Las asociaciones Jueces para la Democracia, Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia (Sisej), Unión Progresista de Fiscales (UPF) y Unión Progresista de Secretarios Judiciales (UPSJ) exigen al Gobierno en funciones que "explique, cuantifique y dé suficientes justificaciones" al destino de 306.091.358,50 euros que el Estado recaudó, solo en el primer año de vigencia, con las tasas judiciales, declaradas nulas por el Tribunal Constitucional el pasado viernes.
En un comunicado conjunto, las organizaciones señalan que el Estado ingresó ese dinero "pese a no ser la única administración pública implicada en la prestación del servicio público de la justicia" y recuerdan que el exministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, se comprometió a mejorar la asistencia jurídica gratuita con el dinero recaudado de las tasas.
La nota argumenta que la declaración de inconstitucionalidad "tiene efectos limitados" porque "no tiene efectos pro futuro", por lo que no obliga al Gobierno a devolver las cantidades recaudadas. "(La sentencia) no palía los perniciosos efectos causados a los justiciables durante estos años. Éstos o bien no han podido ejercitar sus derechos o han tenido que hacer un considerable esfuerzo", consideran los juristas, que opinan que el sistema de garantías constitucionales "queda dañado en su contenido" por la decisión del tribunal.
El Tribunal Constitucional decidió el pasado viernes por unanimidad estimar parcialmente el recurso presentado por el PSOE y anular las tasas judiciales impuestas a las personas jurídicas y aprobadas por el Gobierno del PP en 2012. El ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, eliminó mediante decreto las tasas para personas físicas, tras una modificación en la que se rebajaban ciertas cuantías y se exoneraba de pago a ciertos trámites como los divorcios de mutuo acuerdo.
El Gobierno entregó a Hacienda los 500 millones de las tasas de Gallardón que prometió destinar a justicia gratuita
Tras esta derogación, el titular de la cartera de Justicia descartó que el Gobierno fuera a devolver el dinero recaudado por las tasas judiciales a personas físicas. "No entiendo cómo sería posible devolver algo que durante el tiempo que estuvo en vigor fue plenamente legal", dijo.
El Ministerio de Justicia no sabe dónde está el dinero
Jueces, fiscales y letrados cifran en 306 millones de euros el dinero recaudado por las tasas judiciales, pero inciden que es un dato relativo al primer año de vigencia del gravamen. En noviembre de 2014 el Gobierno estimó, en respuesta a una pregunta parlamentaria, en más de 512 millones de euros la recaudación. En otra respuesta de febrero de 2015, el Ministerio de Justicia reconoció que desconoce el destino de los ingresos, asegurando que "no dispone de información al respecto" y agregando que tampoco corresponde a la Agencia Tributaria determinar qué se hace con la recaudación de la tasa o informar sobre ello.
Las asociaciones Jueces para la Democracia, Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia (Sisej), Unión Progresista de Fiscales (UPF) y Unión Progresista de Secretarios Judiciales (UPSJ) exigen al Gobierno en funciones que "explique, cuantifique y dé suficientes justificaciones" al destino de 306.091.358,50 euros que el Estado recaudó, solo en el primer año de vigencia, con las tasas judiciales, declaradas nulas por el Tribunal Constitucional el pasado viernes.