El pulso entre el Govern catalán y el Estado español en torno al referéndum de autodeterminación del 1 de octubre pone a los cargos políticos municipales y a los funcionarios catalanes ante el dilema de decidir cómo actuar.
“Quiero decir a los ciudadanos de Cataluña y a los funcionarios que estén tranquilos: nadie les puede obligar a hacer nada ilegal, la ley les obliga pero también les protege y les defenderá ante cualquier arbitrariedad”, subrayó el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en una intervención ante la prensa en La Moncloa.
¿Los cargos municipales y los funcionarios que contribuyan, por acción o por omisión, a la realización de un acto (el referéndum del 1 de octubre) que la Justicia considera ilegal se arriesgan a ser castigados? ¿Y los ciudadanos? ¿Las personas que acepten formar parte de las mesas de votación pueden ser sancionadas por contribuir a la reacción de un acto contrario a la ley?
Los juristas y expertos en derecho penal consultados por infoLibre están básicamente de acuerdo en que los que corren un riesgo son los funcionarios y los cargos públicos que colaboren con el referéndum, porque están obligados expresamente por las resoluciones del Constitucional. De hecho, el Gobierno ha remitido una carta a los secretarios e interventores de los ayuntamientos catalanes para que desobedezcan la orden de la Generalitat de ceder para el referéndum los locales que habitualmente se utilizan como puntos de votación.
La Justicia, recuerda el Ejecutivo de Rajoy, ha prohibido “expresamente la continuación del denominado proceso constituyente en Cataluña y de cualquier acto preparatorio de dicho referéndum”.
Un plazo de 48 horas
Las instrucciones de la Generalitat dan 48 horas a los ayuntamientos para confirmar que acatan sus instrucciones o bien hacer alegaciones.
El sindicato CSIF ha anunciado su intención de reunirse con agentes de las fuerzas de seguridad —mossos, policías y guardias civiles— para explicarles las necesidad de evitar dar cumplimiento a órdenes ilegales. La misma central tiene intención de repartir folletos entre los demás funcionarios con idéntico objetivo.
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En las últimas horas han comenzado los pronunciamientos en relación con la actuación de los funcionarios. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha preguntado al secretario del ayuntamiento si puede ceder locales para el referéndum. Su homólogo del Ayuntamiento de Castell-Platja d’Aro (Girona), Tomàs Soler, ya ha alertado en un informe a los responsables de su consistorio de que es “ilegal” colaborar con el referéndum. Otros, como la alcaldesa de Badalona, Dolors Sabater (Guanyem Badalona en Comú), ya ha puesto los colegios del municipio a disposición del Govern.
¿Y qué pasa con los ciudadanos a los que la Generalitat cite obligatoriamente para formar parte de las mesas electorales y llevar a cabo el escrutinio?
A falta de precedentes que orienten acerca de lo que pueda suceder, todos los expertos consultados por infoLibre se inclinan por asegurar que no serán sancionados, aunque varios de ellos admiten que caben interpretaciones divergentes. Lo creen porque los ciudadanos privados no tienen la condición de autoridad pública y, sobre todo, más allá de las consecuencias políticas de semejante actuación, porque sería muy complicado actuar judicialmente contra miles de personas por el mero hecho de acudir a una mesa y contribuir a que se pueda votar el 1 de octubre. Otra cosa muy distinta, señalan las mismas fuentes, es la responsabilidad en la que puedan incurrir funcionarios y cargos públicos que permitan o faciliten el referéndum.
El pulso entre el Govern catalán y el Estado español en torno al referéndum de autodeterminación del 1 de octubre pone a los cargos políticos municipales y a los funcionarios catalanes ante el dilema de decidir cómo actuar.