aunque no ha especificado cuáles.
Por eso dejaron la organización en manos de los 42.000 voluntarios, según ella, y ha insistido en que “ningún funcionario” participó en organizar las votaciones en las mesas electorales ni tampoco en gestionar la página web del proceso participativo.
También el recuento y volcado de los resultados fue obra de los voluntarios: “No hubo ningún funcionario que estuviese implicado en la ejecución del 9N”. De hecho, continuó la exconsejera, “se colgaron los resultados, y también lo hicieron voluntarios, como un acto de información del desarrollo de la jornada”.
Joana Ortega justificó así que desde el Gobierno de la Generalitat se actualizara con los resultados de la consulta la web del 9N. A su entender, “es obligación del Goevrn poder informar de una manera clara de un hecho importante para la ciudadanía”.
5. No se utilizaron datos del censo
Paralelamente, Joana Ortega negó haber usado en la consulta datos protegidos del censo electoral.
Según explicó Ortega al tribunal, “la fundamentación legal” de la consulta que se convocó “era diferente” a la que sustentaba la celebración de un referéndum. Tanto es así, que “el proceso participativo se apoyaba en una ley no suspendida”.
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La exconsejera, como Mas y Rigau, aseguró que no recibió “ningún requerimiento por parte del Tribunal Constitucional durante el proceso participativo, del 9 al 25 de noviembre”, ni tampoco se le remitió a “ningún miembro de mi departamento”. “Ni yo ni el Govern teníamos claro el alcance de la providencia del TC”, aseveró.
A partir del momento en que se reformuló la consulta, su organización quedó en manos de los voluntarios y en ningún momento se usaron los datos del censo, uno de los aspectos capitales de la celebración de la consulta.
“La gente se inscribía voluntariamente en un registro. No se utilizaron datos protegidos”, dijo Ortega, quien explicó que fueron voluntarios los que publicitaron la consulta, editaron las papeletas, organizaron los colegios electorales, cuidaron del desarrollo “pacífico y democrático” de la votación, constituyeron las mesas electorales y se encargaron, en suma, de todo el proceso.
El juicio con el que, según el president de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont, comienza la “cuenta atrás” para la celebración de un referéndum en Cataluña ha arrancado este lunes y durará toda la semana. El expresident Artur Mas y sus exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau se han sentado este 6 de febrero en el banquillo de los acusados y han tenido que dar explicaciones al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) acerca de la consulta popular sobre la independencia celebrada el 9 de noviembre del 2014 (9N).