La oposición en la Comunidad de Madrid sigue presionando para conocer posibles irregularidades en el Canal de Isabel II. Este jueves, la Asamblea de Madrid se reunirá en sesión plenaria y en ella se interpelará al Gobierno por los negocios de la empresa en Latinoamérica, puestos en cuestión al revelarse que el Canal pagó en 2013 alrededor de 21 millones de euros por una empresa brasileña que, al cabo de un año, valía cuatro veces menos. En aquel entonces, al frente de la compañía pública estaba el exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, hoy imputado en el marco de la operación Púnica, y el presidente autonómico era Ignacio González.
Hace unos días, Eduardo Gutiérrez, diputado de Podemos en la Asamblea de Madrid, denunciaba en la Comisión de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno de la Asamblea la compra en el año 2013 de la empresa brasileña Emissao Engenharia e Construçoes por parte del Canal de Isabel II. La adquisición, sin embargo, no la hizo el Canal directamente, sino que se produjo a través de una serie de entidades propiedad total o parcialmente de la compañía pública.
Así, Canal Extensia –una compañía participada al 100% por el Canal que se encarga de "la gestión de sociedades participadas"– constituyó en 2013 la empresa Soluciones Andinas de Agua junto a Inassa, una sociedad participada en un 81%, a su vez, por Canal Extensia. Fue Soluciones Andinas quien, en noviembre de ese mismo año, adquirió el 75% de Emissao Engenharia e Construçoes, por un total de 21,6 millones de euros, tal y como figura en la memoria de 2014 de Canal Extensia, que también revela que esa sociedad dependiente del canal prestó a Soluciones Andinas e Inassa dos créditos por un valor total de más de 22 millones de euros para acometer esta compra.
El problema es que, pese a que la compra de Emissao Engenharia e Construçoes –que, en última instancia, se pagó con dinero público– se efectuó por más de 21 millones de euros, la memoria de 2014 de Canal Extensia revela que la empresa tenía un patrimonio neto de tan sólo 10,2 millones a finales de 2013, y su valor había descendido hasta los 5,1 millones de euros en diciembre de 2014. Ese será uno de los temas a tratar este jueves en la Asamblea de Madrid a raíz de la interpelación que ha registrado la diputada socialista Mercedes Gallizo, que quiere conocer la "política general del Consejo de Gobierno en relación con la presencia de Canal de Isabel II en América". Gutiérrez aprovechará su intervención posterior para preguntar al Gobierno sobre el tema.
Richmond será destituida
El Gobierno de Ignacio González pagó sin tasación externa 21,5 millones por una empresa que al mes quedó valorada en 10
La sospechosa operación tendrá, en todo caso, sus repercusiones en la cúpula del Canal de Isabel II. Fuentes de la empresa pública aseguraron a infoLibre que María Fernanda Richmond, directora financiera y de desarrollo de negocio de la compañía y responsable última del Área de Consolidación y Participadas –la que se ocupa de las empresas del Canal en América–, ha sido destituida de su cargo este mismo miércoles, pocos días después de regresar de un viaje profesional en el que, entre otros países, visitó Brasil. Oficialmente, el Canal niega que Richmond haya sido cesada, aunque extraoficialmente fuentes de la empresa admiten que "los plazos para sustituirla son cortos".
Las posibles irregularidades en la compra de esta empresa ya han saltado en la Asamblea de Madrid y la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes –que en 2013 era vocal del Consejo de Administración del Canal en representación de la Administración–, se ha comprometido a llevar ante la Fiscalía la documentación de la que dispone. Según adelantó el diario El Confidencial, una investigación interna llevada a cabo por parte del nuevo director gerente del Canal, Rafael Prieto, ha revelado que la adquisición se realizó a través de unos pagos que pasaron por bancos suizos.
Este no es el único escándalo que salpica al Canal de Isabel II en los últimos meses. Hace algo más de un mes, Cifuentes decidió destituir al hasta entonces presidente ejecutivo de Inassa, Edmundo Rodríguez Sobrino, cuyo nombre había aparecido en los papeles de Panamá como directivo de tres empresas radicadas en Hong Kong –considerado un paraíso fiscal hasta 2012– y creadas por el bufete Mossack Fonseca. Además, tal y como publicó infoLibre, el Canal tiene colocados en cargos de dirección a al menos seis personas del círculo más estrecho de Aguirre y González, entre ellos María Fernanda Richmond, que además de directora financiera es esposa del consejero delegado de Indra, Javier de Andrés, imputado en la trama Púnica y amigo íntimo, a su vez, del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.
La oposición en la Comunidad de Madrid sigue presionando para conocer posibles irregularidades en el Canal de Isabel II. Este jueves, la Asamblea de Madrid se reunirá en sesión plenaria y en ella se interpelará al Gobierno por los negocios de la empresa en Latinoamérica, puestos en cuestión al revelarse que el Canal pagó en 2013 alrededor de 21 millones de euros por una empresa brasileña que, al cabo de un año, valía cuatro veces menos. En aquel entonces, al frente de la compañía pública estaba el exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, hoy imputado en el marco de la operación Púnica, y el presidente autonómico era Ignacio González.