La Unión Europea lleva años advirtiendo de que la "duración excesiva" de las causas por corrupción puede dificultar "el establecimiento de un historial sólido de sentencias firmes" alrededor de esta lacra. Y España, al igual que República Checa o Malta, tiene un problema con este asunto que es motivo de "preocupación" para Bruselas. En nuestro país, los tribunales suelen tardar años en resolver los grandes casos que afectan a políticos, cargos públicos o empresarios corruptos. Sólo hay que echar un vistazo a Gürtel o el caso ERE, que más de una década después aún siguen coleando a nivel judicial. Una lentitud que, en algunas ocasiones, se explica por la complejidad de las causas y, en otras, por la sobrecarga de trabajo y la falta de recursos en los juzgados.
Uno de los últimos casos cuya resolución se está dilatando en el tiempo tiene como protagonista principal a Carlos Fabra, quien fuera hombre fuerte del PP en Castellón. La causa, centrada en la supuesta ocultación de bienes por parte del expresidente de la Diputación castellonense para dificultar la ejecución de la sentencia por la que fue condenado hace una década, se inició en 2017. Y en la primavera de 2021, el juez instructor decidió procesar a Fabra. Dos años después, sin embargo, la vista oral contra el exdirigente conservador sigue sin celebrarse. El atasco judicial, según adelantó la Cadena Ser, ha dilatado un proceso que aún se encuentra pendiente de la resolución de diferentes recursos.
Otro de los casos que aún sigue vivo en los tribunales es Novo Carthago, que versa sobre las supuestas irregularidades cometidas en relación a un proyecto urbanístico consistente en levantar miles de viviendas, hoteles y hasta un campo de golf en terrenos protegidos junto al mar Menor. El juicio, por el que tendrán que sentarse en el banquillo de los acusados dos consejeros de la época del conservador Ramón Luis Valcárcel y varios ex altos cargos de urbanismo y medio ambiente, debería haber comenzado a finales del pasado mes de febrero. Pero la huelga de letrados tiró por tierra el calendario previsto y llevó a la Audiencia Provincial de Murcia a atrasar el inicio de la vista oral hasta finales de septiembre de 2025.
El retraso de casi dos años, según explicaron entonces fuentes jurídicas, venía "obligado" por "la sobrecarga en la agenda de señalamientos" de las secciones penales de la Audiencia, que llevan desde 2015 requiriendo de "importantes refuerzos" por parte del Tribunal Superior de Justicia de Murcia. Unos apoyos que, sin embargo, no han sido suficientes como para poder "absorber la carga de trabajo existente" en este órgano judicial. La Comisión Europea, de hecho, ya puso el acento en esta cuestión en su Informe sobre el Estado de Derecho en 2021: "Las autoridades judiciales señalan que la falta de recursos adecuados afecta a la celeridad de la investigación y el enjuiciamiento de los asuntos de corrupción".
El monstruo judicial de los ERE
El de los ERE es otro de los procedimientos por corrupción que perviven en los tribunales. Y, por el avance del mismo, parece que su conclusión definitiva puede demorarse bastante tiempo. En el Juzgado de Instrucción nº6 de Sevilla, el que se encarga de investigar un caso que estalló hace más de una década, aún había a finales de noviembre –últimos datos recopilados por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía– 93 piezas separadas de la macrocausa en trámite, de las cuales 67 se encontraban en fase de instrucción y 26 en fase intermedia tras haberse dictado autos de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado. Mientras, otros 46 procedimientos habían sido ya elevados a la Audiencia de Sevilla para ser enjuiciados.
De estos últimos, hasta el momento sólo ocho han sido juzgados. Destaca la pieza política, en la que han sido condenados, entre otros, los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Con sentencias se han saldado ya también las centradas en las ayudas de los ERE a Acyco, Novomag y diferentes empresas del sector del corcho, mientras que los procedimientos centrados en el apoyo económico de la Junta de Andalucía recibido por el fabricante de productos de panadería Picos Yeyé y la firma Gálvez Peluqueros se han saldado a través de acuerdos de conformidad. Con el juicio ya celebrado, pero a la espera del fallo, se encuentra la pieza relativa a Nerva Croissant. Y a punto de concluir está la vista oral centrada en Industrias Elizana.
