Las "autoridades independientes" para gestionar fondos europeos que Casado pide copiar en realidad no existen

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Fernando Varela

Pablo Casado insiste en que España sigue un camino diferente al resto de los países de nuestro entorno. Y que lo que necesita nuestro país es gestionar los fondos europeos de reconstrucción mediante una autoridad independiente. Es algo que viene reclamando desde que el pasado mes de septiembre se entrevistó con Pedro Sánchez. Y una demanda a la que después se sumaron Vox y Ciudadanos, partidos que, como el PP, aseguran que hacer depender los fondos directamente del Gobierno es una puerta abierta "al clientelismo y la corrupción".

Aquel día, en una rueda de prensa en la Moncloa, Casado aseguró haber propuesto a Sánchez la creación de un órgano independiente para gestionar las ayudas de reconstrucción europea que denominó Agencia Nacional para la Recuperación Económica de España y cuyo objetivo, precisó, era evitar que el Gobierno hiciese un uso “clientelista” y “peronista” del dinero europeo.

Es un argumento que el líder del PP repite con frecuencia. En plena campaña electoral catalana, Casado aprovechó una entrevista en la Cadena SER este lunes para insistir en la misma idea. “Yo lo que he ofrecido [a Pedro Sánchez] es pactar una autoridad independiente. Como ha hecho Grecia, con un premio Nobel al frente; Italia, con un empresario al frente; Francia, con un líder de la oposición al frente. ¿Qué ha dicho Sánchez? Nada”.

El relato de Casado sostiene que la norma es que los países de la UE utilicen organismos independientes para gestionar el fondo de reconstrucción Next Generation, aprobado a finales de mayo por el Consejo Europeo para ayudar a los países que más sufrieron las consecuencias económicas de la primera ola de la covid-19. Y siempre cita esos tres ejemplos: Grecia, Italia y Francia. Y a las personas elegidas para, según él, gestionar las ayudas directas y los préstamos acordados en Bruselas.

Las personas a las que alude Casado existen y en su día recibieron el encargo de ponerse al frente de comisiones o comités de expertos para dibujar prioridades económicas y sociales en sus respectivos países. Pero ninguno de ellos ni los grupos que encabezan tienen responsabilidad alguna sobre la gestión del dinero, cuya ejecución —incluida la tarea de decidir qué proyectos se benefician de ellos— sigue en manos de los gobiernos de esos tres países.

El primer ejemplo que menciona siempre el líder del PP es el de Grecia y el premio Nobel al que cita es el economista grecochipriota Cristóbal Pissarides que, efectivamente, en el año 2010 recibió, junto a Peter Diamond y Dale Mortensen, el Nobel de Economía por sus contribuciones a las teorías de búsqueda de fricciones y macroeconomía. En concreto, Pissarides fue premiado por sus aportaciones al estudio del mercado de trabajo.

Pero ni Pissarides, profesor de la London School of Economics (LSE) ni el comité de expertos que encabezó tienen responsabilidad alguna en la gestión de los fondos ni deciden nada en relación con los proyectos que se van a llevar a cabo en el país gracias a los fondos de a Unión. Los otros tres miembros del comité fueron los profesores Costas Meghir (Yale), Dimitri Vayanos (LSE) y Nikos Vettas (Universidad de Economía y Empresa de Atenas).

El informe de la llamada Comisión Pissarides, que incluye propuestas a diez años vista, fue encargado un año antes —cuando no había ni siquiera noticias de la pandemia ni mucho menos de la disponibilidad de fondos europeos— y llegó en noviembre a manos del primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis, como paso previo a la apertura de un debate político.

En el documento se analizan las principales características y tendencias de la economía griega, las tendencias mundiales y europeas que afectarán a su curso futuro, así como la dirección general en la que debería moverse la política económica en el futuro. El informe se centra en las reformas políticas para una recuperación sostenible de la economía griega que, según sus autores, deberían llevarse a cabo, y ha recibido inmediatamente el rechazo de los partidos de la oposición representados en el Parlamento Helénico.