Fuentes jurídicas consultadas por este diario explican que la lentitud a la hora de ir resolviendo el caso ERE se debe, fundamentalmente, al descomunal número de piezas –139 entre las que están en trámite y las que han sido elevadas para juicio a la Audiencia de Sevilla– y a la dificultad de enjuiciar varias al mismo tiempo, dado que en una parte importante de ellas coinciden tanto acusados como abogados. Un problema al que también se puede sumar, reconocen las fuentes consultadas, la "carga judicial" existente en el órgano encargado de enjuiciar los diferentes procedimientos.
De 'Púnica' a 'Lezo'
El quinto párrafo: a vueltas con los ERE
Con numerosas ramificaciones, más de una decena, cuenta también Púnica, que estalló después de que Suiza comunicase a las autoridades españolas de que en el marco de una operación sobre blanqueo de capitales se habían topado con los nombres del constructor David Marjaliza y del exconsejero madrileño Francisco Granados. Sin embargo, más de ocho años después del inicio de las pesquisas solo dos de estas piezas han sido enjuiciadas. La primera fue la del chivatazo a Granados, un asunto por el que el exdirigente conservador fue condenado a dos años de cárcel. La segunda, la llamada pieza leonesa, la que se centra en los trabajos de reputación online que se hicieron para dirigentes de la Diputación de León, un asunto que quedó visto para sentencia el pasado febrero.
Hay algunas otras derivadas listas ya para su enjuiciamiento. Es el caso de la rama murciana de Púnica, cuyo juicio está señalado para la primavera de 2024. Y con autos de apertura de juicio oral se encuentran también las relativas a la contratación de la empresa de eventos musicales Waiter Music o de la multinacional francesa Cofely. El magistrado instructor, además, ya ha concluido la investigación de la pieza sobre la supuesta caja B del PP madrileño o la de los contratos de varios consistorios –Valdemoro, Torrejón de Velasco y Serranillos del Valle– a empresas de la trama. Fuentes jurídicas vinculadas a este caso, sin embargo, no creen que todos estos asuntos vayan a poder enjuiciarse en un corto espacio de tiempo: "No hay salas para celebrar [los juicios]".
Púnica no es el único caso de corrupción que se ha ido eternizando en los tribunales. Otro de ellos es Gürtel, del que aún quedan por celebrarse los juicios relativos a las adjudicaciones irregulares de la trama en la localidad madrileña de Arganda del Rey –cuyo inicio está fijado para junio de 2024– o la pieza principal. O Lezo, el caso que estalló en 2017 del que aún no se ha celebrado ningún juicio –el primero ha tenido que ser suspendido debido a la huelga de funcionarios de justicia–. Y también se está alargando Kitchen, la pieza del caso Villarejo centrada en la operación parapolicial contra del extesorero del PP Luis Bárcenas. Hace dos años, el magistrado instructor dictó auto de procesamiento. Pero aún no se ha dictado apertura de juicio oral.
La Unión Europea lleva años advirtiendo de que la "duración excesiva" de las causas por corrupción puede dificultar "el establecimiento de un historial sólido de sentencias firmes" alrededor de esta lacra. Y España, al igual que República Checa o Malta, tiene un problema con este asunto que es motivo de "preocupación" para Bruselas. En nuestro país, los tribunales suelen tardar años en resolver los grandes casos que afectan a políticos, cargos públicos o empresarios corruptos. Sólo hay que echar un vistazo a Gürtel o el caso ERE, que más de una década después aún siguen coleando a nivel judicial. Una lentitud que, en algunas ocasiones, se explica por la complejidad de las causas y, en otras, por la sobrecarga de trabajo y la falta de recursos en los juzgados.