El empresario italiano al que se refiere Casado cuando defiende el modelo de gestión de fondos a través de una autoridad independiente es Vittorio Colao, ex director ejecutivo de Vodafone en el país transalpino.

Colao, de 59 años, recibió del Gobierno italiano, presidido por Giuseppe Conte, el encargo de redactar con ayuda de un comité de expertos una propuesta para reactivar la economía, convertir la crisis en una oportunidad y, en general, hacer de Italia un país más moderno.

El Plan Colao, como lo denominan en Italia, que incluía, cuando fue presentado, consejos sobre un amplio abanico de temas, desapareció en junio de la lista de prioridades del primer ministro. “Ya tenemos una base de trabajo técnico, de la comisión Colao, que entregará su trabajo en estos días. No habrá ningún documento de Colao detrás del plan de relanzamiento”, zanjó Conte.

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Tres meses después, en una entrevista concedida al diario Il Foglio, el exdirectivo de Vodafone reconoció que más allá de “las llamadas telefónicas con varios ministros, de las charlas informales”, no hubo “ningún seguimiento oficial entre nuestra comisión y el Gobierno” italiano.

La distancia que Conte ha puesto con Colao guarda relación, según algunos medios, con el peso político que la figura del empresario ha ganado en Italia y que ha extendido las cábalas sobre sus posibilidades como futuro primer ministro, especialmente después de la crisis abierta en el gabinete del actual inquilino del Palazzo Chigi.

En Italia el Gobierno ha creado una comisión interministerial, con representación de la administración local, que es la que recibe los proyectos que optan a financiación.

El tercer ejemplo que pone siempre Casado es el de Francia, donde asegura que Macron optó por dejar los fondos en manos de un “líder de la oposición”. El líder del que habla es en realidad François Bayrou, un político francés democristiano de 69 años con una larga trayectoria por diferentes formaciones.

El presidente de Francia recuperó su nombre, al hilo de la pandemia, para nombrarle alto comisario del Plan Quinquenal, un ente para la reconstrucción de Francia creado en 1946 por el presidente De Gaulle tras la Segunda Guerra Mundial y que ha sobrevivido hasta hoy bajo diferentes denominaciones.

¿Y de qué se ocupa ese alto comisariado?. Según el propio Bayrou, “gobernar es prever. La pandemia ha demostrado que la reflexión a largo plazo había sido barrida por la dictadura de la urgencia, del corto plazo, de lo sensacional, del escándalo, del tsunami de reacciones pasionales de las redes sociales. El presidente quiere recuperar la reflexión a largo plazo”, declaró en su día al diario francés Journal du Dimanche.

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Nada que ver, en cualquier caso, con la comisión de expertos económicos que Macron nombre para asesorarle en la materia y de la que forman parte, entre otros, Jean Tirole, Nobel de Economía en 2014, y Olivier Blanchard, ex economista jefe del Fondo Monetario Internacional. Su objeto de atención: “los grandes desafíos económicos”.

El modelo de gestión que se va a aplicar en Francia fue diseñado por ocho ministerios que son además los que en última instancia, capitaneados por Macron en persona, decidirán qué proyectos se financiarán. El comité de seguimiento encargado de vigilar el cumplimiento de la ejecución de los proyectos y del calendario previsto estará presidido por el primer ministro.

Ni Pissarides ni Colao ni Bayrou, a los que Casado pone como ejemplo de control independiente a seguir, tienen responsabilidad alguna en la gestión de los fondos europeos de reconstrucción Next Generation aprobados por Bruselas.

Pablo Casado insiste en que España sigue un camino diferente al resto de los países de nuestro entorno. Y que lo que necesita nuestro país es gestionar los fondos europeos de reconstrucción mediante una autoridad independiente. Es algo que viene reclamando desde que el pasado mes de septiembre se entrevistó con Pedro Sánchez. Y una demanda a la que después se sumaron Vox y Ciudadanos, partidos que, como el PP, aseguran que hacer depender los fondos directamente del Gobierno es una puerta abierta "al clientelismo y la corrupción".

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